Entrevista a María Jiménez Diputada en la Diputación de Alicante y Concejala en el Ayuntamiento de El Campello y Pepe Varó Concejal en El Campello, ambos del PSOE.
Los temas que se trataron en esta entrevista fueron de gran interés para el municipio como; PRESUPIUESTOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REMANENTE Y SUPERAVIT, IKEA, PISCINA MUNICIPAL, INVERSIONES, PARKING ELS FURS, INICIATIVAS EN COMERCIO y muchos temas más.
Pero… escucha la entrevista…
La empresa sueca comió con el entonces alcalde, Castedo y Ortiz para cerrar el proyecto. Uno de los técnicos de Ikea que estuvo en la reunión secreta plantó al tripartito el jueves (El Mundo).
El pasado jueves la reunión del equipo de Gobierno de Alicante con Ikea España acabó en fracaso. Los responsables de la multinacional del mueble se levantaron y abandonaron la sala de reunión nada más ver a los fotógrafos de prensa. Allí se quedaron el alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE) y sus dos socios de Gobierno, Miguel Ángel Pavón (Guanyar) y Natxo Bellido (Compromís), acompañados de dos asesores y un técnico.
Según la empresa, la presencia de fotógrafos variaba las condiciones que se habían pactado previamente. En el Ayuntamiento niegan «tajantemente» que se hablase de ninguna condición, y aseguran que se dejó entrar a los gráficos al inicio de la reunión «como sucede habitualmente en todos los encuentros institucionales de Alicante».
Tras su salida del consistorio, los técnicos de Ikea se pusieron en contacto con el portavoz de Ciudadanos en Alicante, José Luis Cifuentes, para verse en las dependencias privadas de un bufete de abogados. Ikea trasladó a Cifuentes que el tripartito había «mentido» al dar la impresión de que se estaba barajando un suelo que no fuera el de Rabasa, y que sólo contemplaba la opción de venir a la ciudad con macrocentro. El mensaje al tripartito ya estaba lanzado.
El problema que tiene esta zona es que existe una investigación judicial abierta sobre un presunto trato de favor al promotor Enrique Ortiz, por la que ha sido imputado junto a la ex alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi. El viernes Echávarri respondió a la multinacional: «O está con la ciudad o está con Ortiz», dejando entrever que la idea de instalarse en esta zona bloquearía la ejecución del proyecto ante las sospechas de pelotazo.
Lo cierto es que las negociaciones con Ikea para llegar al punto actual (macrocentro y Rabasa) tampoco puede decirse que se hayan ajustado al estándar de protocolo de una Administración pública. Los responsables de Ikea no sólo usaban a Ortiz para concertar citas a voluntad con la edil de Urbanismo y después alcaldesa, Sonia Castedo (PP), sino que también organizaban encuentros privados, parecidos a lo que la Policía cree que la ex edil mantenía con Ortiz para hablar del Plan General.
En el sumario de Brugal los investigadores incluyen un abundante reportaje fotográfico sobre una comida que Castedo tuvo con directivos de la multinacional en el restaurante Tiro Pichón, situado a las afueras de la ciudad. Allí acudieron también el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, el promotor Enrique Ortiz y alguno de sus técnicos.
Entre los responsables de Ikea estaban el director de Expansión de Ikea Ibérica, Sylvain Laval (hoy fuera de la empresa), y Pablo Campelo, uno de los técnicos que dejó plantado al tripartito el pasado jueves y que después prefirió verse en privado con C’s. La fecha es 10 de septiembre de 2008, un día señalado para Luis Díaz Alperi. Fue la última noche que pasó como alcalde.
Los investigadores creen que la comida, cuyas fotos ilustran este artículo, fue clave para la tramitación del proyecto. Las escuchas intervenidas desvelan que la idea era trazar el rumbo de la instalación del macrocentro en el suelo de Ortiz, tramitándolo como una modificación puntual del Plan General «para favorecer los intereses del empresario». Una vez en el restaurante, la Policía capta el momento en el que llegan los empresarios, técnicos y políticos al restaurante. También destaca dos detalles: uno de los hombres de Ortiz, Javier Llorens, «entrega un maletín a Sylvain Laval», y el alcalde llega «con otro maletín debajo del brazo».
En días posteriores Ortiz reconoce a Alperi que «la reunión fue un éxito». El empresario le informa «de la estrategia a seguir y de la necesidad de acelerar el proceso». Para ello le pide que meta «prisa» a Castedo (ya alcaldesa) para que aprueben el plan en el próximo pleno. Le desvela que le urge que los terrenos sean considerados urbanos para que los bancos no le pidan ampliación de garantías.
