Aceptan dos años de prisión por el rapto de un hombre en El Campello

Tres de los cuatro procesados acudieron a la Audiencia Provincial doce años después de secuestrar a un ciudadano francés por cuyo rescate exigieron a su familia 20.000 euros

El verano de 2004 fue especialmente sobresaltado para un ciudadano francés que volvía a su país cuando circulaba por la carretera a la altura de El Campello. En el camino se le cruzaron unos asaltantes armados que pretendían obtener un cuantioso botín por su rescate. Así lo reconocieron ayer tres de los cuatro acusados por estos hechos que se remontan a casi doce años atrás. El cuarto sospechoso se encuentra desaparecido, por lo que no acudió al juicio que se inició en la Audiencia Provincial de Alicante y que concluyó rápidamente después de que los procesados admitieran ser autores de los delitos de detención ilegal por los que venían siendo acusados.

Por ello, el Ministerio Público rebajó sus pretensiones iniciales de condena y rebajó la condena a dos años entre rejas. La acusación pública considera que concurre la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas debido a que el procedimiento se encuentra estancado desde el año 2007, según indicaron las fuentes consultadas. Además, el perjudicado no acudió ayer a la sesión del juicio que se iba a prolongar hasta hoy en la Sección Primera.

Así pues, los reos admitieron su papel en el suceso que comenzó el mediodía del 15 de junio de 2004. En ese momento, dos de los acusados, que venían siguiendo a su víctima, obligaron al hombre a apearse de la carretera por la que circulaba y le obligaron a montar en su vehículo a punta de pistola.

Los dos procesados y el secuestrado se dirigieron hacia Murcia, concretamente a la pedanía de El Puntal, donde residía en esas fechas la tercera acusada. El hombre recibió una paliza en el domicilio, situado en una de las zonas de expansión de la capital murciana, donde permaneció retenido atado de pies y manos para evitar que escapara, según el escrito provisional de acusaciones, cuyos términos aceptaron ayer los reos ante el tribunal de la Sección Primera de la sede provincial.

Desde el domicilio murciano, los acusados llevaron a cabo las gestiones para contactar con la familia del hombre al que acababan de raptar para exigirle la cantidad de 20.000 euros a cambio de su liberación. Lo que desconocían era que, en el transcurso de los contactos, los allegados pusieron en conocimiento de las autoridades policiales lo que estaba ocurriendo.

De esta forma, cuando apenas dos días después del rapto los secuestradores fueron a entregar a la víctima, los agentes los tenían completamente controlados. El hermano del perjudicado accedió a pagar la mitad del dinero exigido, una cantidad que los criminales dieron por buena para dar por concluido el cautiverio del hombre.

Sin embargo, en el momento de hacer la entrega, la autoridad policial siguió todos los movimientos de los reos, a quienes capturaron en medio de la operación para devolver al ciudadano francés a su familia.

La Fiscalía pedía de inicio una pena de ocho años entre rejas por lo acontecido el verano de 2004, pena que finalmente se ha reducido a los dos años tras el acuerdo alcanzado con la defensa de los procesados y su confesión ante el tribunal, como detallaron las fuentes consultadas.

Piden prisión para una mujer de El Campello por maltratar a su hija pequeña

El Ministerio Público acusa a esta madre de 26 años de edad propinar guantazos, tirones de pelo y morder a la niña

nina-llora--644x362Una vecina de El Campello se enfrenta a una pena de prisión por los episodios violentos que supuestamente protagonizó en mayo del 2015 con su bebé de tan solo dos años. El Ministerio Público acusa a esta madre de 26 años de edad propinar guantazos, tirones de pelo y morder a la niña. El representante del fiscal reclama para la procesada una pena de dos años y medio entre rejas por un delito de maltrato familiar habitual y otros dos delitos de maltrato.

Además de la condena de cárcel, la acusación pública solicita al tribunal que la mujer no se pueda acercar a la menor por el mismo tiempo que la pena privativa de libertad y el pago de 280 euros a la joven víctima por las lesiones causadas.

