El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado hoy, del extremo riesgo de emergencia de incendios forestales previsto para mañana, lunes 1 de julio de 2019.
El peligro de conflagración se sitúa en un nivel 3, por lo que la Agencia de Seguridad y Respuesta a las emergencias ha advertido a los ayuntamientos que extremen las precauciones en la vigilancia de las superficies forestales.
El concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Rafael Galvañ (PP) aconseja evitar toda clase de acciones que puedan originar un incendio forestal y recuerda que alrededor de un 95 % de los incendios forestales se deben a la acción humana. Asimismo, añade que “en caso de detectar un incendio en nuestro municipio, además de contactar con las fuerza locales de seguridad, se debe transmitir la información al Centro de Coordinación de Emergencias a través del teléfono 112”.
Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han manifestado que “se han reforzado los parques, los bomberos forestales, que suelen estar en su base en alerta, pasan a estar in itinere”. Asimismo, han asegurado que el tren de salida se ha ampliado con más medios aéreos.
El jefe de la Policía Local de El Campello, José Antonio Cano, informó que desde el pasado miércoles, 26 de junio, la vigilancia se había reforzado, si bien la observancia se amplía también a las zonas que, no siendo forestales son susceptibles de siniestro. Asimismo, desde el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, se ha puesto especial hincapié en el cumplimiento de los protocolos y recomendaciones.
Entre las recomendaciones a tener presente se encuentran, no arrojar cigarrillos ni fósforos al suelo, no encender fuego en el monte, si se va a hacer una quema, solicitar la autorización oportuna, no utilizar maquinaria agrícola o forestal que pueda generar incendios, cumplir con las restricciones de acceso a zonas, no arrojar basuras fuera de los contenedores habilitados y recordar que nunca se debe trabajar sólo, ya que la seguridad es el factor más importante.
– El Ayuntamiento de El Campello aplica descuentos en actividades formativas y de ocio.
– 136 ayuntamientos de la Comunitat ofrecen ventajas de Carnet Jove
El pleno del Consell ha aprobado el convenio de colaboración entre el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) y el Ayuntamiento de El Campello para la emisión en sede municipal del Carnet Jove a jóvenes de 14 a 30 años.
El convenio aprobado regula las condiciones de colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento de El Campello ofreciendo un nuevo servicio a los y las jóvenes a nivel local, de acuerdo con los términos que establece la Asociación Europea del Carnet Jove (EYCA) y el IVAJ.
Más de 4.500 jóvenes se podrán beneficiar de este acuerdo con el ayuntamiento que, como entidad adherida, aplica descuentos del 20% en sus actividades de Juventud, formativas y de ocio. El nivel de implantación del Carnet Jove en El Campello es actualmente del 27,46%
En la comarca de L’Alacantí, los ayuntamientos de El Campello, Mutxamel y Sant Joan d’Alacant han establecido convenios de emisión del Carnet Jove, la credencial permite el desarrollo de actividades culturales, de ocio educativo, deportivas o de movilidad en mejores condiciones en toda Europa.
136 ayuntamientos aplican descuentos
En la Comunitat Valenciana, un total de 136 ayuntamientos, 61 de la provincia de Valencia, 49 de la de Alicante y 26 de la de Castellón están adheridos a la Red Carnet Jove. Actualmente, más de 241.000 jóvenes disponen del Carnet Jove de la Generalitat en la Comunitat a quienes un total de 1.688 empresas y entidades ofrecen ventajas que se pueden localizar en la web del IVAJ www.ivaj.gva.es/carnetjove
Asimismo, está activa una lista de distribución de Carnet Jove para recibir información actualizada de promociones y ofertas especiales.
Con la privatización de la piscina el ayuntamiento regala una inversión pública de 5,5 millones para que se lucre con las tarifas un privado.
Muy lejos quedan los siete meses que se calculaban que iban a durar las obras del complejo deportivo para El Campello, o finales de 2016 que este equipo de gobierno aseguraba que abriría la piscina. Ya han pasado más de ocho años desde que iniciaran las obras y a pesar de contar con las obras finalizadas, seguimos sin poder disfrutarlas.
Cabe recordar que el complejo deportivo costó 5,5 millones de euros públicos, gracias al Plan Confianza de la Generalitat Valenciana, y que el Ayuntamiento de El Campello, en sesión plenaria en un bochornoso espectáculo de agradecimientos entre los grupos del equipo de gobierno: Compromís, PSOE y PdC (Podemos), al Partido Popular y C’s aprobaron privatizarla por 12 años.
EUPV fue la única formación política en oponerse a la privatización del complejo, ya que lo concebimos como un servicio deportivo municipal cuyo único fin radica en el fomento de la salud y el ocio en nuestro municipio, al alcance de todos/as los vecinos/as, y de todos los bolsillos. Y no como un proyecto empresarial que deje en la puerta a quienes no le sea rentable a la empresa que lo gestione.
