Enrique Ortiz confiesa la financiación ilegal de las campañas del PP valenciano

El constructor alicantino admite el pago irregular de actos del PP en las campañas de 2007 y 2008 cuando consiguió las mayores victorias electorales

Enrique-Alicante-Sonia-Castedo-Perez_EDIIMA20160401_0215_19El PP de la Comunidad Valenciana financió ilegalmente sus campañas electorales de 2007 y 2008 ( las mayores victorias electorales en territorio valenciano), según ha confesado el empresario de la construcción alicantino Enrique Ortiz. El empresario, imputado en el caso Gürtel, reconoce la acusación de pagar actos electorales a Orange Market, empresa que organizaba los actos de campaña del PP y que cobraba a través de facturas falsas por servicios no prestados.

En esta rama de Gürtel investigada por la Audiencia Nacional hay cinco miembros de la cúpula del PP de Francisco Camps (excepto el propio Camps) investigados, junto a diez empresarios de la construcción adjudicatarios de obra pública, entre ellos el propio Ortiz, y los cabecillas de la trama, por un delito electoral y falsedad documental. Los acusados se enfrentan a penas de hasta 27 años de prisión, pero en su confesión Ortiz reconoce íntegramente la financiación irregular del PPCV en su escrito de defensa, confesión que acompaña consignando los 40.000 euros que le reclama el juez en el auto de apertura oral. Con esta acción el empresario pide un atenuante de «confesión tardía de los hechos» y que la pena se le rebaje de cuatro a un año y tres meses de prisión. Ortiz esperaría conseguir así que la pena de cárcel se sustituyera por el pago de una multa.

En los escritos de acusación ya se afirmaba que «con el propósito de obtener un mayor despliegue en los procesos electorales, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana contrató con Orange Market servicios que se abonaron de forma irregular». Estos pagos se habrían hecho parcialmente en efectivo y el resto a través de los empresarios acusados consignando dichas facturas falsas. Ninguno de los dos tipos de pagos se reflejarían en la contabilidad oficial del PP, según el mismo escrito, por lo que los hechos «infringieron la genérica prohibición legal de abono de los gastos de partidos políticos por terceras personas». El delito además se agravaría porque los empresarios tenían la prohibición expresa de hacer donaciones puesto que eran adjudicatarios de contratos públicos.

Enrique Ortiz también está imputado en otros casos de presunta corrupción vinculados al PP en Alicante como Brugal y Rabassa, por los que el empresario habría obtenido tratos de favor de los anteriores alcaldes de la ciudad, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, con quienes habría mantenido una estrecha relación personal.

Fin a la ‘barra libre’ del empresario Enrique Ortiz en Alicante

El tripartito impone las primeras sanciones al empresario por incumplir la contrata de limpieza

0_gvzo60x7El tripartito (PSOE- Guanyar Alacant y Compromís) del Ayuntamiento de Alicante estrecha el cerco en torno a la figura de Enrique Ortiz y sus vínculos con el consistorio. El que fuera considerado el empresario de referencia del ayuntamiento durante la etapa de la ex alcaldesa popular Sonia Castedo -junto a la que está imputado en el caso Brugal por el presunto amaño del urbanismo a favor de Ortiz- está en el punto de mira del nuevo equipo de Gobierno. El objetivo: fiscalizar las contratas municipales en poder del empresario y velar por su «riguroso» cumplimiento.

Dicho y hecho. El edil de Medio Ambiente, Víctor Domínguez, confirmó ayer a este diario la imposición de varias multas por valor de 1.600 euros a la UTE Alicante, empresa participada por Ortiz que gestiona la limpieza y tratamiento de residuos, por el incumplimiento del pliego en algunos puntos de la capital detectado por los inspectores.

Una situación a la que el empresario no se había enfrentado hasta ahora «dada la flexibilidad con la que el anterior equipo de Gobierno trataba todo lo referente a Ortiz», destaca Domínguez. Y es que «a partir de este momento no sólo vamos a deducir a la UTE el porcentaje de presupuesto correspondiente a los trabajos no realizados, sino que también vamos a sancionarla por no cumplir las condiciones de la contrata recogidas en el pliego», matiza el edil de Medio Ambiente.

