El regidor i candidat de Compromís pel Campello, Benjamí Soler, va exigir a l’alcalde J. Berenguer que fera dimitir a l’excalde i regidor del PP Juan R. Varó y explicació pública de les raons que el porten a mantindre en l’equip de govern a la regidora de DECIDO

L’alcalde, Marita Carratalà i el desgovern del Campello

DSC_0179El regidor i candidat de Compromís, Benjamí Soler, exigeix a l’alcalde, Juan José Berenguer, una explicació pública de les raons que el porten a mantindre en l’equip de govern a la regidora de DECIDO Marita Carratalá després de la seua actitud al Ple de l’Ajuntament, en què a pesar que forma part del mateix equip que l’alcalde, i per això cobra 45.000 € a l’any, és capaç de presentar propostes diferents a les acordades al si de l’equip i deixar en minoria a l’alcalde i al seu partit. Soler recorda que el pacte PP-DECIDO es va fer, segons l’alcalde, perquè buscava estabilitat i poder traure endavant les seues propostes.

Per a Soler és evident que el PP que dirigeix Berenguer a l’Ajuntament està en desbandada, i que no exerceix l’autoritat davant els seus regidors, ja que alguns tampoc fan acte de presència en votacions significatives, el que li resta força per a exigir responsabilitat i respecte al pacte a la sòcia de govern.

D’altra banda, Soler reclama a l’alcalde una major reflexió a l’hora d’incloure temes en l’ordre del dia del Ple, a fi de no deteriorar la imatge de l’Ajuntament. Per tot això, li recomana que, si no està en condicions d’exercir les seues responsabilitats d’alcalde, que done pas a una altra gent que estiga en condicions d’oferir propostes i consens majoritaris.

Un alcalde sense autoritat i una legislatura grisa

El regidor i candidat de Compromís pel Campello, Benjamí Soler, va exigir a l’alcalde J. Berenguer que fera dimitir a l’excalde i regidor del PP Juan R. Varó, que s’encontra en fase de judici acusat de prevaricació i en el qual el fiscal sosté una petició de 9 anys d’inhabilitació. Soler, que va realitzar aquesta petició al Ple de l’Ajuntament, responsabilitza l’actual alcalde de deixar passar el temps sense cap actuació per la seua part, amb una actitud de tolerància cap a les pràctiques poc edificants del Sr. Varó, i posant en evidència una certa complicitat, ja que Berenguer exercia de primer tinent d’alcalde en el moment dels fets que ara es jutgen.

Per altra banda, a Soler no li sorprèn l’actitud de l’alcalde Berenguer en aquesta qüestió, ja que la legislatura que ara s’acaba pareix un quadre de tons grisos foscos, en què amb grans trets es dibuixen la mala gestió, la ineficàcia, les ombres i sospites davant les obres més cridaneres tantes vegades anunciades però mai acabades.

Compromís pel Campello demana a l’alcalde que destituïsca al regidor Juan Ramón Varó

Amb aquesta actuació, el PP demostra que cada vegada que diuen que ells treballen per a combatre la corrupció i que estan al servei de la justícia, el que estan fent és propaganda en lloc d’assumir les seues responsabilitats.

2010-08-08_IMG_2010-08-01_00.46.11__D2101ALACANTI.jpgCompromís pel Campello considera que no es pot tolerar que una persona, com és el cas de l’excalde J.Ramón Varó, que s’enfronta a una petició fiscal de 9 anys d’inhabilitació acusat de prevaricació, continue “exercint” de regidor en l’Ajuntament i, com a conseqüència, ostente el càrrec de diputat provincial, a pesar que ha deixat les competències, per les quals estava cobrant un mínim de 65.000€ a l’any, més les dietes per assistència que li paga l’Ajuntament del Campello.

Compromís pel Campello, que ja havia demanat la dimissió del Sr. Varó quan va ser imputat, considera una falta d’ètica i de decència política mantindre en els càrrecs al Sr. Varó. Aquesta actitud és un insult total a les institucions democràtiques i al Campello, que denigra sense cap escrúpol, i que és responsabilitat de l’actual alcalde, el Sr. Berenguer, per no actuar de forma contundent en defensa de la Institució i que es manté al marge per interessos interns del seu partit.

La Audiencia juzgará por prevaricación a Juan Ramón Varó el 19 de febrero

El exalcalde de El Campello está acusado de un delito cometido, presuntamente, entre junio y diciembre de 2008 (D.I.)

eleccionalcaldeweb1_grandeLa sección tercera de la Audiencia de Alicante tiene previsto juzgar el próximo 19 de febrero al diputado provincial del PP Juan Ramón Varó por un delito de prevaricación continuada cometido, presuntamente, en su última legislatura como alcalde de El Campello, concretamente entre junio y diciembre de 2008. La Fiscalía Anticorrupción pide provisionalmente para el político por esta causa una pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Varó es actualmente el diputado responsable de la empresa Proaguas Costablanca, en cuyo consejo participa al igual que en otras dos instituciones dependientes de la corporación provincial: el Instituto de la Familia Padre Herrero y Alicante Natura. Además, tal y como se informa en la web de la Diputación alicantina, participa en las comisiones de Infraestructuras, Bienestar Social, Junta de Gobierno y Especial de Cuentas.