Como ya denunció Esquerra Unida, las instalaciones de la piscina entraron en fase de pruebas hace dos años, agosto de 2016, y a principios de 2017 la piscina ya se encontraba en plenas condiciones para ser abierta y poder ser disfrutada por los usuarios. Si a día de hoy aún está cerrada es debido a los trámites burocráticos de su privatización. O lo que es lo mismo, hace un año y medio que podríamos estar disfrutado de las instalaciones deportivas si estas fueran directamente gestionadas por el ayuntamiento.
Como consecuencia de esta tardanza, el mantenimiento realizado únicamente para evitar que se puedan deteriorar o dañar los sistemas por la falta de uso, genera altos costes para las arcas municipales. Desde enero 2017 estamos pagando 4.700 euros al mes y desde el tercer trimestre de 2017 dicho importe ha sido incrementado a 5.900€ al mes, al incluirse el mantenimiento de las pistas deportivas anexas. Calculamos que hasta agosto de 2018, la piscina cuenta con un sobrecoste de mantenimiento de 100.000€, cifra que nos parece vergonzante.
Para finalizar, a Esquerra Unida le preocuparía que tras un año y medio no contemos con un pliego de contratación para la prestación de los servicios de mantenimiento citados, lo que indicaría que, o bien estamos fraccionando contratos menores o nos encontramos pagando facturas a una empresa sin tan siquiera contar con un contrato, las dos opciones irregulares y sancionables. Es por ello, que nuestro grupo municipal ya ha pedido todas las facturas, así como los informes de los técnicos municipales de lo que consideramos “una ruinosa gestión para los bolsillos de los campelleros y campelleras”.
Por primera vez se incluye al alumnado de Educación Infantil con beca de transporte como beneficiario directo de las ayudas de comedor
– El modelo de solicitud de las becas de transporte y comedor será único y podrá presentarse en los centros educativos a partir de este jueves
– Las familias que mantengan las mismas condiciones que el año pasado tan sólo tendrán que confirmar el borrador de solicitud, que les facilitará el centro educativo a partir del 1 de junio
La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana las convocatorias de ayudas para comedor y transporte escolar para el curso 2017-2018.
Así, Educación destinará para el próximo curso escolar un total de 63.843.000 euros en concepto de ayudas de comedor escolar y 1.633.510 euros para ayudas individuales de transporte. Cabe recordar que, además, la administración educativa asume el coste del transporte colectivo del que anualmente se benefician alrededor de 60.000 alumnos.
Como principal novedad, la conselleria incluye como beneficiario directo de comedor escolar al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil beneficiario de la beca de transporte escolar.
Asimismo, para el próximo curso, el modelo de solicitud de ambas convocatorias y el procedimiento para su tramitación será único, iniciándose el plazo para su presentación a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el DOGV.
Además, este año, por primera vez, Educación ha previsto elaborar un borrador de solicitud de ayudas con los datos que obran en poder de la Administración, para las familias que mantengan las mismas condiciones que el curso anterior. De esta manera, tan sólo se tendrá que confirmar el borrador de solicitud a partir del 1 de junio, en el centro donde tengan escolarizados a sus hijos.
Ayudas de comedor
Estas ayudas permiten sufragar, durante el curso 2017-2018, el total o una parte del coste del servicio de comedor escolar del alumnado escolarizado en centros educativos no universitarios de titularidad de la Generalitat, privados concertados o de titularidad pública diferente de la Generalitat que disponen de este servicio complementario.
Puede ser beneficiario de las ayudas el alumnado escolarizado en centros educativos no universitarios de titularidad de la Generalitat dependientes de la consellería con competencias en materia de educación, y al alumnado escolarizado en centros privados concertados o centros de titularidad pública diferente de la Generalitat, que disponen del servicio de comedor escolar, en niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria.
Asimismo, se beneficiará el alumnado de los centros específicos de educación especial de titularidad de la Generalitat, y el alumnado de tercer nivel de Educación Infantil de primer ciclo de los centros que participan en el proyecto experimental de incorporación del nivel educativo de 2 a 3 años en colegios de Educación Infantil y Primaria de titularidad de la Generalitat.
La resolución establece el umbral máximo de renta para poder solicitar las ayudas, que para una familia de cuatro miembros queda establecido en 38.831 euros anuales, teniendo en cuenta la renta de 2016.
En cuanto a la cuantía de la ayudas, el alumnado beneficiario percibirá hasta 4,25 euros diarios en el caso de que curse Educación Infantil, Educación Primaria y ESO, hasta 5,44 euros en el caso de alumnado de Educación Especial y hasta 12,25 euros para escolarizados en escuelas-hogar.
Se considerará beneficiario directo de la ayuda, y por lo tanto recibirá el importe máximo, por primera vez el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, así como el de Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria que sea beneficiario del transporte escolar colectivo y que haga un uso habitual, o de una ayuda individual de transporte, en ambos casos por el hecho de residir en un municipio diferente de aquel en que se encuentre el centro educativo en que esté escolarizado.