No obstante, la mujer padece un trastorno de personalidad diagnosticado Cluster B que le impide controlar sus impulsos, sobre todo en momentos de mucho estrés. Por ello, la Fiscalía entiende que a la procesada no se la puede imputar por completo por sus actos y reclama que se someta a control médico periódico durante no más de tres años.

La Guardia Civil acudió a la vivienda de la acusada el 31 de mayo. Encontraron el inmueble completamente revuelo, al parecer por una pela. Allí descubrieron los presuntos malos tratos de la pequeña.

El PSPV estudia pedir prisión provisional para Castedo tras su imputación «por riesgo de destrucción de pruebas»

El PSPV estudia pedir prisión provisional para Castedo tras su imputación «por riesgo de destrucción de pruebas» y «alarma social»

ortiz-alperi-castedoEl PSPV de Alicante estudia pedir prisión provisional para la alcaldesa, Sonia Castedo, tras su imputación por presunto trato de favor al constructor Enrique Ortiz en la tramitación del Plan Rabasa, al estimar que existe «riesgo de destrucción de pruebas» y ante la «alarma social».

Así, el secretario general del Partido Socialista alicantino, Gabriel Echávarri, ha explicado en rueda de prensa que le he pedido esta misma mañana a los abogados de su partido que estudien la posibilidad de pedir prisión provisional para la primera edil, también imputada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

Según el dirigente socialista, «creemos que concurren los requisitos» para que la primera edil espere en prisión a declarar como imputada el próximo 27 de noviembre, ya que se dan dos de las condiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por un lado, «riesgo de que se destruyan pruebas». El secretario general del PSPV ha sostenido que «la alcaldesa lo sigue siendo, sigue dando órdenes directas a los funcionarios y sigue teniendo acceso directo a cada uno de los expedientes» bajo investigación, por lo que «está en posición de destruir pruebas si quiere».

En segundo lugar, Echávarri ha indicado que el otro requisito es el de «alarma social». «Cuando el CIS dice que la segunda preocupación de los españoles es la corrupción, es que todo caso de corrupción genera alarma social», ha asegurado.

Según el dirigente local del PSPV, Castedo «cumple de forma estricta» ambas condiciones. «Con que concurra uno de los requisitos bastaría su ingreso en prisión», ha matizado.

PETICIÓN DE EXPULSIÓN A RAJOY

Asimismo, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que expulse a Sonia Castedo del Partido Popula». «Si la expulsa pasaría al grupo de los No Adscritos» en la corporación municipal, «y por tanto la mayoría podría elegir» otro alcalde, ha afirmado.

«A Rajoy se le llena la boca en Madrid de hablar de regeneración democrática, de decir que son intolerantes contra la corrupción, y mantienen en Alicante a una persona que está imputada ya en dos causas y por cinco delitos graves», ha apuntado Echávarri.

En este sentido, ha criticado que la «línea roja» del ‘president’ de la Generalitat, Alberto Fabra, «no cuenta en Alicante», por lo que no van a demandar al jefe del Consell «que expulse a Castedo del PP o la quite de alcaldesa».

El dirigente socialista también ha indicado que «no vamos a pedirle –a Castedo– que dimita, porque no lo va a hacer, le importa muy poco la imagen de Alicante». Echávarri ha dicho que su partido tampoco va a solicitar al grupo popular en el Ayuntamiento «que se aclaren entre ellos y la sustituyan, porque no lo van a hacer». «Han tenido mil oportunidades de hacerlo», tanto con Castedo como con Andrés Llorens, ha sostenido Echávarri.

«CAIGA QUIEN CAIGA»

A preguntas de los periodistas, ha defendido que su formación se posiciona contra la corrupción «caiga quien caiga», en referencia a miembros de su partido que podrían verse involucrados en el proceso judicial. «A mí me repugna la corrupción de mi partido», ha mantenido Echávarri, y ha añadido que «seremos los más duros con la gente de nuestro partido».

