Los vecinos denuncian que una inspección encarece sus viviendas en base a valores de 2007

La Gestora de Asociaciones de Vecinos exige que se cumpla el acuerdo plenario del mes de enero y que se solicite una nueva ponencia catastral(D.I.)

MANIFESTACION CATASTRAZO 008Nueva sorpresa para los vecinos de El Campello en relación al precio de sus viviendas. Hace años que los residentes no cesan en su batalla de rebajar el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se dobló tras una ponencia realizada en el año 2007. Pues bien, la Gestora de Asociaciones de Vecinos denunció esta misma semana que una inspección llevada a cabo por la Dirección General del Catastro a inmuebles de la zona norte y el casco urbano ha revalorizado estas viviendas en base justamente a la ponencia realizada en 2007, algo que rechazan y que consideran injusto.

Los residentes van más allá y recuerdan que este pasado mes de enero diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anularon al menos 40 valores catastrales en la playa de Muchavista al detectar graves irregularidades en la ponencia en la que se basó la revisión catastral de 2007. Una ponencia que, como subrayan, ha provocado que se haya duplicado de media el recibo de la contribución del IBI en el municipio en los últimos años.

«No entendemos cómo ahora se realiza esta inspección cuando se supone que desde el Ayuntamiento se iba a solicitar una nueva ponencia», manifestaron desde la Gestora de Asociaciones de Vecinos. Las mismas fuentes apuntaron que son muchas las quejas de los residentes del centro y norte del municipio tras conocer la inspección, aunque matizaron que por ejemplo en la playa de Muchavista -la zona donde se registra la mayor presión fiscal del municipio y donde se aplican las sentencias del TSJ- esta documentación no ha llegado y deconocen si se ha llevado a cabo la revisión de la Dirección General del Catastro.

Como se recordará el pasado mes de enero, el pleno en bloque (gobernado en ese momento por el PP y Decido) respaldó una moción presentada por EU para exigir una nueva ponencia que acabara con el desfase generado por la burbuja inmobiliaria.

Esta medida se adoptó tan sólo días después de que se conociera el fallo de las sentencias y a cuatro meses de las elecciones. En dicho acuerdo se hacía referencia a que la revisión catastral de 2007 se realizó sin un estudio de mercado en el que se basaran los valores establecidos. Ahora los vecinos dudan del alcance de dicha medida y si realmente el Ayuntamiento ha solicitado o no la nueva ponencia a la Dirección General del Catastro tras recibir los documentos de la inspección que encarece el valor de sus viviendas y, por tanto, de los futuros recibos del IBI. «Le exigimos al nuevo gobierno el cumplimiento del acuerdo plenario y del programa electoral», señalaron desde la Gestora.

Cabe recordar que en el año 2010 el pleno también aprobó solicitar una nueva revisión catastral que finalmente se aparcó y en su lugar se aplicaron unos coeficientes reductores que no produjeron un descenso del recibo del IBI esperado. La revisión catastral aprobada en 2007 que incrementó de una forma «salvaje» el recibo del IBI permitió al Consistorio ingresar más de 42 de millones extra desde la aprobación de esa medida y sanear así las cuentas municipales con superávits millonarios.

Por su parte, el alcalde de El Campello, Benjamín Soler, a preguntas de este periódico, informó ayer que mantendrá una reunión con los vecinos para abordar este asunto.

El fiscal pide que Fabra, su Consell y Barberá declaren en la causa de la F-1

El ministerio público solicita al TSJ valenciano que comparezcan como testigos

1424165807_965469_1424169646_noticia_normalLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la declaración como testigo del presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, en la causa que investiga supuestas irregularidades en la gestión del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró en Valencia hasta 2012.

El ministerio público ha solicitado igualmente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la comparecencia como testigos de los consejeros que integraban el Gobierno de Fabra a principios de 2012, de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y de otras personas, tal y como publica Las Provincias.

En el procedimiento abierto por el TSJCV se indaga el origen del llamado Gran Premio de Europa. El fiscal Vicente Torres considera que existen «sólidos indicios» de que en los acuerdos iniciales con el patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, el expresidente Francisco Camps, la exconsejera Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez Aspar cometieron presuntamente los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y, en el caso de la exresponsable de Turismo, también un delito societario.