El alumnado escolarizado en centros específicos de Educación Especial de titularidad de la Generalitat o en aulas específicas de educación especial en centros ordinarios de titularidad de la Generalitat, privados concertados o de titularidad pública diferente de la Generalitat; así como aquellos que se encuentren en situación de acogida familiar o residencial, así como los hijos o las hijas de familias acogedoras; los hijos y las hijas de víctimas de violencia de género, y las víctimas del terrorismo.
Ayudas de transporte
Podrá ser beneficiario del servicio escolar complementario de transporte el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria cuando haya sido escolarizado en un centro de un municipio diferente al de su residencia por no existir en ésta oferta educativa. A efectos de transporte escolar, se considerará municipio distinto los núcleos de población o núcleos diseminados, separados territorialmente del municipio al que pertenezca dicho núcleo, siempre que se trate de núcleos con una identidad histórica y cultural fácilmente reconocible e independiente del resto del municipio al que pertenecen y, además, se encuentren separados de cualquier otro núcleo de población del municipio por una franja de suelo no urbanizable, y que dicho núcleo no cuente con centro educativo. En ningún caso tendrán esta consideración las urbanizaciones o núcleos de población de características similares.
Asimismo, será beneficiario el alumnado escolarizado en centros o aulas específicas de Educación Especial, y el alumnado de Educación Infantil de segundo ciclo, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria cuyo domicilio habitual, debidamente acreditado, esté a una distancia igual o superior a 3 km del centro educativo en que esté escolarizado siguiendo la trayectoria de menor distancia accesible y segura. Con carácter excepcional y, con un informe previo motivado de la dirección territorial competente en materia de educación, se podrán tener en cuenta aquellas zonas en que el acceso al centro docente sea dificultoso a causa de la orografía del terreno, de la peligrosidad de las vías o del tiempo de acceso.
Además, con carácter excepcional se podrá autorizar para el uso del servicio de transporte escolar al alumnado con dificultades especiales de acceso al centro docente y que no cumpla los requisitos para ser beneficiario del transporte escolar, y el alumnado de otros niveles de enseñanza reglada y en especial aquellos que residan en zonas rurales que no dispongan de servicio público de transporte regular que pueda atender las necesidades del alumnado.
En cuanto a las ayudas individuales de transporte escolar, hay que señalar que se otorgan a aquel alumnado que no dispone de líneas de transporte escolar colectivo. La cantidad económica otorgada a los beneficiarios se establece por la distancia entre el lugar de origen del alumnado y los centros escolares. Así, la cantidad máxima es de 797,07 euros para el alumnado que se encuentra a más de 20 kilómetros del centro escolar y la mínima es de 340,02 euros para el alumnado que se encuentra a menos de 6 kilómetros.
Margaret, de 79 años y nacionalidad británica, fue asesinada presuntamente por su pareja el pasado 19 de febrero en una residencia de El Campello.
El Consell ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat para ejercitar la acción popular por el asesinato de Margaret, de 79 años y nacionalidad británica, en un nuevo caso relacionado con una agresión machista con resultado de muerte en la Comunitat Valenciana.
El suceso, ocurrido el pasado 19 de febrero en una residencia de personas mayores en El Campello, constituye un caso de violencia de género, ya que Margaret fue asesinada presuntamente por su pareja.
Se trata, por tanto, de un problema de ámbito social público de interés general que obliga a los poderes públicos a actuar de manera activa con el objetivo de lograr la plena erradicación de los malos tratos.
Legislación vigente y actuación institucional
El artículo 36 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, establece que la conselleria con competencias en materia de mujer podrá proponer al Consell de la Generalitat el ejercicio de la acción popular, a través de la Abogacía General de la Generalitat, o de abogadas/os colegiadas/os, en los supuestos de agresiones físicas domésticas en los que se cause la muerte o lesiones graves a mujeres residentes en la Comunitat Valenciana.
La Ley Integral contra la violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 7/2012 de la Generalitat Valenciana, establece en su artículo 58 que la Generalitat ejercerá la acción popular en todos los procedimientos penales que se sigan por delitos de violencia sobre la mujer con resultado de muerte, así como en aquellos casos en los que se genere alarma social o produzca lesiones graves e invalidantes.
Además, en su caso, la Generalitat solicitará siempre la privación de la patria potestad del presunto agresor.
Asimismo, la Ley 10/2005 de Asistencia Jurídica de la Generalitat dispone que corresponden a los abogados de la Generalitat, integrados en la Abogacía General de la Generalitat, la representación y defensa en juicio.
Cabe recordar que el Consell cuenta con un protocolo de Actuación Institucional de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para los asesinatos de mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de aunar esfuerzos y visibilizar, de forma conjunta, el rechazo a los actos de violencia de género en aquellos casos en que se produzca la muerte de una mujer o de sus hijos o hijas en la Comunitat Valenciana.
Dicho protocolo incluye, como norma general, la realización de una concentración de repulsa en la puerta del Palau de la Generalitat y en la de cada una de las consellerias.
