Esquerra Unida es vetada en diversos órganos autónomos de la Diputación que gestionan cerca de 50 millones de euros de recursos públicos

La diputada Raquel Pérez denuncia que el PP quiere continuar gestionando la Diputación como si tuviera mayoría absoluta y practicando la opacidad y la falta de transparencia. Indica también que “Ciudadanos hace un guiño al PSOE por lo que pueda pasar en las próximas elecciones generales”.

IMG_0172Esta mañana se debate en la Diputación la composición de los miembros en los diferentes consejos de administración de los organismos autónomos. La diputada de izquierdas, Raquel Pérez, denuncia que “la propuesta que hace el PP no obedece a la composición democrática de la corporación provincial, no guarda la proporcionalidad de la misma. EU solo estará representada en Proaguas, Red Natura y la Caja de Crédito, cuando la lógica indica que todos los grupos tendrían que estar representados para facilitar el trabajo político”. Recordar que el resto de órganos son el ADDA, SUMA, GEONET, MARQ, Patronato Provincial de Turismo, Instituto de la familia Pedro Herrero y el Instituto Juan Gil Albert. Curiosamente en este último no aparece ningún miembro de la oposición, decimos mal, si está Ciudadanos. Raquel Pérez se pregunta “Por qué Ciudadanos está en todos los organismos y a nosotros se nos excluye cuando tenemos el mismo número de diputados? Por qué el PP tiene miedo a que la voz de la izquierda y de la unidad popular participe en estos foros?”.

También cabe resaltar la decisión del PP de designar a dedo, al más estilo feudal, los cargos de gerencias y dirección de algunos de dichos organismos. La diputada considera que “no tiene ningún sentido vender que creen en la democracia y luego deciden cargos de forma unipersonal escapando al debate de los plenos de la Diputación, máximo órgano de decisión. De esta forma el PP designa y controla todo lo que se cuece en esta casa”.

Y para terminar la dosis de autoritarismo de los gestores de la Diputación se atribuyen todas las presidencias de las comisiones informativas. Las vicepresidencias, primero a propuesta del PSOE, y ahora, sorprendentemente, a petición del diputado de Ciudadanos, se plantean que todas sean para el segundo partido más representado. Tan solo cambian la vicepresidencia de la comisión de Infraestructuras, modernización y buen gobierno, primero aparecía Agustín Navarro y ahora proponen a Carlos Giménez. “Estamos delante un despropósito más del funcionamiento de esta casa, no han entendido los partidos mayoritarios que hay otras fuerzas presentes y seria lógico que se repartieran estas entre toda la oposición para facilitar el trabajo de fiscalización del gobierno. Encima el diputado de Ciudadanos hace un guiño al PSOE por lo que pueda pasar en las próximas elecciones generales. Una vez más se olvidan los intereses generales de la ciudadanía y se reparten el pastel y se preparan para hipotéticos cambios futuros” indica Raquel Pérez.

Cinco asociaciones de vecinos de Alicante denuncian el ‘veto’ de Castedo para fiscalizar la basura

Reclaman participar en la comisión de seguimiento de la contrata. Dirigen escritos a todos los concejales para recordarles que «nos representan»

1390806524869Vecinos de cinco asociaciones de Alicante (Vecinos Barrio del Pla, El Magro de San Blas, El templete de Benalúa, Franciscanos-Oliveretes y Laderas del Benacantil) se han unido para dirigir escritos individualizados a la corporación municipal del Ayuntamiento de Alicante en los que les recuerdan que «con independencia de su adscripción política, los concejales se deben a la ciudadanía a la que representan». Además, en la misiva solicitan «el traslado a la presidenta de la comisión para el seguimiento de la contrata de limpieza -la alcaldesa, Sonia Castedo-» su exigencia de participar en las reuniones, de las que, hasta el momento, están excluidos por reglamento.

Pero las reivindicaciones van más allá. El colectivo reclama que dichas comisiones sean públicas y se celebren en un horario que facilite la participación ciudadana; que los participantes cuenten con toda la información que soliciten en relación a la contrata y el cumplimiento de los servicios; y que se tenga en cuenta la opinión ciudadana cuando se adopte cualquier decisión respecto al servicio.

Los vecinos argumentan dicha exigencia en dos pilares básicos: el «derecho a tomar parte en las decisiones que competen a una contrata que se sustenta gracias al pago de las tasas y los impuestos de cada ciudadano» y «el interés y la preocupación demostrada ante la falta de limpieza y acumulación de basura en nuestras calles durante el último año», según recoge el escrito.

El veto impuesto por el equipo de Gobierno a la presencia de colectivos sociales en la comisión de control de la limpieza ha sido, entre otros, el motivo esgrimido por el portavoz municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, para rechazar su participación en la misma. «Castedo pretende que las sesiones de la comisión sean a puerta cerrada, sin público y que la asistencia de representantes sociales quede supeditada al filtro de la autorización del PP. ¿Es que hay algo que ocultar a los ciudadanos?», se preguntó ayer el concejal de izquierdas.

Otra línea roja marcada por EU se centra en la presidencia de la comisión: «Rechazamos que la comisión esté presidida por la aún alcaldesa, Castedo, o por el vicealcalde, Andrés Llorens. La primera por su amistad con Enrique Ortiz -empresario con participación en la UTE adjudicataria de la contrata y con el que Castedo comparte una doble imputación en el caso Brugal por presunta corrupción- y el segundo por haberse conocido que pidió favores personales al empresario», según apuntó Miguel Ángel Pavón.