Plan anti privilegios

El plan del consistorio para acabar con los «privilegios» otorgados a Ortiz durante la etapa popular no acaba aquí. Y es que Domínguez llevará a la Junta de Gobierno Local del próximo jueves una propuesta para reducir el volumen de residuos de municipios de fuera que entran en la planta de Fontcalent. Entre los compromisos del tripartito destacaba este punto con el objetivo de responder a la demanda vecinal que ha denunciado en repetidas ocasiones los fuertes olores derivados de la planta de residuos y la llegada de más basura de la permitida.

Para conseguirlo, el edil de Medio Ambiente propone eliminar el cuarto turno, un turno adicional de trabajo creado para dar respuesta al tratamiento de basura foránea, y que dejaría fuera unas 55.000 toneladas de residuos de otros municipios. La medida, que se haría efectiva en enero de 2016, necesita del visto bueno del equipo de Gobierno ya que conlleva la pérdida de 800.000 euros de ingresos para las arcas municipales.

Además Domínguez propondría la posibilidad de que varios representantes de entes vecinales puedan acompañar a la comisión de seguimiento de la contrata (formada por políticos y técnicos) en sus visitas periódicas a la planta de residuos de Foncalent.

SEGUIMIENTO DE LA CONTRATA

Departamento de inspección. La Concejalía de Medio Ambiente tiene previsto crear un departamento de inspección de la contrata de limpieza y tratamiento de residuos con el objetivo de gozar de mayor flexibilidad y autonomía para realizar las inspecciones. Basuras foráneas. El objetivo del tripartito es eliminar, antes de que finalice el mandato, el volumen de basuras de fuera: unas 140.000 toneladas de resíduos.

El parque de Bomberos de Ortiz: un 20% más caro y a medio hacer

Alicante da por terminada una obra que adjudicó en 2007 con sobrecostes de 3,4 millones. Han tardado siete años en construirlo

14139170343795Cuando el Ayuntamiento de Alicante adjudicó en el año 2007 la construcción de un nuevo parque de bomberos y una academia de Policía Local en playa de San Juan parecía un negocio redondo. El consistorio, dirigido entonces por Luis Díaz Alperi, cifró el coste del proyecto en unos 26 millones de euros, IVA incluido, pero el promotor alicantino Enrique Ortiz lo mejoró con un margen del 38%. Aseguró que sería capaz de hacerlo todo por poco más de 16 millones.

Siete años después, los bomberos tienen previsto completar hoy su traslado al nuevo edificio, bautizado como Ildelfonso Prats. Serán los únicos que lo hagan, porque del proyecto inicial se ha caído la construcción de la academia de la Policía Local, pese a que sí estaba incluida en el pliego. El consistorio contaba con este edificio para obtener nuevos ingresos con las matriculaciones, pero el concejal de Seguridad y Tráfico, Juan Seva, reconoce que no se terminará a tiempo; de hecho, no aclara ni siquiera si se acabará.

Es una de las muchas incógnitas que rodean a la construcción del edificio. Seva tampoco ha explicado por qué se han relajado tanto las condiciones de uno de los proyectos más caros para la ciudad, o qué han motivados sus continuos retrasos. El silencio ha sido la nota predominante en este asunto.

En los dos legislaturas que ha durado la construcción del parque de bomberos el consistorio alicantino ha pagado sobrecostes del proyecto por 3,4 millones, un 19% más de lo que prometió Ortiz. Se trata de un porcentaje que roza el límite legal del 20% necesario para adjudicar aparte el modificado.

El edil de EU, Miguel Ángel Pavón, explicó que su grupo preguntará por escrito qué sobrecostes han tenido los trabajos y en qué concepto. «Nos parece un escándalo que se considere que una obra así está acabada», dijo. «Más aún cuando el contratista es el promotor de referencia de la alcaldesa, Sonia Castedo, imputado junto a ella en los casos Brugal y Rabasa».

Para el portavoz de UPyD, Fernando Llopis, la tramitación de este proyecto «ha sido una vergüenza». «El Ayuntamiento de Alicante debe ser la única Administración de España capaz de negociar algo en estas condiciones. En lugar de un 2×1 tenemos un 1×2: pagamos dos edificios y recibimos sólo uno». En este sentido, Llopis explicó que su partido exigirá «explicaciones».