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, le acusa de prevaricar continuadamente al adjudicar varios contratos de forma ilegal y autorizar irregularmente el pago de facturas a tres empresas. Dichas decisiones contravinieron informes de los técnicos municipales y del Negociado de Intervención y Contratación del Ayuntamiento y supusieron para las arcas públicas el pago de 158.678 euros en total.

Las supuestas irregularidades fueron advertidas con posterioridad por la Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, órgano este último que trasladó los hechos a la Fiscalía al entender que podían ser constitutivos de una infracción penal.

En primer lugar, el 25 de junio de 2008, el entonces primer edil firmó un decreto por el que adjudicaba la realización de un espectáculo de fuegos artificiales para las fiestas de la Virgen del Carmen a la Pirotecnia Caballer SA por 37.740 euros, fraccionados en dos cuantías de 12.240 y 25.500 euros, respectivamente.

Solo un día antes, el Negociado de Intervención y Contratación del Ayuntamiento había informado desfavorablemente a dicha medida porque no cumplía con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, tal y como relata el Ministerio Público en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

CONOCÍA LOS INFORMES CONTRARIOS

En el decreto, Varó, que ha sido alcalde de El Campello entre 1995 y 2011 y sigue siendo concejal de la localidad por el PP, admitía conocer los informes contrarios de los técnicos, pero precisaba que el contrato para preparación y adjudicación de espectáculos está considerado por ley como «un contrato privado de la Administración» y había de regirse por ello «por las normas del derecho privado».

Igualmente, el alcalde se consideraba facultado legalmente para «adjudicar todo tipo de contrato», siempre y cuando su importe no superara «el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto», así como para «resolver la discrepancia con el reparo efectuado» por el Servicio de Contratación y la Intervención Municipal.

El acusado sabía, según el Ministerio Público, que la negociación del contrato «se había efectuado directamente desde la Concejalía de Fiestas sin conocimiento del técnico cultural y de Fiestas, quien advertía a Contratación el 19 de junio de 2008 de la necesidad, por su importe, de haber tramitado el correspondiente proceso de licitación».

Añade Anticorrupción en su escrito que el decreto no justificaba «ni siquiera» la calificación de dicho contrato como privado, «en contra de lo manifestado en el informe de los técnicos competentes», algo que resulta «esencial por cuanto tal tipo de contratos privados se dan únicamente en determinadas circunstancias, cuya excepcionalidad debe acreditarse a través del expediente correspondiente, lo cual no se hizo».

El 14 de noviembre de ese año, el Negociado de Intervención y Contratación del Ayuntamiento informó también en contra del pago de tres facturas presentadas el mes anterior por la misma empresa, por un total de 33.000 euros, con motivo de las fiestas de Moros y Cristianos de la localidad, pues no se había iniciado expediente de contratación alguno a tal efecto, cuando correspondía un procedimiento negociado sin publicidad.

La adjudicación de ese contrato a Pirotecnia Caballer SA se efectuó «sin resolución alguna», señala la acusación pública, «dictándose únicamente un decreto por un concejal en fecha 11 de diciembre de 2008, por tanto muy posterior a la realización de los servicios y emisión de las facturas, que autorizaba disponer y reconocer una relación de obligación por cuantía de 44.204 euros».

OTRAS DOS SITUACIONES SIMILARES

La suma total de las facturas emitidas a favor de esa mercantil ascendió a 81.944 euros. El fiscal Briones describe dos situaciones similares con posterioridad, consistentes en la adjudicación de la iluminación para las fiestas del Carmen y las fiestas de octubre, mediante sendos decretos de julio y octubre, y el reconocimiento de pago de varias facturas en diciembre del mismo año.

En el primer caso, las facturas emitidas a favor de la mercantil Iluminaciones Ximénez SA ascendieron a un total de 48.665 euros. En el segundo, las abonadas a la empresa IMES API SA sumaron 28.069 euros. Tanto una como la otra medida contaban con los reparos del jefe del Servicio de Contratación y la Intervención Municipal.

Según los técnicos, los contratos para la iluminación durante las fiestas de julio y octubre habían sido fraccionados de forma irregular y su montante real impedía que fueran adjudicados directamente.

Finalmente, en cuanto al reconocimiento de distintas facturas a favor de IMES, en diciembre de 2008, la Intervención había advertido en un informe de fiscalización de gasto de su ilegalidad porque ni contaban con una retención de crédito (certificado de la existencia de saldo contable para hacer frente al pago) ni con una propuesta de gasto firmada por el concejal de turno, entre otros requisitos.