El fiscal pide que Fabra, su Consell y Barberá declaren en la causa de la F-1

El ministerio público solicita al TSJ valenciano que comparezcan como testigos

1424165807_965469_1424169646_noticia_normalLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la declaración como testigo del presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, en la causa que investiga supuestas irregularidades en la gestión del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró en Valencia hasta 2012.

El ministerio público ha solicitado igualmente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la comparecencia como testigos de los consejeros que integraban el Gobierno de Fabra a principios de 2012, de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y de otras personas, tal y como publica Las Provincias.

En el procedimiento abierto por el TSJCV se indaga el origen del llamado Gran Premio de Europa. El fiscal Vicente Torres considera que existen «sólidos indicios» de que en los acuerdos iniciales con el patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, el expresidente Francisco Camps, la exconsejera Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez Aspar cometieron presuntamente los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y, en el caso de la exresponsable de Turismo, también un delito societario.

Según la querella de Fiscalía, pese a haber negociado personalmente la celebración del premio, Camps decidió «interponer una sociedad privada», Valmor Sports, en el acuerdo con las empresas de Ecclestone «cuando la organización del evento iba a correr a cargo de la sociedad pública Circuito del Motor, dando apariencia de contrato entre particulares, cuando era una empresa pública la que iba a organizar el evento».

El ministerio público sostiene que el expresidente valenciano actuó «saltándose de manera grosera el ordenamiento jurídico”. Camps ha negado los hechos y ha asegurado que no se produjo «ninguna actuación fuera de la legalidad».

La investigación se inició por sendas denuncias de los socialistas y de Esquerra Unida, en las que se apuntaba sobre todo al desenlace del Gran Premio valenciano, con la compra de la empresa Valmor Sports por la Generalitat a cambio de un euro pero asumiendo más de 30 millones de deudas de la mercantil. La decisión fue adoptada en 2012 por el pleno del Consell que presidía Fabra.

La petición de que Fabra, los miembros de su Ejecutivo y Barberá declaren fue formulada por la Fiscalía en diciembre, dentro de la solicitud de diligencias que acompañó a la querella. Entre las solicitudes de declaración como testigos figuran también la de otro expresidente valenciano, José Luis Olivas, aunque en este caso por su condición de antiguo responsable de Bancaja. Y la del empresario Fernando Roig. Aspar, la entidad financiera y Roig fueron quienes constituyeron Valmor Sports, si bien el ministerio público considera que los dos últimos no participaron de hecho en la gestión de la sociedad.

La apertura del procedimiento por parte del Tribunal Superior valenciano se demoró porque los magistrados reclamaron a la Fiscalía la traducción al castellano de la declaración efectuada por el británico Bernie Ecclestone ante el fiscal. En el texto definitivo en español existen algunas divergencias respecto a la primera traducción, más bien burda. Algunas frases de la primera versión fueron incluidas en la querella, pero según fuentes próximas al caso, los errores de traducción no afectan a los hechos ni a los supuestos delitos que se derivan de estos.

La oposición apunta también a Fabra por la compra de Valmor

Socialistas y Esquerra Unida destacan que la investigación del TSJ sobre Camps confirma sus denuncias

Barbera-Alberto-Fabra-Bernie-Ecclestone_EDIIMA20131011_0419_5La admisión por el TSJ de la querella presentada pro la Fiscalía Anticorrupción confirma los hechos recogidos en las denuncias que la originaron, coincidieron este martes en resaltar el PSPV-PSOE y Esquerra Unida del país Valencià (EUPV), las dos formaciones que las presentaron. Desde ambas fuerzas políticas se señala también a una eventual responsabilidad judicial del jefe del Consell, Alberto Fabra, por la compra de la empresa Valmor Sports, que se adoptó ya bajo su mandato y obligó a las arcas públicas a asumir cerca de 40 millones de euros en deudas.

«Los hechos denunciados por los socialistas y toda la documentación aportada son ciertos», aseguró al diputada Eva Martínez, que junto al también diputado del PSPV Josep Moreno presentó una de las denuncias. Según la parlamentaria, la decisión adoptada por el TSJ, que afecta al expresidente Francisco Camps, la exconsejera Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez Aspar, «es tan solo la antesala a la imputación del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra por la compra de Valmor». Martínez, que calificó lo ocurrido con la Fórmula 1 como «la gran estafa valenciana», criticó que Fabra no haya querido dar explicaciones por un fraude que «empezó Camps y lo ha culminado Fabra».

«Deben depurarse responsabilidades pro la mayor estafa que hemos sufrido los valencianos y valencianas en los últimos años», dijo el portavoz parlamentario de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, que recordó, que Camps dijo que la Fórmula 1 no costaría un euro «y al final han sido más de 300 millones». Blanco añadió que «esa ruina nos la han endosado a todos los valencianos y valencianas pro una decisión del Consell de Alberto Fabra». El diputado consideró también que al decisión del TSJ «valida» el trabajo político de su grupo, «que fue el primero en hacer públicos los contratos de la Fórmula 1, tanto el de Ecclestone con Valmor, como los sucesivos con Circuito del Motor y con la Sociedad de Proyectos temáticos».