La Comisión Interdepartamental para el Seguimiento y la Coordinación de la Postemergencia ha aprobado el inicio de las acciones necesarias para la puesta a punto de todas las infraestructuras turísticas afectadas por el temporal
El secretario autonómico de Turisme destaca la agilidad con la que se han llevado a cabo los trabajos de identificación y valoración de los
La Comisión Interdepartamental para el Seguimiento y la Coordinación de la Postemergencia ha aprobado que se inicie, con carácter de urgencia, el procedimiento para la dotación presupuestaria con cargo al Fondo de Contingencia 2017, para llevar a cabo las acciones necesarias que permitan la puesta a punto de todas las infraestructuras turísticas que se vieron afectadas por el temporal de lluvia y viento del pasado mes de enero.
En concreto, y según la valoración llevada a cabo por la Agència Valenciana del Turisme (AVT), el importe estimado de los daños para todos los municipios de la Comunitat Valenciana asciende a 4.330.000 euros.
En este sentido, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha destacado la agilidad con la que los técnicos de AVT han llevado a cabo los trabajos de identificación y valoración y ha recordado que, de forma inmediata tras el temporal, «nos reunimos con los ayuntamientos afectados para que este proceso se completara lo antes posible y centrarnos en la recuperación de nuestra imagen como destino turístico».
Colomer ha hecho hincapié en que «ahora debemos persuadir a Costas para que también esté a la altura de las circunstancias y para que las playas estén cuando llegue la temporada y no después, en perfecto estado de revista». «No se espera otra cosa de los poderes públicos», ha añadido.
Cabe tener en cuenta que la intensidad de las lluvias provocaron grandes desperfectos en el conjunto de las infraestructuras turísticas del litoral, como son la rotura en los sistemas de captación de agua para las estaciones de bombeo o su inundación, pérdida de pasarelas, papeleras, infraestructuras higiénicas y/o lúdico-deportivas.
En este sentido, tal como se ha apuntado desde la AVT, uno de los problemas más repetidos ha sido el enterramiento de lavapiés y la rotura de sus conexiones, así como el desplome de elementos lúdicos y deportivos al desplazarse las cimentaciones desde su lugar inicial.
A ello se suma el gran número de municipios afectados que, de norte a sur de la Comunitat son: Vinarós, Benicarló, Peñiscola, Alcalá de Xivert, Torreblanca, Cabanes, Orpesa, Benicàssim, Castellón de la Plana, Almassora, Burriana, Nules, Moncofa, Chilches, la Llosa y Almenara en la Provincia de Castellón, Canet d’En Berenguer, Puçol. El Puig, La Pobla de Farnals, , Massamagrell, Mediana, Alboraia, Valencia, El Perelló, Sueca, Mareny de Barraquetes, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia, Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar, Piles y Oliva en la Provincia de Valencia. Dénia, Xàbia, Teulada, Benissa, Calpe, Altea, L’Alfàs del Pi, Benidorm, Finestrat, la Vila Joiosa, El Campello, Alicante, Elx, Santa Pola, Guardamar del Segura, Torrevieja, Orihuela, y Pilar de la Horadada en la Provincia de Alicante. En concreto, el balance de daños de la provincia de Castellón ascienda a 824.000 euros, en la de Valencia a 1.782.000 y a un total de 1.674.000 en Alicante.
El secretario autonómico de Turisme ha hecho hincapié en «el esfuerzo que se ha realizado desde la AVT para iniciar los trabajos lo antes posible, junto con la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, que dirige José María Ángel», al tiempo que ha apuntado que «esperamos que los trámites administrativos y el resto de acciones que afectan a la fachada litoral se enmarquen también en un calendario propicio para que las playas estén en condiciones de recibir a los turistas, tanto en la campaña de Semana Santa como en verano». En este sentido, ha destacado también que «finalmente la cuantificación de daños es más elevada de lo que se había estimado en un principio, pero haremos todos los esfuerzos que estén en nuestra mano para que el Mediterráneo siga siendo imagen de calidad de nuestra Comunitat».
La directora general de Turismo de la Generalitat Valenciana, Raquel Huete, participa el 16 de enero en el panel de innovación en políticas públicas y gobernanza en turismo, un foro organizado por la Organización Mundial del Turismo con motivo de Fitur 2017. En la jornada participan los finalistas que optan al premio a la Excelencia y la Innovación en Turismo que cada año concede la OMT.
Entre los doce finalistas, seleccionados entre 139 candidatos de 55 países, está el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat·tur), el Ministerio de Turismo de Egipto, el Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de Turismo de Guanajuato de México, cuatro proyectos que compiten en la categoría de Investigación y Tecnología.
Raquel Huete explicará en su intervención los objetivos, ejes de actuación y principales proyectos y resultados del Invat·tur. Posteriormente participará en una mesa redonda con el resto de destinos nominados.
La Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) acogerá el anuncio y la entrega de premios de la OMT a los ganadores el día 18 de enero de 2017. Los premios reconocen la excelencia y la innovación en el turismo en cuatro categorías que son Política y Gobernabilidad, Empresas, Organizaciones no Gubernamentales e Investigación y Tecnología, en la que Invat·tur ha quedado finalista. Los premios a la Excelencia e Innovación en Turismo que otorga cada año la OMT representa el acontecimiento más importante del sector turístico a nivel mundial. Desde hace catorce años, la OMT premia el trabajo de organizaciones y personas de todo el planeta que han trabajado para el sector turístico a través de la innovación y el conocimiento.