Según la Policía, hay otro motivo para aprobar cuanto antes la llegada de Ikea: «Los compromisos adquiridos contractualmente con la multinacional», cuyo «incumplimiento le supondrían un gran descalabro financiero». Como avanzó EL MUNDO, el promotor confesó a uno de los responsables de Mercadona en la provincia que ya había cobrado más de 90 millones de euros por la operación. La acusación particular que ejerce EU desveló después esos contratos firmados entre Enrique Ortiz e Ikea.
Los responsables de la multinacional sueca han pedido una reunión con el Consell
El informe del Ministerio de Fomento sobre la viabilidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) Alicante Avanza de Rabassa, donde se preveía la construcción de la tienda de Ikea, es contrario, según ha confirmado este jueves la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador.
Salvador, en declaraciones a los medios tras su visita institucional a Alicante, ha afirmado que los responsables de la multinacional sueca han pedido una reunión con el Consell y que les recibirán, aunque aún no se ha fijado la fecha.
No obstante, a su juicio, lo «importante» es la situación de la ATE, de la que ha dicho que su análisis de viabilidad está en «fase inicial y faltan informes muy determinantes en su tramitación». Hay que recordar que el Consell decidió paralizar la ATE por sospechas de presunta corrupción y que el equipo de Gobierno municipal, en el pasado pleno, formalizó su petición al Gobierno de la Generalitat para que la retirase.
Asimismo, ha reiterado su apoyo en este tema al Ayuntamiento de Alicante, con el que ha dicho que van «de la mano» y ha agregado que hay una «absoluta coordinación y colaboración» en las negociaciones que se están desarrollando para que «Ikea se pueda instalar en Alicante», al igual que en la «evolución de la tramitación de la ATE».
En este sentido, ha explicado que quedan todavía pendientes informes «importantes» de carácter medioambiental y técnicos sobre la tramitación de la ATE y no ha podido precisar las razones por las que el de Fomento es contrario, aunque ha apuntado a cuestiones sobre los accesos
Elche y Alicante
Por otra parte, el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha destacado la «importancia» de la primera reunión que mantendrán este viernes los equipos de Gobierno de Alicante y Elche, ya que, a su juicio, «rompe una incomunicación histórica», ya que hasta ahora «han ido uno contra otro».
Echávarri ha afirmado que los dos gobiernos tienen «claro» que yendo juntos, sumando las infraestructuras de ambas ciudades, serían «un foco de atracción de inversiones absolutamente imparable», a lo que se suma la cercanía de ambas urbes. Así, ha asegurado, que está «convencido» de que irán juntos «a reivindicar a Madrid esas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para que se igualen con la media nacional». Por último, ha concluido que espera que sea el inicio de «una relación muy fructífera»
Marta García Romeu argumenta que la actuación «es perfectamente legal» y que «lo único que ha dicho un juez es que no cabe la paralización y que continúe la tramitación»
El alcalde de Alicante, el popular Miguel Valor, ha advertido sobre el debate en torno a la implantación de Ikea que si no se ubica en el término municipal, posiblemente se abrirá en otros municipios de los alrededores, entre los que ha citado Sant Joan d’Alacant, Elche o San Vicente del Raspeig.
«Si no lo ponemos nosotros, a lo mejor lo coloca alguien: San Juan, Elche o San Vicente», ha alertado tras participar en la rueda de prensa de presentación del acto inaugural de la exposición sobre Joan Miró «Morí el Merma».
Ante las preguntas de los periodistas, Valor no ha profundizado en este asunto y, para evitar equivocarse, ha preferido pasar la palabra la concejal de Urbanismo, Marta García-Romeu, quien ha insistido en que la Actuación Territorial Estratégica (ATE) «no se ha parado nunca» y también en que el ayuntamiento «no conoce todavía el proyecto porque no se ha expuesto públicamente».
De esta manera, la concejal ha manifestado que el ayuntamiento conocerá las previsiones de suelo terciario y su distribución comercial o para otros usos, como parque científico de la Universidad de Alicante u otros espacios gastronómicos, cuando se abra la fase de exposición pública.
La popular ha confirmado que el alcalde se reunirá con los comerciantes una vez que se conozca el proyecto y ha relatado que la tramitación que ha conducido a la terminación del expediente permitirá, previsiblemente en breve, abrir el periodo de alegaciones durante 45 días, previa a la aprobación definitiva por parte de la Generalitat.
Para García-Romeu, la implantación de Ikea es positiva para Alicante al «dar prosperidad y miles de puestos de trabajo», y ha añadido que por eso muchos otros municipios aspiraban a conseguir el proyecto.
Preguntada por si está a favor de la zona comercial adyacente a Ikea, García-Romeu ha comentado que el ayuntamiento no decide porque se trata de «una iniciativa privada que se presenta con una tramitación a través de ATE, que es legal, viable y tienen derecho a llevarla adelante».