PSPV recurre el sobreseimiento para Alperi y Ureña por Rabasa

Se suman a la petición de EU

1215069798_g_0El PSPV de la ciudad de Alicante ha presentado este martes un recurso contra el auto del juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, en el que se acordaba el sobreseimiento provisional de la causa por el Plan Rabasa respecto al exalcalde Luis Díaz Alperi y la exsecretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente y presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, por presuntas irregularidades en la tramitación del planeamiento.

Los abogados del PSPV consideran que, frente al argumento del instructor de que no queda acreditada la implicación de Alperi en delito alguno, en esta fase inicial del procedimiento, en la que no se han iniciado las declaraciones de los denunciados-imputados, «es suficiente con los indicios que establecen la probabilidad de implicación».

Además, los socialistas aseguran en su recurso que el informe policial al que hace referencia el auto recoge una serie de hechos «en los que interviene Díaz Alperi y, en menor medida, María Ángeles Ureña, que revisten carácter ilícito».

Para el PSPV, existen unos hechos «incuestionables» como los «continuos contactos» con el constructor imputado Enrique Ortiz «para favorecer la instalación de Ikea en Rabasa». De hecho, los socialistas sostienen en un comunicado que el informe policial, tal y como apunta el propio ministerio fiscal, «acredita la continuidad de Alperi como activo defensor del Plan Rabasa, según va conviniendo su concreción a Enrique Ortiz».

El recurso sostiene que «un ejemplo de ello es el viaje a Oporto que realizaron Sonia Castedo y el propio Díaz Alperi para reunirse con los directivos de Ikea». «El juez instructor estima como oficial dicho viaje cuando lo cierto es que Alperi ya no era alcalde de la ciudad y, por tanto, no ostentaba competencia oficial sobre la tramitación del Plan Rabasa. Es decir, que se trató más bien de un viaje con un carácter más oculto y clandestino que oficial», argumenta.

Los letrados socialistas consideran que «existen evidentes indicios delictivos racionales derivados del informe policial». «El mismo informe en el que se ha basado el juez instructor para imputar y llamar a declarar a varias personas, por lo que idéntico criterio debería servir para Díaz Alperi y María Ángeles Ureña», zanjan.

El pleno del Ayuntamiento de Alicante rechaza la petición de dimisión de Castedo con los votos del PP

Unas 400 personas se concentran en la plaza del Ayuntamiento para exigir la dimisión de Sonia Castedo

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha rechazado este martes, con los votos del grupo ‘popular’, la moción de Esquerra Unida en la que se exigía la dimisión de la alcaldesa, Sonia Castedo, por su imputación en las piezas separadas del caso ‘Brugal’ que investigan presuntas irregularidades urbanísticas en el Plan Rabasa y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Los 18 concejales del PP han rechazado esta moción propuesta por la formación de izquierdas y respaldada por los ediles del PSPV y el de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que, en concreto, planteaba la creación de una Comisión No Permanente para «esclarecer y depurar responsabilidades políticas y municipales derivadas del sumario de la pieza separada del caso ‘Brugal’ que investiga un presunto amaño del plan Rabasa», y exigía la dimisión de Castedo y del gerente y la jefa de Urbanismo del consistorio alicantino.

Desde Esquerra Unida, su portavoz, Miguel Ángel Pavón ha pedido a la primera edil, a quien se ha dirigido como «imputadísima alcaldesa de Alicante», que escuchara el «clamor» de la calle –en la plaza del Ayuntamiento se celebraba mientras tanto una manifestación para exigir la dimisión de Castedo–. La primera edil ha ironizado, en su contestación, con la afluencia a esta concentración: «Ya veo el autobús, vaya poder de convocatoria», ha dicho.