Hasta este momento, han sido reconocidos destacados académicos, líderes inspiradores, así como más de sesenta iniciativas de los sectores público y privado y ONGs, cuyos logros han servido de inspiración para el desarrollo internacional. Dos días después, el miércoles 18 se fallarán los premios en la 13th UNWTO Awards Forum and the UNWTO Awards Ceremony.
El secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, Francesc Colomer, ha señalado que ser finalista de estos galardones de la OMT «es todo un reconocimiento al esfuerzo profesional desarrollado en Invat·tur, cuyo objetivo es generar líneas de innovación que finalmente reviertan en el sector turístico valenciano».
La Conselleria de Justicia y el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados han acordado la puesta en marcha de un servicio gratuito de asesoramiento legal para los afectados por las cláusulas suelo hipotecarias.
Este servicio será canalizado a través de los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados de la Comunitat Valenciana, con cuyos representantes se ha reunido este jueves la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, para cerrar el acuerdo que permitirá la creación de esta nueva prestación, incluida en el catálogo de justicia gratuita que ofrece la Generalitat.
Según los términos del acuerdo al que se ha llegado entre la titular de Justicia del Gobierno valenciano y la cúpula de las organizaciones colegiales de letrados, cada colegio de abogados de la Comunitat Valenciana prestará el asesoramiento en sus respectivas oficinas de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ).
En los SOJ, los interesados tendrán a su disposición tanto la información necesaria sobre lo que debe hacer si sabe o sospecha que su hipoteca tiene algún tipo de clausula-suelo declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como un formulario-tipo para que, en el caso de que sea así, el afectado pueda cumplimentarlo con la asistencia jurídica apropiada y presentarlo ante la entidad financiera correspondiente para iniciar el proceso legal.
Según ha explicado la consellera Gabriela Bravo, «el acuerdo que hemos alcanzado con los colegios de abogados es una iniciativa que hace avanzar en una justicia para todos y, además, da una respuesta rápida y eficaz para solucionar un problema que afecta a miles de valencianos».
Para Bravo, «tanto la información que estará disponible en cada colegio como el formulario-tipo están diseñados para encauzar la asistencia legal de quien lo solicite, facilitar las posibles reclamaciones y llegar a soluciones rápidas y siempre que sea posible, por la vía extrajudicial».
La Generalitat asumirá tanto el coste del servicio de los profesionales de la abogacía, como el coste derivado de la formación específica en esta materia que recibirán los abogados de cada colegio que vayan a prestar el asesoramiento legal a los afectados por esta situación. Se calcula que, entre las tres provincias de la Comunitat Valenciana, puede haber unas 500.000 personas que en su día firmaron hipotecas que contenían cláusulas suelo que, de media, han pagado alrededor de 6.000 euros de más.
La Generalitat necesita contratar a 4500 nuevos empleados públicos en los próximos tres años.
«Esa es la única manera de evitar el colapso de una Administración lastrada por el alto número de vacantes en su plantilla, 1141 sobre un total de 17073 puestos de trabajo, y amenazada por el envejecimiento de la plantilla, fenómeno que provocará 5000 jubilaciones en los próximos cinco años, 12000 en la próximas dos décadas», ha señalado la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo.
Esta es una de las principales conclusiones del Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Generalitat que la consellera ha presentado este viernes al Consell, en primer lugar, y a continuación a las organizaciones sindicales representadas en la Mesa General de Negociación del personal funcionario, estatutario y laboral de la Generalitat.
La elaboración del plan estratégico fue encargada por el Consell a la consellera Bravo en el Seminario de Gobierno Invierno 2016, celebrado el pasado mes de enero en Morella, con el objeto de dotar a todas las consellerias del personal formado necesario para su actividad.
Para cumplir esa encomienda, la consellera constituyó un grupo de trabajo en la Dirección General de Función Pública, que ha sido la responsable de la elaboración del plan, que se se circunscribe al sector de la Administración General y sobre cuya gestión es competente la Dirección General de Función Pública.
A partir de un diagnóstico previo, el documento analiza cuáles son las actuaciones necesarias en la Administración de la Generalitat en materia de recursos humanos y se planifican las medidas concretas a realizar en los próximos años.
Alta temporalidad y envejecimiento
Respecto al diagnóstico realizado, uno de los elementos más llamativos detectados en la plantilla de la Administración valenciana es su elevada tasa de temporalidad, dada la gran proporción sobre el total del personal interino o contratado laboral temporal.