Del pleno extraordinario de mañana, ha incidido en que el único punto del orden del día será la paralización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por lo que no se tratará Ikea.
Del PGOU ha comentado podría ser elaborado únicamente por técnicos municipales, mediante la contratación de terceros o por una fórmula «mixta», opción ésta última «factible» en su opinión.
La concejal de Urbanismo ha explicado que se buscará la mejor fórmula para ganar en agilidad, aunque ha recordado que gran parte del trabajo ya hecho será aprovechado.
También ha comentado que actualmente en Urbanismo sólo hay un arquitecto y que, por lo tanto, cuando se determine qué parte del PGOU antiguo sirve y cuál no y también se decidan las aportaciones a partir de los talleres participativos que se van a abrir, se escogerá cómo siguen los trabajos.
Como ejemplo, ha explicado que podría contratarse con técnicos distintos a los municipales una parte, como podría ser la urbana o la ambiental.
García-Romeu ha insistido en la idea de que el PGOU que ahora se paraliza «no se tira» y que no se ha malgastado «un solo euro» ya que se aprovechará un porcentaje, que ha cifrado en «mucho».
La consellera ha asegurado que el proyecto sigue adelante y que no se ha ralentizado
La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha afirmado que la tramitación administrativa de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) seguirá adelante salvo que un juez «determine su paralización».
Bonig se ha pronunciado de esta manera a preguntas de los medios antes de comenzar la jornada parlamentaria del PP en las Corts, en relación a la situación en que se encuentra el Plan Rabassa, después de la imputación de la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortíz en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de dicha actuación.
En este sentido, ha explicado que «cuando entran en la Administración está la obligación de tramitarlos, salvo que el inversor que exista o un juez determine su paralización». «Mientras, va todo adelante, insisto, con estricto cumplimiento de la ley y todos los informes son positivos y todos los instrumentos tienen que ser aprobados por la Conselleria con el visto bueno de los técnicos».
La llegada de Ikea a Alicante «se está tramitando como ATE», ha recordado Bonig, quien ha explicado que se va a desarrollar «con todos los instrumentos urbanísticos y con todos los informes favorables».
«Ahora, si un juzgado ordena la paralización pues obviamente nosotros lo paralizaremos» pero, «de momento, nosotros seguimos con todo el procedimiento administrativo con estricta sujeción a lo que establece la ley y los informes», ha insistido. A preguntas de los medios ha asegurado que «no se ha ralentizado el proyecto».
La diputada López Barceló ha exigido que «de una vez por todas abandone la alcaldía de Alicante por una cuestión de dignidad democrática»
La diputada de EUPV por Alicante, Esther López Barceló, ha reclamado la dimisión de la alcaldesa, Sonia Castedo, tras su imputación por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortíz en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan Rabasa, donde se prevé la apertura de una tienda Ikea, así como la paralización urgente de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del establecimiento sueco por parte del Consell.
En un comunicado, le reclama que «paralice de facto y de forma urgentísima» la tramitación del ATE de Ikea, al considerar que «podría llegar a producirse un presunto fraude de ley en un pelotazo que, al parecer, podría haber estado fraguándose presuntamente entre Ortiz y Castedo desde hace ya muchísimos años».
De hecho, López Barceló ha advertido de que «si el Consell no lo paraliza», su grupo lo pedirá «a través de la vía penal».
Desde EUPV han exigido que «de una vez por todas abandone la alcaldía de Alicante por una cuestión de dignidad democrática», al considerar que Alicante «no se merece que siga ostentando la máxima representación política una persona que está siendo investigada en dos causas diferentes por presuntos delitos de corrupción», en esta y en la que investiga irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana.
Pavón exige la dimisión «inmediata» e «irrevocable» de Castedo
El portavoz de EU en el Ayuntamiento de Alicante , Miguel Ángel Pavón, ha exigido hoy «la dimisión inmediata e irrevocable de la aún alcaldesa, Sonia Castedo (PP)» y anunciado que su grupo solicitará en el pleno municipal una comisión de investigación sobre el plan urbanístico de Rabasa.
«La losa de las sospechas de corrupción es ya insoportable. Castedo debe dimitir de inmediato y de forma irrevocable de la Alcaldía», ha manifestado Pavón, tras la citación como imputada de la regidora popular por el citado plan urbanístico.
La investigación sobre la tramitación del plan Rabasa guarda relación con la denuncia presentada hace dos años por EU contra Castedo, su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, y el empresario Enrique Ortiz -los tres imputados también en la pieza de caso Brugal relativa a las supuestas irregularidades del PGOU- por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias
