La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local de 2013 fijaba un plazo de un año para la adaptación, que el anterior Gobierno incumplió. Hasta ahora, la Generalitat Valenciana ostentaba el porcentaje mayoritario
(09/12/2016) El Consell ha aprobado la modificación de los estatutos de tres consorcios de residuos de Alicante para adaptarlos a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local de 2013.
Se trata de los consorcios constituidos para la ejecución del Plan zonal de residuos 6, del área de gestión A1 (correspondiente a las comarcas de la Marina Alta, la Marina Baixa y parte de L’Alacantí); del Plan zonal de residuos 7, del área de gestión A2 (correspondiente a la comarca del Comtat, parte de L’Alcoià y parte de L’Alacantí); y del Plan zonal de residuos 8, del área de gestión A3 (correspondiente a la comarca de L’Alt Vinalopó, parte del Vinalopó Mitjà i parte de L’Alcoià).
En ellos se establecía un porcentaje de participación de la Generalitat Valenciana del 25%. Dicho porcentaje era superior al de cada una de las restantes administraciones públicas consorciadas, por lo que el consorcio quedaba adscrito a la Generalitat Valenciana, que ostentaba la mayoría de los órganos de gobierno.
Debido a la sujeción al régimen presupuestario, de contabilidad y control de la Generalitat, la gestión de los consorcios se distanciaba del ámbito local en el que se justifica su finalidad e impedía el ejercicio de las competencias propias de las entidades locales de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local daba un plazo de un año (hasta el 30 de diciembre de 2014) para la adaptación de los estatutos de los consorcios, pero no se llevó a cabo durante la pasada legislatura. Esta adecuación a la normativa vigente forma parte del empeño de la conselleria por lograr una eficaz organización y funcionamiento de los Consorcios
Esta modificación responde, además, a una demanda de los propios consorcios para avanzar en la tramitación administrativa y la mejora de la gestión y dotarlos de mayor seguridad jurídica.
Mediante el acuerdo del Consell, se aprueba un cambio mínimo necesario, por el que la Generalitat Valenciana pasa a tener un 19% de la participación y la Diputación de Alicante (que hasta ahora tenía un 15%) pasa a tener un 21% de la participación.
A lo largo de la jornada se expusieron tres temas fundamentales en la vida política municipal a partir de Junio, aplicación de la Ley de “racionalización y sostenibilidad” de la Administración Local. Una ley que recorta las competencias y las inversiones de los Ayuntamientos. Exposición que estuvo a cargo de Jose Manuel Penalva portavoz de Compromís en Crevillent que realizó una exposición magnífica de la Ley, y que propició un debate intenso y clarificador de lo que se van a encontrar aquellos/as que obtengan representación en la próxima legislatura. La valoración de la Ley que se pretende imponer fue muy negativa puesto que deja a los Ayuntamientos sin capacidad de decidir, en aquellas cuestiones que más directamente afectan a los vecinos de una población.