La Administración de la Generalitat dispone de 17073 puestos de trabajo. De éstos, sólo 15093 están ocupados, el 88,4 %. Las vacantes, un total de 1141, afectan sobre todo a las consellerias de Agricultura y Medio Ambiente y a la de Educación. A continuación, destacan el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
La estructura de estas plazas ocupadas es la siguiente:
– 9219 Funcionarios de carrera
– 4784 Interinos de urgencia
– 1001 Contratados laborales
– 832 Laborales temporales
– 59 Eventuales
– 35 Laborales indefinidos no fijos
– 18 Otros
Otro elemento destacable de la plantilla de la Administración valenciana es su elevada tasa de provisionalidad, provocada por la generalización, entre el personal funcionario y contratado laboral fijo, de situaciones de provisión no definitivas, tales como la comisión de servicios y la adscripción provisional. Como consecuencia, sólo 6481 funcionarios ocupan la plaza de la que son titulares (el 42% de las plazas ocupadas), mientras que 8612 plazas tienen un ocupante provisional.
La conclusión a la que llega el estudio es que el 36% del personal está en situación de precariedad laboral. Su distribución, además, no es homogénea, porque ese porcentaje se eleva al 51% en el SERVEF, al 49,9% en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y al 45% en Educación y Cultura.
Por último, el informe elaborado por la Dirección General de Función Pública destaca el proceso de envejecimiento de las plantillas. Más del 60% de los empleados públicos tienen cincuenta o más años; de ellos, más del 13% superan los sesenta. Sólo 58 personas de la administración del Consell tienen edad inferior a los treinta. Es pues, una plantilla envejecida.
En los próximos diez años se jubilan más de 5.000 efectivos. Si se añade la previsión de bajas por incapacidad permanente o defunción, a partir de 2018 todos los años podrán generarse más de 500 vacantes, que serán cerca de 800 a partir de 2022 y 900 entre los años 2025-2029. En 20 años se jubilará el 75% de la plantilla, más de 12000 personas.
El plan defiende que para disminuir la tasa de temporalidad y rejuvenecer las plantillas es necesario convocar procesos selectivos en la casi totalidad de sectores de la administración autonómica, así como la inclusión de procesos selectivos libres (no restringidos) en los que puedan valorarse, entre otros méritos, los servicios prestados y la experiencia en los puestos objeto de la convocatoria. Por ello, el planteamiento ideal de las ofertas para los tres próximos años es la combinación de procesos ordinarios en los que se oferten un número alto de plazas junto a procesos de consolidación en los que se valore sobre todo la experiencia acumulada.
Una vez reducida la temporalidad, se debería mantener esa situación mediante la convocatoria regular de procesos selectivos a través del sistema de oposición que permita un rejuvenecimiento de las plantillas.
Sin embargo, la plena efectividad de estas actuaciones requiere la eliminación de las cláusulas restrictivas que en los últimos años incluyen las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado en materia de número de plazas susceptibles de ser convocadas en oferta de empleo público por las administraciones públicas, lo que se conoce como porcentajes sobre la tasa de reposición de efectivos .
El plan estratégico también considera imprescindible la modificación de la disposición transitoria cuarta del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que limita la posibilidad de efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos desempeñados interina o temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2005.
Los técnicos de la Dirección General de la Función Pública consideran que no es posible atajar las deficiencias de las que adolece la Administración de la Generalitat si el Gobierno central sigue manteniendo limitaciones a la posibilidad de convocar ofertas de empleo. Por ello, la Generalitat Valenciana ha reclamado y va a seguir reclamando al Gobierno la eliminación en las próximas leyes de Presupuestos Generales del Estado de las limitaciones respecto a las ofertas públicas de empleo.
Dos escenarios
Ya que a fecha de hoy se desconoce cuál va a ser ese planteamiento para 2017 y para los años siguientes, es necesario plantear dos escenarios posibles, a los que se corresponden dos programaciones distintas.
En caso de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado eliminase las limitaciones relativas a la tasa de reposición, la Generalitat podría aprobar tres ofertas anuales de unas 1500 plazas cada una para los años 2017, 2018 y 2019. Se conseguiría así ofertar un volumen de plazas cercano al 90% de las vacantes. Los procesos de consolidación se incluirían en los dos primeros años. De poder actuar así, el plan calcula que, una vez ejecutadas estas ofertas, la tasa de temporalidad habrá descendido a un 15%, pese al elevado número de bajas que se prevén.
Si por el contrario, se mantienen las tasas de reposición, el plan alerta de que será imposible disminuir la tasa de temporalidad, por lo que el documento recomienda que se siga instando al Gobierno de España a la eliminación de las restricciones.
De esta manera, si la tasa resultante para 2017 es la misma que para 2016, el plan apuesta por tres ofertas anuales de unas 350 plazas de turno libre cada una y entre 260 – 300 plazas de promoción interna. Son ofertas no solo insuficientes para lograr una reducción de la tasa de temporalidad, sino que ésta habrá aumentado transcurridos los tres años.
Otras iniciativas
Para la elaboración de esta planificación estratégica, la Dirección General de Función Pública solicitó a las organizaciones sindicales la presentación de sus propuestas de creación, amortización o modificación de puestos de trabajo, que fueron estudiadas y analizadas junto con las respectivas consellerias y organismos.
También analizó la situación estructural de las plantillas de cada conselleria y organismo, y se les requirió una memoria detallada en la que se hicieran constar, por áreas o ámbitos funcionales de su competencia, datos sobre la situación y ocupación real de los puestos en las estructuras, necesidades de modificación de puestos, necesidades de creación de puestos y posibles amortizaciones.