Pavón ha considerado «urgente» que se «depuren responsabilidades políticas», y ha instado a los regidores ‘populares’ a «pedir que dimita, aunque solo sea para que Alicante recupere algo de su dignidad, perdida en soeces conversaciones telefónicas que nos avergüenzan y nos indignan», en referencia a las escuchas incluidas en el informe policial de la investigación

Esos folios de investigación en el que aparecen las escuchas «vuelven a poner contra las cuerdas esa presunta trama corrupta que maneja el urbanismo de la ciudad, que lo supedita a intereses privados de un empresario ‘bombón’, Enrique Ortiz, el amigo de la alcaldesa ‘mimosina'», ha dicho el portavoz de izquierdas, en referencia a los apelativos que se dirigen el empresario y la alcaldesa en estas conversaciones, según la investigación.

El portavoz municipal de UPYD, Fernando Llopis, ha apoyado la moción de EU porque «las responsabilidades políticas» de Castedo «están clarísimas». «Desde UPyD se considera que cualquier persona que esté imputada debe dejar los cargos», por lo que la alcaldesa «en el momento en que estuvo imputada por primera vez, debió dejar el cargo».

Por su parte, desde el PSPV, su portavoz municipal, Miguel Ull, ha recordado que los cinco delitos imputados a la primera edil –en las dos causas por las que se le investiga– tienen «la misma base»: las relaciones «personales» con el empresario Enrique Ortiz, también imputado en ambos casos, y con el que, a juicio de Ull, se ha tenido «connivencias y posibles tratos de favor» entra ambos que «invalidan» a Castedo para ejercer como alcaldesa.

La primera edil ha respondido al portavoz socialista que «se sonrojaría mucho más de mis mensajes y conversaciones con determinadas personas de su grupo municipal».

CASTEDO SE NIEGA A DESALOJAR EL PLENO

Tras el rechazo de los concejales populares a la exigencia de dimisión, algunos asistentes al pleno han lanzado gritos de «Castedo dimisión» –entre ellos, las diputadas en las Cortes Valencianas por Compromís y Esquerra Unida respectivamente, Mireia Mollà y Esther López Barceló– y han abandonado el consistorio tras protagonizar un enfrentamiento verbal con otras personas del público que defendían a la alcaldesa.

Sonia Castedo ha rechazado desalojar la sesión porque «me van a decir que no soy demócrata», a pesar de la solicitud en este sentido del portavoz de UPYD, y ha pedido «silencio» al público en repetidas veces.

La UTE del parque de bomberos, participada por Ortiz, percibirá 177.000 euros más

Esta actuación fue adjudicada en 2007 a la UTE por valor de 16,3 millones de euros. Según García-Romeu, la revisión de precios estaba en el pliego de la adjudicación

imagesEl Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este lunes pagar 177.165 euros más a la unión temporal de empresas (UTE) encargada del proyecto del parque central de bomberos ‘Ildefonso Prats’ y del cuartel de jefatura de la Policía Local, la cual está integrada, entre otras firmas, por una mercantil de Enrique Ortiz.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, la portavoz del ejecutivo municipal popular, Marta García-Romeu, quien ha explicado que en el pliego de la adjudicación «se marcaba esta revisión de precios».

Esta actuación fue adjudicada en 2007 a la UTE formada por las mercantiles Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, y Aplicaciones Tecnológicas a Servicios y Mantenimiento Aplitec, por valor de 16,3 millones de euros.

Ambas infraestructuras están situadas en la avenida Locutor Vicente Hipólito y lo último que aprobó el consistorio fue la adjudicación del mobiliario, según la portavoz del ejecutivo municipal.

García-Romeu ha precisado que por el momento «no hay fecha» para el traslado de ambas unidades a su nueva ubicación.

Ortiz pierde su marioneta en el PSPV de Alicante

Ángel Franco pide la baja del partido antes de que lo expedienten por su implicación en Brugal

1411151870_758695_1411152212_noticia_normalLa estela política de Ángel Franco se apaga. El histórico dirigente socialista del PSPV, que durante los últimos 25 años ha estado controlando el partido en Alicante, pidió ayer su baja como militante antes de que la actual dirección lo expulsara por el contenido del informe policial del caso Brugal, que le atribuye un papel “clave” en la aprobación del Plan Rabassa a favor del empresario Enrique Ortiz.

Franco no es un militante cualquiera. Cuando quiso estuvo al mando y cuando no en la sombra. Fue diputado, secretario general local, concejal y portavoz adjunto, y luego senador. Pero su magistral habilidad fue colocar a sus adeptos en el lugar oportuno y ganar asambleas internas.

