Un ex-concejal del PP de El Campello involucrado en la trama de corrupción de Servimun

Un directivo confiesa ante el juez tensiones en Imelsa por la adjudicación del call center.La contratación del servicio de atención telefónica es una de las piezas del caso Taula

La trama de corrupción vinculada al PP de la Comunidad Valenciana que desmanteló la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la semana pasada estuvo tantos años en funcionamiento que pudo acumular la experiencia y los recursos necesarios para dar el salto a otras comunidades autónomas. Una de las principales empresas implicadas en el pago de comisiones a cargos populares a cambio de adjudicaciones públicas, la firma de servicios Servimun SL, se ha convertido en los últimos años en beneficiaria habitual de contratos concedidos por gobiernos del PP de toda España.

Servimun fue creada en 2004 en una oficina de San Juan (Alicante) con un capital social de 3.010 euros y con el supuesto objetivo de prestar “servicios complementarios al funcionamiento de las administraciones públicas”. El responsable de la firma, Fernando José Palomares Ruzafa, conocía bien las administraciones valencianas y tenía los mejores contactos. En 1991 se presentó a las elecciones a la Generalitat en las listas del PP que encabezó Eduardo Zaplana y entre ese año y 1995 ocupó un asiento de concejal en el municipio alicantino de El Campello. Servimun tenía el éxito garantizado y no tardó en conseguir beneficios. Sus ingresos no pararon de crecer en plena crisis.

​El gran pelotazo de Servimun

Sin embargo, las cosas comenzaron a funcionar verdaderamente bien para esa compañía en 2012. La empresa pública de la Diputación de Valencia encargada de construir campos de césped artificial, pistas de pádel y piscinas cubiertas y también de gestionar el catastro, Imelsa, sacó a concurso un servicio de call center para atender las llamadas de los ciudadanos. Servimun se llevó la adjudicación, valorada en 2,26 millones de euros, a pesar de no tener ninguna experiencia previa en ese tipo de servicio. La clave estaba en la persona que Fernando José Palomares había decidido colocar al frente de la central de llamadas telefónica, Mariano López, íntimo amigo del presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y suegro de Marcos Benavent, gerente de Imelsa.

El amaño saltó por los aires en 2014 cuando Benavent decidió tirar de la manta y denunció que la empresa pública que él mismo había gestionado fue utilizada por Rus y otros cargos del PP para saquear el erario de la Comunidad Valenciana. El contrato de Servimun sería uno de los muchos concedidos por la Diputación a cambio de comisiones del 3%. La UCO detuvo el pasado martes a Rus y a Mariano López por su implicación en la trama.

Pero cuando la investigación judicial arrancó en 2014, el dueño de Servimun ya había creado otras empresas similares de servicios a la Administración con contratos públicos en medio territorio nacional. Entre esas firmas figuran Asistencia Catastral y Tributaria SL, Asimun Servicios a la Administración SL, Humildad Creativa SL, Tributación Estratégica Territorial y ATM Inspección Tributaria SL, dedicadas casi en exclusiva a trabajar para organismos públicos, igual que Servimun.

En marzo de 2012, por ejemplo, el Ayuntamiento de Galapagar (Madrid), gobernado por el PP, adjudicó a ATM Inspección Tributaria “el servicio de colaboración en materia de inspección tributaria” por un precio de 200.000 euros. Ese mismo año, el grupo de Palomares se llevó otro contrato de 163.311 euros otorgado en este caso por el municipio madrileño de Nuevo Baztán, también gobernado por el PP. Y un año antes, el Ayuntamiento de Lorca, nuevamente del PP, le adjudicó a una UTE integrada por dos empresas del dueño de Servimun el “servicio de colaboración para la verificación, comprobación y averiguación de datos para el área de gestión tributaria”, a pesar de que al menos una de las empresas de la UTE, Onix Patrimonial, se dedica a la promoción inmobiliaria. El encargó ascendió a 59.000 euros. La propia Servimun también trabajó para el consistorio de Paracuellos del Jarama, controlado por el PP, al menos durante la legislatura 2011-2015.

La implicación en el caso Pokémon

El caso Imelsa ni siquiera sería el único escándalo de corrupción en el que se ha visto implicada Servimun. La instrucción judicial del caso Pokémon, una compleja red corrupta con epicentro en Galicia y ramificaciones en la Cornisa Cantábrica, ha acabado situando el foco sobre un contrato de servicios tributarios que una exconcejal socialista del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Mercedes Rosón, concedió a una UTE que dirigía su hermano. Una de las dos empresas que formaba parte de la alianza era Servimun.

Por ahora, la UCO ha centrado las pesquisas del caso Taula en la Comunidad Valenciana, pero la instrucción aún se encuentra en una fase inicial y puede acabar expandiéndose. No sería la primera vez que una empresa exporta sus prácticas corruptas desde una comunidad al resto de España. En el caso Púnica, otro escándalo vinculado al Partido Popular y que también está siendo investigado en estos momentos por la UCO, los agentes descubrieron que una de las principales empresas implicadas, la multinacional francesa de eficiencia energética Cofely, había comenzado a amañar licitaciones en Extremadura tras perfeccionar su técnicas en más de una quincena de consistorios de la Comunidad de Madrid.