Esta información permitió incluir en el plan estratégico otras medidas cuya adopción es necesaria. Entre otras:
1) Homogeneizar las posiciones retributivas correspondientes a puestos de trabajo con las mismas funciones, del mismo cuerpo o escala y susceptibles de ser desempeñados por personal perteneciente al mismo grupo de titulación.
2) Reestructurar el sistema de cuerpos y escalas vigente para reducir de manera notable su número y facilitar así la movilidad del personal empleado público. Esta tarea se acometerá a través de la reforma de la estructura de la función pública de la administración de la Generalitat que quedará plasmada en la nueva ley de empleo público en la que está trabajando la conselleria.
3) Crear y cubrir nuevos puestos de trabajo para atender las actuales exigencias administrativas derivadas del cumplimiento de las competencias de los distintos departamentos de la Administración de la Generalitat.
4) Reducción de la tasa de temporalidad, actualmente del 34%, así como de la de no ocupación (casi el 12%), y la de provisionalidad (58%). Para ello es necesario la convocatoria periódica de concursos de traslados así como la convocatoria de procesos selectivos y, dentro de estos últimos, la convocatoria de procesos de consolidación de empleo.
Declaracions de la consellera de Justícia, Gabriela Bravo
La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local de 2013 fijaba un plazo de un año para la adaptación, que el anterior Gobierno incumplió. Hasta ahora, la Generalitat Valenciana ostentaba el porcentaje mayoritario
(09/12/2016) El Consell ha aprobado la modificación de los estatutos de tres consorcios de residuos de Alicante para adaptarlos a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local de 2013.
Se trata de los consorcios constituidos para la ejecución del Plan zonal de residuos 6, del área de gestión A1 (correspondiente a las comarcas de la Marina Alta, la Marina Baixa y parte de L’Alacantí); del Plan zonal de residuos 7, del área de gestión A2 (correspondiente a la comarca del Comtat, parte de L’Alcoià y parte de L’Alacantí); y del Plan zonal de residuos 8, del área de gestión A3 (correspondiente a la comarca de L’Alt Vinalopó, parte del Vinalopó Mitjà i parte de L’Alcoià).
En ellos se establecía un porcentaje de participación de la Generalitat Valenciana del 25%. Dicho porcentaje era superior al de cada una de las restantes administraciones públicas consorciadas, por lo que el consorcio quedaba adscrito a la Generalitat Valenciana, que ostentaba la mayoría de los órganos de gobierno.
Debido a la sujeción al régimen presupuestario, de contabilidad y control de la Generalitat, la gestión de los consorcios se distanciaba del ámbito local en el que se justifica su finalidad e impedía el ejercicio de las competencias propias de las entidades locales de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local daba un plazo de un año (hasta el 30 de diciembre de 2014) para la adaptación de los estatutos de los consorcios, pero no se llevó a cabo durante la pasada legislatura. Esta adecuación a la normativa vigente forma parte del empeño de la conselleria por lograr una eficaz organización y funcionamiento de los Consorcios
Esta modificación responde, además, a una demanda de los propios consorcios para avanzar en la tramitación administrativa y la mejora de la gestión y dotarlos de mayor seguridad jurídica.
Mediante el acuerdo del Consell, se aprueba un cambio mínimo necesario, por el que la Generalitat Valenciana pasa a tener un 19% de la participación y la Diputación de Alicante (que hasta ahora tenía un 15%) pasa a tener un 21% de la participación.
La Generalitat ha concedido 411 distinciones de distintas categorías a agentes y unidades de las policías locales de la Comunitat Valenciana en un acto concebido para demostrar el reconocimiento público de la sociedad valenciana a la profesionalidad y a las actuaciones encomiables de estos profesionales.
La ceremonia, celebrada en la sede del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) en Cheste, ha estado presidida por la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, junto al director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel; el subdelegado del Gobierno en Valencia, Juan Carlos Valderrama, y otras autoridades policiales.
La consellera Bravo ha transmitido a todos los premiados el reconocimiento del President de la Generalitat, Ximo Puig, y de todo el Consell, «porque sabemos que trabajáis a diario en beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas, y eso os convierte en uno de los pilares de la defensa de los derechos y de las libertades públicas, responsabilidad a la que dáis respuesta con entrega y espíritu de servicio».
Estas condecoraciones pretenden «poner en valor la entrega y servicio de tantos profesionales que día a día y aún a riesgo de su integridad física no dudan en estar al lado de sus vecinos en aquellas situaciones críticas y peligrosas», ha señalado por su parte el director general Ángel.
De estas distinciones, 139 son felicitaciones públicas a título individual, entre las que destaca la de Inmaculada Soriano, intendente jefe en Villena, una de las primeras mujeres en formar parte de la policía local, la primera mujer jefa de un cuerpo de Policía Local de la Comunitat Valenciana y la segunda en el ámbito estatal.