El TSJCV admite la querella contra Camps por la compra de Valmor

La Fiscalía considera que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito continuado de malversación, prevaricación y delito societario

thumbEl Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) investigará al expresidente de la Generalitat y diputado ‘popular’ en las Corts, Francisco Camps, por presunta malversación y prevaricación en la compra de Valmor Sports por la cantidad simbólica de un euro en el marco de la Fórmula 1, asumiendo la deuda millonaria que esta mercantil arrastraba.

Así consta en un auto, en el que el tribunal ha decidido admitir a trámite la querella interpuesta el pasado mes de diciembre por Fiscalía Anticorrupción contra Camps y contra la exconsellera, ex secretaria autonómica de comunicación del Consell y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Jonhson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar.

El tribunal valenciano estima que la sala de lo Civil y Penal es la competente para investigar estos hechos, puesto que está presuntamente implicado una persona aforada, Francisco Camps, quien ya fue juzgado en el TSJCV ante un jurado popular por la ‘causa de los trajes’ dentro del ‘caso Gürtel’ y fue finalmente absuelto.

El TSJCV entiende en este caso que se debe investigar la compra de Valmor «para determinar la concurrencia o no del comportamiento delictivo» y acota la instrucción al momento temporal que indica el ministerio público, es decir, desde abril de 2006 hasta el 19 de julio de 2011. Se designará a un instructor para tramitar el procedimiento.

En resumen, el tribunal admite la querella ante la «posibilidad razonable» de que los hechos narrados por el fiscal hayan ocurrido con la participación de Camps; y de que tales hechos puedan ser subsumidos, al menos indiciariamente y sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, en los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos.

Camps, desde que se conociera la querella interpuesta por Fiscalía, ha mantenido que la celebración de la Fórmula 1 en Valencia «fue una decisión estrictamente política, esencial para el posicionamiento de la Comunidad Valenciana de cara al exterior» y ha subrayado que «todas las decisiones políticas adoptadas sobre esta cuestión contaron con el soporte técnico y jurídico necesario».

Anticorrupción presentó su querella en el TSJCV el pasado 18 de diciembre de 2014, y casi dos meses después, tras adquirir el tribunal una traducción de la declaración que prestó Ecclestone durante la instrucción –en inglés–, se ha decidido abrir una investigación para depurar responsabilidades.

La Fiscalía entiende, tal y como reflejaba en su querella y en un informe posterior que remitió al TSJCV sobre la competencia, que Camps negoció «directamente» con Ecclestone los contratos para la celebración del GP en el circuito urbano de Valencia; que fue quien ordenó que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011; y quien ordenó a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa.

El fiscal del caso, Vicente Torres, basa estas premisas, entre otros aspectos, en las declaraciones prestadas tanto por el expiloto Aspar como por la jefa de Protocolo del Circuito del Motor, quienes señalaron que la idea de celebrar el GP partió de Camps, que fue quien negoció todas las condiciones, incluidas las económicas.

Además, el ministerio público entiende que fue Camps quien dijo a Ecclestone, a través de una asesora, con quién debía contratar el 16 de mayo de 2007: Valmor Sports, de Jorge Martínez Aspar, de quien una testigo declaró que era «muy amigo» del expresidente y organizaba antes de los grandes premios cenas privadas con los patrocinadores en su Motor Home, a las que solían asistir tanto Camps como el expresidente de las Corts Juan Cotino.

Ni un euro

El contrato entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor se celebró en marzo de 2008, y la primera mercantil «no pagó ni un euro», en perjuicio de los fondos públicos. Para el fiscal, todos estos hechos, que incluyen una apariencia de contrato entre particulares cuando era una empresa pública la que iba a organizar el evento, constituyen un delito de prevaricación administrativa y malversación.

Tras el GP de 2008, al ver Valmor que no había obtenido el beneficio esperado, acudió a la Generalitat para volver a pedir ayuda económica. Ahí fue donde Camps «nuevamente» asumió el papel protagonista en el contrato entre esta firma y la Sociedad Proyectos Parques Temáticos (SPTCV), quien el 31 de julio de 2009 asumió a única obligación de pagar el canon anual de 26 millones de dólares «sin asumir ningún derecho».

La firma del contrato por el director de SPTCV, Eusebio Monzó, no lo fue porque él quisiera sino porque lo ordenó el vicepresidente Gerardo Camps, que no fue quien negoció con Ecclestone, ya que esto también corrió a cargo del ex jefe del Consell. El expresidente, según el fiscal, había viajado diez días antes a Londres para garatizar al patrón de la F1 que el canon anual lo pagarían a través de la SPTCV. Para ello se modificó el contrato en agosto, eludiendo los controles de la administración.

En resumen, el fiscal subraya que fue la Generalitat «la que pagó el canon anual de 2009, 2010 y 2011, liberando a los socios de Valmor Sports de esta obligación por decisión personal de Francisco Camps». Por último, en el contrato de 19 de julio de 2011, la Generalitat pasó a ocupar el papel lugar de avalista que tenía Bancaja, tras la negociación «directa» de Ecclestone con Camps, quien ordenó la firma «de manera urgente», con lo que incumplió «de manera flagrante» toda la normativa en materia de avales.