La Policía confirma las sospechas contra Sonia Castedo y Alperi: el jet, los ‘bocadillos’ y los regalos

Corrobora los informes de Anticorrupción, a expensas del Mini y un viaje a Andorra

14216575534445La Policía continúa asentando todas y cada una de las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción en la insrucción del caso Brugal. Cada informe de la Udef que llega al juez que investiga el presunto amaño urbanístico de Alicante echa por tierra el discurso en el que insisten tanto Sonia Castedo como Luis Díaz Alperi -ambos imputados- para negar la existencia de delito. Pero la documentación es contundente y -aunque todavía en fase de diligencias- concluye que todo es lo que parece; que las conversaciones interceptadas son un espejo de la realidad y no sólo una falta de ética de los dos ex alcaldes. Sus protagonistas se empeñan en desmerecer el trabajo de los agentes, en tratar de convertirlo en una persecución contra ellos, en echarlo por tierra. Y no dudan en arremeter contra los medios que vienen publicando esos avances en la investigación. Castedo lo volvió a hacer, sin ir más lejos, en la madrugada del sábado, en su primera participación como tertuliana (esta vez sí a sueldo) en el programa de T-5 ‘Un tiempo nuevo’. En un debate sobre los imputados, defendió su derecho a la presunción de inocencia y llegó a vincular las revelaciones publicadas por EL MUNDO sobre su implicación en Brugal a la retirada de publicidad del ayuntamiento. «Con EL MUNDO el único problema que hubo fue que el ayuntamiento dejó de darle dinero», dijo. Fue otra tertuliana, la abogada Monserrat Suárez, quien le tuvo que recordar que «quien imputa son los fiscales y los jueces, no EL MUNDO».

Lo cierto es que las pruebas recopiladas hasta ahora por la Policía hablan por sí solas. El último ejemplo, de ello fue el informe patrimonial publicado por EL MUNDO el jueves en el que los investigadores atribuyen al mayor contratista del Ayuntamiento de Alicante, Enrique Ortiz, el pago del bungalow de una de las hijas de Alperi y actual diputada autonómica del PP, Elisa Díaz. También deslizan los agentes sus dudas sobre las casas de sus otros dos hijos y su forma de pago aunque, en este caso, no llegan a ninguna conclusión.Según ese informe, Enrique Ortiz entregó a Alperi 174.000 euros en octubre de 2008 para pagar la vivienda. También asevera que Elisa Díaz no tuvo conocimiento de la operación, y que Alperi recibió otro pago en metálico de 60.000 euros en 2009.

El viaje a Creta que el ex alcalde de Alicante realizó junto a la entonces concejal Sonia Alegría en un avión privado en 2008 también está en la diana. El empresario Ricardo Fuster en una declaración reciente en calidad de imputado aseguró que fue él quien lo sufragó pero que después se lo facturó a Ortiz. Otro embiste para los imputados y sus versiones.

Alperi, según la investigación, habría usado de intermediario a Fuster para fletar un avión privado rumbo a unas vacaciones de lujo de dos semanas y Ortiz habría abonado a Fuster el coste del viaje a cambio de un supuesto trato de favor en la redacción del PGOU. La estancia costó 36.000 euros.

Después están los regalos a los concejales, entre los que se encuentra la propia Castedo. Ortiz, su amigo y empresario de cabecera, terminó por reconocerlo en noviembre en un programa de televisión. Admitió haber entregado regalos de Navidad a Castedo y a concejales, empresarios y políticos de todos los signos. Dijo que los presenten iban desde un jamón, botellas de champán, una caja de vino hasta una chaqueta o un bolso y dijo que entonces era normal.

Pero quizá el más grave, es el asunto de «los bocadillos», denominación que usaba el entorno de Ortiz en las conversaciones telefónicas interceptadas para referirse a la entrega de cantidades de dinero que, según las pesquisas, hizo llegar a Alperi. Aunque ha tardado, la Udef también corrobora este extremo. Estas entregas se hicieron efectivas en varios desayunos en casa del ex alcalde, como consta en el informe de la Policía y, precisamente, en uno de ellos fue donde Ortiz le entregó los 174.000 euros; supuestamente para compensarle por el desembolso que había hecho su hija Elisa en la compra de su bungalow.

En el informe policial se detalla otra extracción de 60.000 euros, retirados por la mujer del empresario, María Manuela Carratalá, conocida como Maleles, de una oficina de Banesto en Alicante. El dinero también acaba en manos de Alperi y la Polícia vuelve a echar mano de las conversaciones telefónicas para comprobar la coincidencia temporal de la extracción: el 7 de julio de 2009, a las 12:12 horas, y la entrega, al día siguiente, a las 9.15 horas.

Con posterioridad, se producen dos conversaciones entre Ortiz y su esposa en la que se desvela, en primer lugar, que Alperi y Carratalá han quedado para hacer la entrega, y en segundo, que ya se ha hecho. Y ello pese a que Ortiz -que sospechaba que tenía el teléfono pinchado- juega al despiste y cita el nombre de otro empresario, Antonio Solana, para referirse al beneficiario del dinero. Sin embargo, Maleles le insiste en que es para Alperi.

En este punto sólo quedan en el aire dos supuestas dádivas: la entrega del famoso Mini y el pago de un viaje a Andorra. El coche, supuestamente, lo recibió una asesora personal de Castedo y Anticorrupción sostiene que fue un regalo de la ex alcaldesa y que era propiedad de Ortiz. La empleada declaró que lo había comprado ella cuando fue llamada a declarar.

Y, por último, el segundo viaje de Castedo a Andorra por Nochevieja. El pago no está claro. Ella insiste en que corrió por su cuenta. La investigación todavía no se ha pronunciado.