A título colectivo, los premios han recaído en tres unidades operativas: la Unidad Canina de Alicante (UCAN) por la gran profesionalidad demostrada en sus intervenciones con perros adiestrados en la detección de drogas, vigilancia en centros escolares y prevención de delitos contra la salud pública; la Unidad Fox de Ocupación de Vía Pública de la Policía Local Alicante, por su labor conjunta y como ejemplo de policía de proximidad, y el Grupo Minerva de Concentaina, por la dedicación de sus miembros y su apoyo a las víctimas de violencia de género.
También han visto reconocida su labor agentes que han protagonizado actuaciones meritorias en servicios de extrema dificultad, que han cumplido 25 años de servicio o que han dedicado toda una vida a mejorar la seguridad ciudadana. Así, 259 agentes han sido distinguidos hoy con la Cruz al Mérito Policial. Uno de ellos, con distintivo rojo, que simboliza el reconocimiento de la Generalitat al valor y abnegación excepcional en actuaciones que van más allá del estricto cumplimiento del deber. Es el caso de un oficial de la policía local de Xàtiva que mientras intervenía en un incendio cayó de una altura de cinco metros y fue ingresado en estado crítico.
Otros 23 agentes han sido condecorados con la Cruz al Mérito Policial con distintivo azul por actos en los que han sobresalido con notoriedad o conducta ejemplar, y el resto, 235, con distintivo blanco o por cumplir 25 años ejemplares de servicio prestado. También se han entregado seis diplomas de jubilación por una la dedicación de una vida al servicio de ciudadano y protección de los derechos y libertades públicas.
Cuatro personas ajenas al cuerpo de la policía local han recibido el reconocimiento honorífico por su dedicación y entrega en beneficio de la Comunitat Valenciana. Es el caso de un hombre de Cullera que puso su vida en riesgo en un incendio para salvar al resto de vecinos; el de un hombre de Oliva que evitó que un vehículo descontrolado provocara un accidente en un mercado medieval; el de una estudiante de Alicante cuyo trabajo de investigación sobre hábitos de riesgo de los menores en Internet sirve a día de hoy como herramienta práctica y preventiva a la Policía Local de Alicante y, por último, el del jefe provincial de la Unidad Adscrita en Alicante por su esfuerzo en estrechar las relaciones entre los agentes de los cuerpos de policía local y nacional facilitando operaciones conjuntas en beneficio de la ciudadanía.
La directora general de Inclusión Social, Helena Ferrando, ha expuesto esta mañana en Alicante a más de 60 representantes de las Oficinas de Atención a Personas Migrantes y de los Ayuntamientos de la provincia de Alicante el Plan del Consell elaborado por la conselleria referente al acogimiento de personas refugiadas ante la crisis humanitaria de las actuales guerras.
En su intervención, la Helena Ferrando ha destacado el empeño del nuevo Gobierno valenciano en crear y gestionar las políticas sociales de inclusión «desde una perspectiva de diálogo y de participación y con criterios de descentralización». En este sentido, ha asegurado que las formas de gestionar ya ha marcado diferencias, «sobretodo en la cercanía a los problemas que más preocupan a la ciudadanía».
La directora general ha indicado que la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ampliará el presupuesto destinado a las Oficinas de Atención a Personas Migrantes (AMICS), y destinará en 2016 más de 1,2 millones de euros, con el objetivo de potenciarlas y reforzarlas y al mismo tiempo, para dar mayor cobertura y atención a las personas y familias refugiadas.
Además, ha asegurado que la Conselleria ha decidido para el próximo año 2016 convocar una orden de ayudas bienal dirigida a las Oficinas de Atención a Personas Migrantes con la finalidad de «proporcionar estabilidad y ampliar el ámbito de actuación para apoyar y atender a las personas migrantes», dotándolas de «mayor envergadura competenciales».
En la presentación en Alicante, Helena ferrando ha manifestado que las Oficinas «deben garantizar el acceso de las personas migrantes a todos los recursos públicos de la Comunitat Valenciana en igualdad de oportunidades». Por ello, ha indicado, «estamos potenciando la cooperación entre las administraciones autonómica y local para la construcción de una sociedad solidaria e inclusiva».
Red de 31 Oficinas de Atención a Personas Migrantes en Alicante
En la actualidad, Alicante cuenta con 31 Oficinas de Atención a Personas Migrantes de la red de 110 que existen en la Comunitat Valenciana. Creadas por la Generalitat en colaboración con los ayuntamientos las Oficinas pretenden fomentar la integración social y la convivencia entre las culturas de otros países y la valenciana. Concretamente, resuelven consultas relacionadas con la acogida y la residencia en España y prestan información sobre servicios jurídicos, sanidad, vivienda, formación y educación, entre otras cuestiones.
En su intervención, la Helena Ferrando ha destacado el empeño del nuevo Gobierno valenciano en crear y gestionar las políticas sociales de inclusión «desde una perspectiva de diálogo y de participación y con criterios de descentralización». En este sentido, ha asegurado que las formas de gestionar ya ha marcado diferencias, «sobretodo en la cercanía a los problemas que más preocupan a la ciudadanía».