Hasta ahora, para aspirar a ser alguien en el PSPV de Alicante había que pedir permiso a Franco, como fue el caso del actual secretario local, Gabriel Echávarri. La mayoría de los candidatos a la alcaldía de Alicante contaron con su beneplácito. “Gane quien gane, siempre gana Franco”, suelen comentar militantes y empresarios.

Franco tenía buenos contactos con la cúpula socialista, y Enrique Ortiz lo sabía. El juez del caso Rabassa no ha imputado a Franco, ni por ahora le ha citado a declarar. Pero el informe de la Policía, basado en escuchas telefónicas, destapa la connivencia del empresario con el dirigente socialista. En una de estas conversaciones Ortiz hablando por teléfono con Pepe Cataluña, responsable de finanzas del PSPV, se deshacen en elogios hacia él. “Un tío sin asesores, ni concejales, ni nada, te lleva 500 tíos a una asamblea”, dijo Cataluña.

“Es el mejor político de la historia. No ha habido otro como Ángel”, contestó Ortiz. Cuando el promotor, imputado en varias de las causas del caso Brugal, tenía problemas o necesitaba algo llamaba a Franco. Y el dirigente socialista respondía. La Policía considera que fue clave la actuación de Franco para que los socialistas votaran a favor del Plan Rabassa, junto al PP, y propició una entrevista con los dirigentes de la Confederación del Segura para tratar el problema de la falta de agua en Rabassa.

Hace ahora justo seis años, al día siguiente de Sonia Castedo asumir la vara de mando, Franco y Ortiz quedan para verse el domingo en “un sitio discreto”, según el informe policial. Durante estos días la policía intercepta varias llamadas entre ambos, pero sin detallar su contenido.

Tras el congreso del PSPV en el que gana Jorge Alarte por un puñado de votos, Franco y Ortiz hablan por teléfono y “se lamentan del resultado” del cónclave en el que perdió Ximo Puig, actual secretario del PSPV.

El 15 de octubre de 2008 el PGOU de Alicante se somete a información pública, y se abre el periodo de alegaciones. Meses más tarde, en enero de 2009, el empresario pregunta a Franco por el futuro portavoz municipal, Roque Moreno “un personaje un tanto curioso”, según Franco. “Por saber si se porta bien o mal, para premiarle o castigarle”, contesta Ortiz en referencia al portavoz socialista al que pretende dar unas tarjetas para que los ediles de oposición aparcaran gratis en la avenida Alfonso El Sabio. Franco contesta: “De momento no sé, este es un tipo bastante, bastante rarito… Tendrá que demostrar también que va de algo y hace algo, todavía falta verlo”.

Moreno también dimitió como portavoz y presidente del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante tras aparecer en las escuchas del caso Brugal.

Franco, oriundo de León, mamó la política en el sindicato UGT. Como secretario general se opuso a la convocatoria de huelga contra Felipe González el 14 de diciembre de 1988.

Franco estuvo en primera línea y supo colocar a sus peones. Todos los portavoces y candidatos a la alcaldía (salvo Etelvina Andreu y Elena Martín) contaron con su aval. Alejandro Bas, actual abogado de Enrique Ortiz, fue portavoz socialista en el Ayuntamiento en una de las múltiples crisis internas que vivió el PSPV.

Blas Bernal, candidato a la alcaldía 2003, acabó de dirigente del Hércules, propiedad de Ortiz. El informe de la Policía atribuye a Bernal la propiedad de un velero, que él admite que usó cuando estaba en el Hércules , pero asegura que no es suyo.

Por qué no pasó antes

Ángel Franco lleva años en el punto de mira de sus propios compañeros socialistas. Antes de aprobarse el Plan Rabassa, y a los pocos meses de que Pepe Blanco asumiera el cargo de secretario de Organización, un grupo de militantes se presentaron en la sede del PSOE de Ferraz con un vídeo en el que Franco supuestamente votaba dos veces en una asamblea.

“Esto no es un ejército, tú no eres mi general y yo no soy tu soldado”, espetó María Dolores Marco, en una asamblea del PSPV a Franco, entonces secretario general. Otros militantes que levantaron la voz contra Franco fueron Angelita Rodríguez y Asunción Cruañes, y cuando se publicaron las primeras conversaciones comprometidas del caso Brugal algunos pidieron su cabeza, pero nadie movió ficha.
¿Por qué el partido actúa ahora con él ahora y no antes? Ésta es la pregunta del millón. Franco siempre ha tenido un gran olfato político. Y el último ejemplo fue su decidida apuesta por Pedro Sánchez como nuevo secretario general del PSOE. Pero su omnipresencia, que ha impedido la regeneración del PSPV en Alicante, ahora ya pone en riesgo la supervivencia de la organización. Ximo Puig, secretario del PSPV, decidió ayer expedientar a Franco y expulsarlo del partido. Eligió la fórmula de la “deslealtad” para no esperar a que se demuestre judicialmente si hubo o no corrupción.

El principal pecado de Franco, según fuentes consultadas, fue maniobrar en busca del beneficio propio o de sus amigos, y no velar por los intereses generales y del partido. El histórico dirigente pasa al ostracismo, pero algunos temen que su sombra siga planeando y colocando a adeptos. Como ocurrió hace tan solo unas semanas, cuando situó de asesores del adjunto al Síndic de Greuges, Ángel Luna, a Manuel Bueno o el hijo del desaparecido Antonio Godoy

El juez imputa a Castedo por presunto trato de favor a Ortiz en el Plan Rabasa

Fabra: Castedo «debe valorar» su situación en la Alcaldía. Los populares tomarán medidas cuando el PP marque fechas

2009-12-27_IMG_2009-12-20_01.40.35__D0401.jpgl titular del juzgado de instrucción número 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, ha imputado a la alcaldesa de la ciudad, la ‘popular’ Sonia Castedo, por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortíz en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan Rabasa, lugar en el que se prevé la instalación de un centro de la multinacional sueca Ikea.

En un auto de fecha de este martes, el juez ha citado a la alcaldesa de Alicante para declarar por presunta prevaricación y tráfico de influencias el 27 de noviembre a las 10.00 horas. En la resolución se cita igualmente como imputados por el mismo motivo al constructor Enrique Ortíz para el 27 de octubre a las 10.00 horas; a dos técnicos del Ayuntamiento –Enrique Sanus e Isabel Campos– para el 28 de octubre y a otros dos del Ministerio de Fomento, Emilio Peiró y Francisco Javier Criado al día siguiente.

El juez ha preguntado al fiscal y al resto de partes personadas –EUPV y PSOE– si procede la declaración como imputados del exalcalde de Alicante y predecesor de Castedo, Luis Díaz Alperi, y de la exsecretaria autonómica de Territorio y actual responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña.

El magistrado ha adoptado esta decisión tras recibir el informe policial realizado por los funcionarios del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF de Alicante del que, según consta en la resolución, se desprende que durante la tramitación del expediente administrativo del ‘Plan Rabasa’ y estando suspendida la ejecución del plan parcial desde diciembre de 2009 por orden del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana –sala de lo contencioso-administrativo–, el Ayuntamiento continuó el proceso.

En el pleno de 29 de enero de 2010 aprobó someter a exposición pública el proyecto de convenio entre el consistorio y las mercantiles Viviendas Sociales del Mediterráneo S.L. e Ikea Ibérica SAU para regular las condiciones de implantación de un centro comercial en el sector Lagunas de Rabasa. El juez subraya que en el informe policial «existen indicios de que esta actuación pudo realizarse para beneficiar los intereses» del empresario Enrique Ortíz.

INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES

El informe policial fue realizado por funcionarios del Grupo de Blanqueo de Capitales que llevaron a cabo la intervención de las comunicaciones ordenadas por el juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, que fue el órgano que inició la tramitación del conocido como ‘caso Brugal’, del que se han desligado esta pieza que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del ‘plan Rabasa’ y otra que instruye las del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. En esta última causa están igualmente imputados Castedo y Ortíz.