De esta manera, el secretario general ha reconocido el «error» del voto inicial a favor del plan Rabasa en un pleno en la legislatura 2003-2007, aunque ha incidido en que «se varió el criterio» posteriormente y «ya no se aprobó». «Nosotros lo llevamos al TSJ y lo declaramos nulo», ha sostenido.

«Entiendo que todos los concejales que votaron ese día no conocían que detrás había delito», ha afirmado Echávarri, aunque ha exceptuado en esta cuestión a Sonia Castedo, por entonces edil de Urbanismo.

Sobre la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que aprobó el Consell para instaurar la tienda Ikea en Alicante en Rabasa, el dirigente socialista ha aseverado que «entendemos que la tramitación de la ATE tiene que ser suspendida, porque no puede venir Ikea con una tramitación urgente a unos terrenos que están bajo sospecha y judicializados».

Suspendida la entrada en prisión de Carlos Fabra ante su petición de indulto

La sección Primera de la Audiencia de Castellón ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena de prisión al expresidente de la Diputación y del PP provincial Carlos Fabra para cumplir una pena de cuatro años de cárcel mientras se tramita su petición de indulto.

image_content_medium_2179405_20140910123857Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la sala entiende que se dan todos los requisitos exigidos en el artículo 4.4 del Código Penal para proceder a esta suspensión.
La sala aplica la jurisprudencia que valora la inexistencia de antecedentes y la voluntad de pago de multa y responsabilidad civil por los hechos por los cuales fue condenado, añade el TSJCV, según el cual la suspensión de la ejecución de la pena de prisión afecta sólo al periodo de tramitación del indulto por parte del Gobierno.

El pasado miércoles, Fabra compareció ante la sección primera de la Audiencia de Castellón, donde había sido citado para comunicarle su fecha de ingreso en prisión, pero, después de que el también ex presidente provincial del PP castellonense solicitara la suspensión de la medida, se dio traslado a las partes de la petición.

Tras el último Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que el Ejecutivo estará «muy atento» a la posición del fiscal y del tribunal que condenó a Fabra sobre la petición de indulto que este ha formulado.

En el auto dictado y hecho público hoy, la sala remarca que tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado y la Unión de Consumidores de España (UCE) se han opuesto a esa petición de suspensión, «al no resultar previsible la concesión del indulto y dado el carácter excepcional de tal suspensión» mientras se tramita la citada medida de gracia.

El auto recuerda los argumentos de base legal que justifican el haber accedido a esta suspensión temporal y señalan que jueces y tribunales están obligados a «realizar una adecuada ponderación de las circunstancias concurrentes en el hecho para determinar si en el mismo se dan las excepciones previstas al principio general de la no suspensión de la condena».
La sala basa su decisión en que Fabra carece de antecedentes penales, ha manifestado «expresamente su voluntad de atender el pago de las responsabilidades civiles -693.000 euros-, avalando para ello las cuotas tributarias correspondientes y ofreciendo fincas registrales y derechos de su titularidad en orden a garantizar dichas responsabilidades».

La «eventual» concesión del indulto, «siquiera parcial, evidencia que de no accederse ahora a la suspensión se podría frustrar el efecto que pudiera acarrear la concesión hipotética de la medida de gracia solicitada», añade.

El Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de julio la sentencia de la Audiencia de Castellón que condena a Carlos Fabra a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y a pagar una multa de 693.000 euros e indemnizar a Hacienda en la misma cantidad.

A finales de agosto, fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron a EFE que Fabra había presentado durante ese mes la petición de indulto al Gobierno y que se habían solicitado ya los informes preceptivos al tribunal sentenciador, que en este caso es la Audiencia de Castellón.

Tras conocer el fallo de la Audiencia el pasado 26 de noviembre, Fabra anunció que no iba a solicitar el indulto al Gobierno central, pero a finales de julio se conoció que familiares y allegados estaban recogiendo firmas para ello, una medida de la que enseguida se desmarcaron tanto el Gobierno valenciano como la dirección regional del partido.