¿TENEMOS UN PROBLEMA?

Angel Sánchez
Opinión sobre: ¿TENEMOS UN PROBLEMA?

La memoria corta parece ser un mal endémico de la política patria. Una muestra de ello es la exigencia de control que el actual portavoz del pp en el Ayuntamiento de El Campello plantea al gobierno de coalición sobre el complemento de productividad. El portavoz del pp no recuerda que, siendo el Concejal de personal y Alcalde Juan Ramón Varó ( año 2007) se reconocen 17 jefaturas de servicio mediante un decreto que al mismo tiempo asigna a esos «puestos» una productividad fija de 600 euros al mes. El Concejal y el Alcalde vulneraron o ignoraron tanto la obligatoriedad de que los puestos figurasen en la plantilla municipal como lo dispuesto en el acceso a los mismos, por no hablar de asignar, a través de un decreto, un complemento fijo y periódico de forma colectiva. El actual concejal del pp debe conocer que los puestos siguen sin existir, aunque la productividad asociada a ellos sigue abonándose. Y no solo eso: el abono de esa productividad abrió una especie de «caja de los truenos» donde se multiplicaron las peticiones por «mayores funciones» (definición que no existe como argumento para el reconocimiento de mayores retribuciones, estableciéndo la norma que éstas mayores funciones deben abordarse en una reclasificación y por ende en una RPT) , que fueron atendidas igualmente a través de decretos mensuales, todos ellos informados desfavorablemente por intervención.

Tenemos pues un escenario complejo, donde la «desnaturalización» ( como afirma el departamento de intervención en el informe emitido sobre la propuesta rechazada por el Pleno de Reglamento de Productividad) de un complemento variable asociado al «mayor interés, dedicación, etc » en el puesto de trabajo se convierte en un complemento fijo «de facto», incrementándose exponencialmente en el tiempo y que nos ha llevado a una situación donde todos; los que impulsaron la situación desde una más que manifiesta irresponsabilidad (el pp) hasta los que hoy tienen que lidiar con sus efectos presupuestarios y laborales ( el gobierno de coalición) se encomiendan a ese instrumento al que fían la solución de los males creados e incrementados por ellos mismos: una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Pero hay condicionantes que deberían ser tenidos en cuenta.

En el año 2000 la Subdelegación del Gobierno impugnó la RPT por vulnerar la misma los límites del Complemento específico. La intervención municipal, en los informes correspondientes a los Presupuestos municipales ( el último en 2014), incide en ésta cuestión, señalando un pequeño detalle que los anteriores y actuales inquilinos del gobierno municipal parecen o quieren obviar: el Complemento de Destino sigue por encima de los que la ley establece, entonces ¿ con qué objetivo se afronta la RPT?, ¿con el objetivo de «consolidar» los complementos de productividad en un complemento específico que sigue estando por encima de lo que la ley establece?, ¿creando los puestos necesarios para regularizar una irregular situación creada en 2007 al vulnerar las leyes y normas pese a las limitaciones legales existentes para crear puestos y plazas?, ¿ cómo regularizar las «mayores funciones» sin vulnerar las normas?. Una pregunta que a la que deberían buscar una respuesta antes de lanzarse a asumir compromisos, por así decirlo, «poco posibles».

La administración, como institución que tiene la obligación de cumplir escrupulosamente las leyes cargándose así de la legitimidad necesaria para exigir a la ciudadanía su mismo cumplimiento, tiene un problema. Todo el esfuerzo realizado en la década de finales de los ochenta y principio de los noventa para modernizar y adecuar una administración discrecional, con pocos medios, pocos profesionales y normas anticuadas, se ha pervertido en una actitud de poner la administración al servicio de una especie de «superestructura» (a la que la política parece que se resigna o se acomoda) y no de la ciudadanía. Esa especie de endogamia, en la que parecen moverse cómodamente tanto los anteriores gobernantes como los actuales, es un problema estructural que provocará, por si misma, un mayor problema de legitimidad añadido a los efectos económicos que irán surgiendo ( reclamaciones patrimoniales por la anulación del PGOU, contratos verbales de 200.000 euros, parking de Els Furs, parque central, etc). Y todo esto incide e incidirá en las políticas públicas que puedan plantearse, condicionando recursos y supeditándolas a una administración jerarquizada y ensimismada en su propia vida interior sin atender con la eficacia necesaria a los problemas que la sociedad pueda plantear y, lo que es más grave en mi opinión, a las que los partidos políticos puedan proponer.

Para finalizar, simplemente una consideración. Es necesario avanzar en la solución, pero de buscando una formula posible y sin olvidar que la administración no está al margen de la sociedad, sino que la sirve.

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About: Juan Guill

Fundador y administrador de Radio El Campello.

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