El juez, que acuerda la unión a la causa del informe, señala que de su contenido se desprenden indicios de que los cuatro funcionarios «pudieron dar un trato de favor» en el ejercicio de sus funciones al empresario Enrique Ortíz en la tramitación del expediente administrativo de Rabasa, unos hechos que considera que en este momento se puede considerar que son constitutivos de un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias. Asimismo, acuerda dar traslado a Sonia Castedo como denunciada del contenido de la denuncia y de todas las actuaciones.

La alcaldesa de Alicante está también imputada en la parte del ‘caso Brugal’ que investiga presuntas irregularidades en el PGOU por los delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho. El caso se instruía en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana hasta el pasado mes de mayo cuando Castedo presentó su renuncia al acta de diputada, por lo que volvió a los juzgados de Alicante.

SAN VICENTE DENIEGA A ORTIZ LA SUSPENSIÓN DE LA INCAUTACIÓN DE LA GARANTÍA POR RENUNCIA UNILATERAL AL APARCAMIENTO

El Ayuntamiento solicita la continuidad en la prestación de servicios en el área de Empleo, Comercio y Desarrollo Local. El pleno aprueba adherirse a la Central de Contratación de la Diputación Provincial de Alicante

091412 Pleno 12 septiembreEl Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha denegado la petición del contratista Enrique Ortiz de suspender la incautación de la garantía de 132.268 euros depositada por el concesionario al renunciar de forma unilateral a la gestión de las instalaciones. La propuesta se ha llevado adelante con los informes desfavorables a dicha petición tanto del letrado municipal como el técnico de administración general de Contratación.

La denegación fue objeto de un decreto de Alcaldía el pasado 20 de agosto, haciendo efectivo el acuerdo plenario de 25 de junio de este mismo año en el que se acordó la resolución de la concesión de obra pública del aparcamiento subterráneo de vehículos del Ayuntamiento por renuncia unilateral del concesionario Enrique Ortiz e Hijos, contratistas de obras S. A. con incautación de la garantía definitiva constituida mediante aval bancario por importe de 132.268 euros.

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig se hizo cargo de la gestión del aparcamiento el 1 de julio al renunciar de forma unilateral el concesionario. Para ello procedió a la contratación de cuatro empleados y a una aprobación tarifaria con rebajas de más de 25 por ciento con el objetivo de mejorar el número de usuarios de la instalación y garantizar su viabilidad.

El pleno también ha votado a favor de solicitar la continuidad en la prestación de servicios en el área de Empleo, Comercio y Desarrollo Local, que en función de la aplicación de la Ley de Racionalización de las Administraciones Públicas su competencia pasa a corresponder a la Generalitat.

Entre el resto de acuerdos plenarios cabe destacar también la aprobación de la adhesión a la Central de Contratación de la Diputación Provincial de Alicante, cuestión que ha sido aprobada con los votos del Grupo Popular, la abstención del socialista y el voto en contra de EU.
También se ha dado el visto bueno a la declaración de especial interés o utilidad municipal de dos proyectos de rehabilitación de fachadas y de instalación de un ascensor de sendos edificios a los que se aplicará la bonificación del 95% de Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO) aprobado por el pleno durante el pasado debate sobre impuestos y tasas en octubre de 2013. Esta bonificación tiene por objeto incentivar la actividad de rehabilitación de edificios con el objetivo de fomentar la seguridad, mejorar la imagen y contribuir a la dinamización económica y la generación de empleo.

Ruegos y preguntas
En este apartado el concejal de Hacienda y Administración General, Manuel Marco, ha avanzado la propuesta del Ayuntamiento de San Vicente para Suma dirigida a ‘desestacionalizar’ el pago de los tributos de forma que puedan realizarlos los ciudadanos por periodos a lo largo del año. Esta es una fórmula que requiere la aprobación previa de todos los ayuntamientos que tienen delegados los tributos al organismo autónomo provincial. Marco ha recordado, no obstante, que ya existe la posibilidad del pago aplazado de los tributos en tres meses sin intereses y en seis meses o más con intereses, además de otras posibilidades.

La alcaldesa ha escuchado sus peticiones, al tiempo que la concejal de Educación, María Ángeles Genovés, en respuesta a las preguntas de la oposición ha resaltado que ‘se están atendiendo todas las peticiones que llegan de los centros y los Ampas, con los que se trabaja directamente, para habilitan sombrajes en los patios como es el caso de los colegios José Ramón García Antón, Azorín y también en una ampliación en el de Santa Isabel.

