El Pleno de El Campello acuerda actuaciones para incentivar el comercio local

El Pleno de El Campello acuerda actuaciones para incentivar el comercio local

A propuesta de los grupos políticos Podem, PSPV, Compromís y EU, a la que se sumaron durante el debate Cs y Red (PP y Vox votaron en contra) el pleno del Ayuntamiento de El Campello aprobó ayer crear una partida presupuestaria para la puesta en marcha del “bonocomercio” en el municipio, además de iniciar los trámites para la creación de una mesa permanente del comercio local.
En el cuerpo de la moción se señala que la situación de la pandemia originada por la Covid-19 ha tenido un impacto muy negativo en el conjunto de la actividad económica mundial, estatal, autonómico, y como no podía ser de otra forma, también en la local. “Ha afectado de manera especialmente virulenta al sector comercial y de servicios”, por lo que las administraciones públicas “deben tomar medidas para reactivar el consumo en el municipio y minimizar los efectos adversos en la economía local, a fin de conseguir una reactivación económica y social lo más rápidamente posible”.
A lo largo de estos últimos dos años se han llevado a cabo diferentes iniciativas por parte de las administraciones para ayudar al comercio en esta época tan dura para ellos. Entre las que hay que destacar las ayudas del fondo social europeo y sobre todo las ayudas paréntesis financiadas en un 62,5% por la Generalitat Valenciana, en un 22,5% por la Diputación Provincial de Alicante y en un 15% por el Ayuntamiento, para compensar el impacto económico sufrido por los sectores más afectados por la pandemia provocada por la Covid-19. “A pesar de ello debemos seguir trabajando codo con codo con las y los comerciantes”.

EUPV reclama la dimisión de Castedo y la paralización urgente de la tramitación de la ATE de Ikea

La diputada López Barceló ha exigido que «de una vez por todas abandone la alcaldía de Alicante por una cuestión de dignidad democrática»

0La diputada de EUPV por Alicante, Esther López Barceló, ha reclamado la dimisión de la alcaldesa, Sonia Castedo, tras su imputación por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortíz en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan Rabasa, donde se prevé la apertura de una tienda Ikea, así como la paralización urgente de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del establecimiento sueco por parte del Consell.

En un comunicado, le reclama que «paralice de facto y de forma urgentísima» la tramitación del ATE de Ikea, al considerar que «podría llegar a producirse un presunto fraude de ley en un pelotazo que, al parecer, podría haber estado fraguándose presuntamente entre Ortiz y Castedo desde hace ya muchísimos años».

De hecho, López Barceló ha advertido de que «si el Consell no lo paraliza», su grupo lo pedirá «a través de la vía penal».

Desde EUPV han exigido que «de una vez por todas abandone la alcaldía de Alicante por una cuestión de dignidad democrática», al considerar que Alicante «no se merece que siga ostentando la máxima representación política una persona que está siendo investigada en dos causas diferentes por presuntos delitos de corrupción», en esta y en la que investiga irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana.

Pavón exige la dimisión «inmediata» e «irrevocable» de Castedo

El portavoz de EU en el Ayuntamiento de Alicante , Miguel Ángel Pavón, ha exigido hoy «la dimisión inmediata e irrevocable de la aún alcaldesa, Sonia Castedo (PP)» y anunciado que su grupo solicitará en el pleno municipal una comisión de investigación sobre el plan urbanístico de Rabasa.

«La losa de las sospechas de corrupción es ya insoportable. Castedo debe dimitir de inmediato y de forma irrevocable de la Alcaldía», ha manifestado Pavón, tras la citación como imputada de la regidora popular por el citado plan urbanístico.

La investigación sobre la tramitación del plan Rabasa guarda relación con la denuncia presentada hace dos años por EU contra Castedo, su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, y el empresario Enrique Ortiz -los tres imputados también en la pieza de caso Brugal relativa a las supuestas irregularidades del PGOU- por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias