ALICANTE / TRIBUNALES La Audiencia confirma la imputación de Castedo y dos técnicos en el caso Rabasa

Los imputados pedían la nulidad de las intervenciones telefónicas que dieron lugar a la investigación

castedo--300x180La Audiencia de Alicante ha desestimado los recursos de apelación de la exalcaldesa Sonia Castedo y dos técnicos de Urbanismo en los que pedían la nulidad de las intervenciones telefónicas que dieron lugar a la investigación de las presuntas irregularidades del plan urbanístico Rabasa.

En un auto, la Audiencia de Alicante expone que cuatro secciones de esta instancia judicial -la primera, la segunda, la tercera y la séptima- ya se han pronunciado sobre esas escuchas y reitera que el momento procesal oportuno para la discusión de este asunto será en la apertura del juicio oral.

Los recursos de apelación habían sido interpuestos por Castedo, el exgerente de Urbanismo Enrique Sanus y la jefa del servicio jurídico de la Gerencia de Urbanismo de Alicante, Isabel Campos, en los que solicitaban el sobreseimiento del caso Rabasa -una de las piezas separadas del Brugal- para ellos.

Esa petición ha sido rechazada por la Audiencia Provincial al señalar que la instrucción se halla «todavía en fase de preparación donde se recibe declaración a los recurrentes en calidad de imputados como es obligado para que tengan las garantías» establecidas por la ley.

Según la Audiencia de Alicante, «evidentemente debe existir un juicio o control jurisdiccional frente a acusaciones infundadas» para «evitar lo que se denomina vulgarmente ‘pena de banquillo'».

«Pero tal juicio de trascendencia ha de realizarse al momento de finalización de la fase de instrucción pues en este momento sería prematuro pronunciarse (…)», indica el auto, dictado por la sección primera de la Audiencia de Alicante, con fecha 6 de marzo y facilitado hoy por Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).

Castedo declaró como imputada el pasado 16 de enero ante el juez que instruye las diligencias sobre la tramitación del plan urbanístico Rabasa, que preveía la construcción de más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados y en cuyas inmediaciones se proyecta una tienda de Ikea.

Además de esta causa judicial, la exalcaldesa figura como imputada en la rama del Brugal por las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Ante la certeza de que no repetirá, Castedo negocia con el PP para blindar a sus cargos ‘a dedo’

El partido no tiene la intención de garantizar la permanencia del entorno de la alcaldesa

Castedo_tiene_plan_financiar_estadioTras meses de pulsos con su partido, Sonia Castedo ya es consciente de que no repetirá como cabeza de lista del PP en las municipales de 2015 y de que tampoco tendrá ninguna salida política a su situación después de que haya sido imputada por cinco supuestos delitos en las causas de Brugal y Rabasa. Por eso, ya se ha resignado a negociar no por ella sino por su gente, la posibilidad de que tengan asegurado un futuro.

Se trata de sus más cercanos en el amplio grupo de los 33 asesores adscritos al PP en el Ayuntamiento de Alicante. Personas de su más íntima confianza que cesarán cuando dimita o deje la Alcaldía tras los comicios en un escenario que no supera los siete meses.

Fuentes del PP explicaron a ELMUNDOque su futuro es la principal preocupación de la regidora alicantina en estos momentos. Pero el partido no está por la labor de acarrear con ninguna «mochila» de Castedo. Sobre todo, porque su enquistamiento en la Alcaldía está impidiendo al PP organizar la sucesión del modo más rentable posible y con garantías de que el o la alcaldable que se nombre podrá hacer su campaña sin injerencias e interferencias por parte de Castedo y los suyos.

El Ayuntamiento de Alicante tiene 29 cargos de asesor pero están ocupados por 41 personas diferentes ya que tras los últimos recortes presupuestarios tanto PP como PSOEhan preferido «partir» en dos cada puesto y sueldo a echar a nadie a la calle. EU tiene un asesor a tiempo completo y UPyD dos. El PSOE tiene tres plazas que están ocupadas por cinco personas. Y el PP, que se niega a publicar los nombres de sus asesores, tiene el resto.

Los últimos datos fidedignos sobre estas personas datan de 2012. En este tiempo se ha incorporado a la lista el asesor personal de prensa de la alcaldesa, Jaime Esquembre, que antes facturaba a través de la que era su empresa los trabajos de asesoramiento. También figura en el listado Macarena Huesca, la encargada del protocolo en los actos de la alcaldesa alicantina.

Otros de los asesores más cercanos a la primera edil que son más o menos conocidos del PP son la hija del ex alcalde Luis Díaz Alperi, Edna Díaz, que desarrolla su trabajo en Turismo. También el antiguo dirigente de la Asociación para la reivindicación de la historia de la ciudad Alicante Vivo, Juan José Amores.

En nómina del Ayuntamiento también están dos de los protagonistas de las ‘fiestas del pijama’ en Andorra, la niñera de la hija de la alcaldesa a la que la Policía acusa de haber sido la beneficiaria del Mini Cooper de Enrique Ortiz, Julia Castelló, y su pareja, el alcalde pedáneo de Verdegás, Vicente García, el que erigió una estatua con la efigie de Sonia Castedo en su partida rural.

Otros de los asesores son más cercanos a ediles del equipo de Gobierno de Castedo, como el concejal de Cultura, Miguel Valor, que ha colocado como asesoras a dos familiares directas Olga Valor Climent y Rosa Ana Nadal Valor.

El resto de concejales también han situado como asesores a otras personas de sus respectivos entornos. En cualquier caso, el PP no tiene la intención de negociar con nombres y aunque pensasen desde su cúpula que es posible, los malos resultados que auguran las encuestas no se lo permitirían.

El PP rechaza publicar los nombres en la plantilla
El Ayuntamiento de Alicante seguirá sin publicar en el documento que detalla la plantilla municipal el nombre y partido político al que pertenecen los asesores de la corporación municipal. El PP rechazó ayer la enmienda a los presupuestos presentada por EU para detallar esta información, algo que se venía haciendo sin problemas desde hace años. Sin embargo, esto cambió cuando EL MUNDO reveló que una de las hijas del ex alcalde Luis Díaz Alperi, Edna Díaz, era asesora de Castedo. Desde entonces el edil de Hacienda y Recursos Humanos, Juan Seva, da orden de ocultar la identidad de los cargos de confianza. Ayer incluso argumentó que no ponía el partido político que los había ‘fichado’ alegando a que podía vulnerar la Ley de Protección de Datos. Se trata de la misma firmación que va en consonancia con la ley mordaza que el equipo de Castedo ha impuesto en el último año en el Ayuntamiento, y que consiste en negar información básica a la oposición asegurando que se trata de información sensible que contiene datos personales. EU y UPyD han denunciado que esta situación supone una vulneración de los principios que la Constitución da a los grupos en la oposición.

PSPV recurre el sobreseimiento para Alperi y Ureña por Rabasa

Se suman a la petición de EU

1215069798_g_0El PSPV de la ciudad de Alicante ha presentado este martes un recurso contra el auto del juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, en el que se acordaba el sobreseimiento provisional de la causa por el Plan Rabasa respecto al exalcalde Luis Díaz Alperi y la exsecretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente y presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, por presuntas irregularidades en la tramitación del planeamiento.

Los abogados del PSPV consideran que, frente al argumento del instructor de que no queda acreditada la implicación de Alperi en delito alguno, en esta fase inicial del procedimiento, en la que no se han iniciado las declaraciones de los denunciados-imputados, «es suficiente con los indicios que establecen la probabilidad de implicación».

Además, los socialistas aseguran en su recurso que el informe policial al que hace referencia el auto recoge una serie de hechos «en los que interviene Díaz Alperi y, en menor medida, María Ángeles Ureña, que revisten carácter ilícito».

Para el PSPV, existen unos hechos «incuestionables» como los «continuos contactos» con el constructor imputado Enrique Ortiz «para favorecer la instalación de Ikea en Rabasa». De hecho, los socialistas sostienen en un comunicado que el informe policial, tal y como apunta el propio ministerio fiscal, «acredita la continuidad de Alperi como activo defensor del Plan Rabasa, según va conviniendo su concreción a Enrique Ortiz».

El recurso sostiene que «un ejemplo de ello es el viaje a Oporto que realizaron Sonia Castedo y el propio Díaz Alperi para reunirse con los directivos de Ikea». «El juez instructor estima como oficial dicho viaje cuando lo cierto es que Alperi ya no era alcalde de la ciudad y, por tanto, no ostentaba competencia oficial sobre la tramitación del Plan Rabasa. Es decir, que se trató más bien de un viaje con un carácter más oculto y clandestino que oficial», argumenta.

Los letrados socialistas consideran que «existen evidentes indicios delictivos racionales derivados del informe policial». «El mismo informe en el que se ha basado el juez instructor para imputar y llamar a declarar a varias personas, por lo que idéntico criterio debería servir para Díaz Alperi y María Ángeles Ureña», zanjan.