Según la querella de Fiscalía, pese a haber negociado personalmente la celebración del premio, Camps decidió «interponer una sociedad privada», Valmor Sports, en el acuerdo con las empresas de Ecclestone «cuando la organización del evento iba a correr a cargo de la sociedad pública Circuito del Motor, dando apariencia de contrato entre particulares, cuando era una empresa pública la que iba a organizar el evento».

El ministerio público sostiene que el expresidente valenciano actuó «saltándose de manera grosera el ordenamiento jurídico”. Camps ha negado los hechos y ha asegurado que no se produjo «ninguna actuación fuera de la legalidad».

La investigación se inició por sendas denuncias de los socialistas y de Esquerra Unida, en las que se apuntaba sobre todo al desenlace del Gran Premio valenciano, con la compra de la empresa Valmor Sports por la Generalitat a cambio de un euro pero asumiendo más de 30 millones de deudas de la mercantil. La decisión fue adoptada en 2012 por el pleno del Consell que presidía Fabra.

La petición de que Fabra, los miembros de su Ejecutivo y Barberá declaren fue formulada por la Fiscalía en diciembre, dentro de la solicitud de diligencias que acompañó a la querella. Entre las solicitudes de declaración como testigos figuran también la de otro expresidente valenciano, José Luis Olivas, aunque en este caso por su condición de antiguo responsable de Bancaja. Y la del empresario Fernando Roig. Aspar, la entidad financiera y Roig fueron quienes constituyeron Valmor Sports, si bien el ministerio público considera que los dos últimos no participaron de hecho en la gestión de la sociedad.

La apertura del procedimiento por parte del Tribunal Superior valenciano se demoró porque los magistrados reclamaron a la Fiscalía la traducción al castellano de la declaración efectuada por el británico Bernie Ecclestone ante el fiscal. En el texto definitivo en español existen algunas divergencias respecto a la primera traducción, más bien burda. Algunas frases de la primera versión fueron incluidas en la querella, pero según fuentes próximas al caso, los errores de traducción no afectan a los hechos ni a los supuestos delitos que se derivan de estos.

La oposición apunta también a Fabra por la compra de Valmor

Socialistas y Esquerra Unida destacan que la investigación del TSJ sobre Camps confirma sus denuncias

Barbera-Alberto-Fabra-Bernie-Ecclestone_EDIIMA20131011_0419_5La admisión por el TSJ de la querella presentada pro la Fiscalía Anticorrupción confirma los hechos recogidos en las denuncias que la originaron, coincidieron este martes en resaltar el PSPV-PSOE y Esquerra Unida del país Valencià (EUPV), las dos formaciones que las presentaron. Desde ambas fuerzas políticas se señala también a una eventual responsabilidad judicial del jefe del Consell, Alberto Fabra, por la compra de la empresa Valmor Sports, que se adoptó ya bajo su mandato y obligó a las arcas públicas a asumir cerca de 40 millones de euros en deudas.

«Los hechos denunciados por los socialistas y toda la documentación aportada son ciertos», aseguró al diputada Eva Martínez, que junto al también diputado del PSPV Josep Moreno presentó una de las denuncias. Según la parlamentaria, la decisión adoptada por el TSJ, que afecta al expresidente Francisco Camps, la exconsejera Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez Aspar, «es tan solo la antesala a la imputación del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra por la compra de Valmor». Martínez, que calificó lo ocurrido con la Fórmula 1 como «la gran estafa valenciana», criticó que Fabra no haya querido dar explicaciones por un fraude que «empezó Camps y lo ha culminado Fabra».

«Deben depurarse responsabilidades pro la mayor estafa que hemos sufrido los valencianos y valencianas en los últimos años», dijo el portavoz parlamentario de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, que recordó, que Camps dijo que la Fórmula 1 no costaría un euro «y al final han sido más de 300 millones». Blanco añadió que «esa ruina nos la han endosado a todos los valencianos y valencianas pro una decisión del Consell de Alberto Fabra». El diputado consideró también que al decisión del TSJ «valida» el trabajo político de su grupo, «que fue el primero en hacer públicos los contratos de la Fórmula 1, tanto el de Ecclestone con Valmor, como los sucesivos con Circuito del Motor y con la Sociedad de Proyectos temáticos».