Genovés también ha reconocido que “se trata de una situación que afecta también a nuestros hijos y por ello si tenemos que solicitar a la conselleria que redacte un protocolo de actuación para estos casos a través del consejo escolar lo haremos”.

Durante el pleno se ha producido la asistencia de dos grupos de madres y padres con escolares, una primera dirigida por delegados educación de CC.OO. y otra segunda que ha entrado más tarde cuando ya había abandonado el pleno la primera coordinada por personas con la camiseta de Podemos.

Alperi compró un Mercedes a la empresa que pagó su viaje a Creta

El juez del ‘caso Brugal’ pide que la Policía investigue esta operación de 48.000 euro. Ortiz pidió al sobrino de Juan Cotino el jet para que viajaran

La situación judicial de Luis Díaz Alperi sigue retorciéndose a medida que los investigadores escarban en su patrimonio. La nueva documentación que ha llegado al juzgado que investiga el caso Brugal, a la que ha tenido acceso este periódico, establece una relación tremendamente comprometedora para el mentor de Sonia Castedo y ex alcalde de Alicante. El dossier revela que Alperi compró un coche de lujo en el año 2009, un Mercedes cuyo valor ascendió a 48.720 euros, a Rocafort de Negocios, la misma empresa que, presuntamente, pagó su viaje a Creta en jet con la edil Sonia Alegría.

El juez que instruye el amaño urbanístico de Alicante en favor del constructor Enrique Ortiz ya ha dado traslado a la Policía de las conclusiones de este documento al tiempo que insta a los agentes a que investiguen al respecto. El viaje a Creta se realizó en 2008 en jet privado, siempre según la versión policial. Costó 45.000 euros y sólo se pagó en parte (36.000 euros fueron ingresados en una cuenta de Caixa Catalunya el día antes de la partida), ya que la compañía sigue sin recibir el dinero. La investigación posterior, una vez que explotó el caso Brugal, señaló directamente a la mercantil Rocafort de Negocios SL y el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) que instruía el asunto por la condición de aforado de Alperi, Juan Climent, solicitó a la Agencia Tributaria (AEAT) todos los datos de esta sociedad entre los años 2007, 2008 y 2009.

Los empresarios cuando declararon ante el juez apenas aportados datos sobre la financiación de este viaje. Eso sí, un industrial imputado señaló a Ricardo Fuster, el representante legal y socio único de Rocafort de Negocios SL, como la persona que pagó los gastos del polémico viaje. Fuster quedó imputado por cohecho. Ahora su nombre vuelve a emerger en la investigación después de un documento que le señala como el vendedor del Mercedes a Alperi. Este extremo ya está en manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.

Se suma, de esta manera, al seguimiento patrimonial que se está haciendo al ex alcalde de Alicante y que quedará incluido en un dossier al que todavía le faltan muchas aristas por pulir.

Al parecer el viaje de Alperi a Creta despertó todo el interés de Enrique Ortiz que, según las conversaciones intervenidas por la Policía, se dejó la piel para que el ex alcalde pudiera irse de vacaciones. Los investigadores interceptaron un diálogo entre el empresario de referencia de Castedo y el sobrino del presidente de las Cortes Valencianas, Vicente Cotino, con quién hacía negocios con los que pretendían adjudicaciones millonarias.

Así, Ortiz pidió a Vicente Cotino un avión para que el ex alcalde se fuese dos semanas a Creta con una concejal del Consistorio, Sonia Alegría. La petición se grabó el 3 de julio de 2008: «El día 29 necesito el avión, si es posible, par ir a Creta». Ortiz apunta que volvería «el día 13». Cotino le replica que no habría problema.

Según los investigadores, este encargo se gestionó a través de la empresa Asedes Capital, dedicada al alquiler de aviones y cuyo apoderado es el sobrino del presidente de las Cortes, Juan Cotino, salpicado de lleno con las gestiones entre la Generalitat Valenciana y la trama corrupta Gürtel para organizar la Visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en el verano de 2006. En una conversación posterior, Ortiz confirma a su hermana que este jet es para el alcalde de Alicante.