La Gestora de Asociaciones de Vecinos exige que se cumpla el acuerdo plenario del mes de enero y que se solicite una nueva ponencia catastral(D.I.)
Nueva sorpresa para los vecinos de El Campello en relación al precio de sus viviendas. Hace años que los residentes no cesan en su batalla de rebajar el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se dobló tras una ponencia realizada en el año 2007. Pues bien, la Gestora de Asociaciones de Vecinos denunció esta misma semana que una inspección llevada a cabo por la Dirección General del Catastro a inmuebles de la zona norte y el casco urbano ha revalorizado estas viviendas en base justamente a la ponencia realizada en 2007, algo que rechazan y que consideran injusto.
Los residentes van más allá y recuerdan que este pasado mes de enero diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anularon al menos 40 valores catastrales en la playa de Muchavista al detectar graves irregularidades en la ponencia en la que se basó la revisión catastral de 2007. Una ponencia que, como subrayan, ha provocado que se haya duplicado de media el recibo de la contribución del IBI en el municipio en los últimos años.
«No entendemos cómo ahora se realiza esta inspección cuando se supone que desde el Ayuntamiento se iba a solicitar una nueva ponencia», manifestaron desde la Gestora de Asociaciones de Vecinos. Las mismas fuentes apuntaron que son muchas las quejas de los residentes del centro y norte del municipio tras conocer la inspección, aunque matizaron que por ejemplo en la playa de Muchavista -la zona donde se registra la mayor presión fiscal del municipio y donde se aplican las sentencias del TSJ- esta documentación no ha llegado y deconocen si se ha llevado a cabo la revisión de la Dirección General del Catastro.
Como se recordará el pasado mes de enero, el pleno en bloque (gobernado en ese momento por el PP y Decido) respaldó una moción presentada por EU para exigir una nueva ponencia que acabara con el desfase generado por la burbuja inmobiliaria.
Esta medida se adoptó tan sólo días después de que se conociera el fallo de las sentencias y a cuatro meses de las elecciones. En dicho acuerdo se hacía referencia a que la revisión catastral de 2007 se realizó sin un estudio de mercado en el que se basaran los valores establecidos. Ahora los vecinos dudan del alcance de dicha medida y si realmente el Ayuntamiento ha solicitado o no la nueva ponencia a la Dirección General del Catastro tras recibir los documentos de la inspección que encarece el valor de sus viviendas y, por tanto, de los futuros recibos del IBI. «Le exigimos al nuevo gobierno el cumplimiento del acuerdo plenario y del programa electoral», señalaron desde la Gestora.
Cabe recordar que en el año 2010 el pleno también aprobó solicitar una nueva revisión catastral que finalmente se aparcó y en su lugar se aplicaron unos coeficientes reductores que no produjeron un descenso del recibo del IBI esperado. La revisión catastral aprobada en 2007 que incrementó de una forma «salvaje» el recibo del IBI permitió al Consistorio ingresar más de 42 de millones extra desde la aprobación de esa medida y sanear así las cuentas municipales con superávits millonarios.
Por su parte, el alcalde de El Campello, Benjamín Soler, a preguntas de este periódico, informó ayer que mantendrá una reunión con los vecinos para abordar este asunto.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la declaración como testigo del presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, en la causa que investiga supuestas irregularidades en la gestión del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró en Valencia hasta 2012.
La admisión por el TSJ de la querella presentada pro la Fiscalía Anticorrupción confirma los hechos recogidos en las denuncias que la originaron, coincidieron este martes en resaltar el PSPV-PSOE y Esquerra Unida del país Valencià (EUPV), las dos formaciones que las presentaron. Desde ambas fuerzas políticas se señala también a una eventual responsabilidad judicial del jefe del Consell, Alberto Fabra, por la compra de la empresa Valmor Sports, que se adoptó ya bajo su mandato y obligó a las arcas públicas a asumir cerca de 40 millones de euros en deudas.