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Ángel Sánchez
Opinión: PRESUNTAMENTE DESLEAL

La crítica, cuando va dirigida a los que supuestamente son los “nuestros” se convierte, como mínimo, en un ejercicio incómodo. No es extraño que cualquier cuestionamiento o exigencia ética hacia esos “nuestros” (no sólo los que puedan compartir militancia sino los que se autoubican en posiciones políticas próximas o cercanas en muchos aspectos) se convierta en una sarta de descalificaciones hacia la persona que expresa públicamente su disconformidad o su malestar con la actuación de los dirigentes. Pero son solo eso: dirigentes. No encarnan ni representan la infalibilidad en sí mismos, ni ellos personalmente encarnan los principios y valores de la izquierda. Pero siempre es incómodo, pues hacer pública una crítica acarrea la ruptura de esa correlación supuesta e incluso exigida.

La cuestión de la corrupción administrativa, el cohecho administrativo o como se quiera llamar a una actuación irregular justificada, por la “urgencia” o la “necesidad”, no parece ser importante para una sociedad demasiado acostumbrada a pensar mal y acertar respecto a la actuación ética de algunos representantes públicos. Además, esa poca importancia, viene acompañada (y alimentada) con argumentos cuyo único objetivo es desenfocar la atención. El ejemplo lo tenemos en los que el PP ha utilizado para “excusar” la imputación de su Alcalde en El Campello por “troceo” de contratos. Poner la mano, por nadie, aunque, en general, estoy convencido de la honorabilidad personal de los dirigentes políticos (quizá sea un síntoma más de mi “buenismo” o ingenuidad pero, ¡qué le vamos a hacer! Ahora bien, los representantes públicos no tienen patente de corso, ni siquiera para actuar por urgencia, pues esto podría llevarnos a cometer injusticias, amén del deterioro de la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones.

La administración tiene unas normas y procedimientos absolutamente tasados. ¿Son lentos y farragosos?. Es posible, pero todo depende de la organización y el compromiso de los gestores en que los asuntos públicos resuelvan de forma correcta los problemas. La eficacia en resolver o afrontar esos problemas también está sujeta a la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Y ahí, las normas son inflexibles: el procedimiento es el que es. Y lo es porque la administración debe actuar con absoluta indiscrecionalidad, ajustando su  actuación a lo que el resto de los mortales también tiene que hacer: respeto a la ley.

Que el PP quiera “disculpar” a uno de sus Alcaldes contraviene, presuntamente, no sólo la ley, sino que deja en papel mojado cualquiera de los compromisos éticos que ha aprobado internamente. La imagen es que esos compromisos éticos solo sirven como bálsamo y no como medida de ejemplaridad. Pero la cuestión adquiere (en mi opinión) una mayor gravedad cuando los grupos políticos que supuestamente son la alternativa, no sólo callan, sino que con ese silencio contradicen la responsabilidad, no sólo con los “altos” principios que deben inspirar su actuación, sino con ese supuesto proyecto alternativo que quieren representar.

Compromís (entonces Bloc) exigía vehementemente la dimisión del ex Alcalde Juan Ramón Varó en 2013 al ser procesado (y posteriormente condenado) por un presunto delito de prevaricación administrativa. Pero años después, y por esos avatares que tiene la política un Alcalde de ésta formación política ostentó la máxima representación municipal durante cuatro años sin variar un ápice la dinámica heredada. O lo que es lo mismo: lo que tenía que cambiar, no cambió sino que continuó. Y ahora ese ex Alcalde de Compromís no dice ni hace nada, en mi opinión, esperando que la tormenta amaine o que la ciudadanía entienda que la “necesidad” en la que se basó su actuación no tenía alternativa y se hizo por el bien de la ciudadanía. Y personalmente podría entender esa “necesidad” pero, ¿no había alternativas, no se pudo iniciar un procedimiento administrativo para revertir lo que los técnicos municipales de intervención, contratación y la misma secretaría municipal señalaban como fuera de la ley?

Los “compañeros de viaje” del mandato del ex Alcalde de Compromís (2015-2019), ¿tampoco tienen nada que decir?. Es cierto que la justicia no les ha apuntado pero es imposible olvidar que sobre los concejales del PSOE recaía la responsabilidad de áreas como Hacienda y Contratación, departamentos involucrados en los hechos que, aparentemente, la justicia está decidida a juzgar.

Creo que es una cuestión (la legalidad) que nos afecta a todos. Y todos tenemos razones y motivos en muchas ocasiones para saltárnosla, pero habitualmente no lo hacemos, y cuando lo hacemos, casi siempre tiene consecuencias. Las normas están para cumplirlas y, si no estamos de acuerdo con ellas, intentar cambiarlas, pero no para saltárnoslas. Los contrapesos que la administración tiene están para evitar que la “necesidad”, el capricho o la comodidad guíen la actuación municipal. ¿El poder político está al margen de ésta obligación?. Creo que seguiremos hablando de éste tema y, como no, tirando de hemeroteca, pues no sólo de propaganda vive la política.

Y volviendo a la incomodidad: no será la primera vez (ni la última) que los “míos” o los cercanos me tachan de haber traicionado no sé qué cosas. Pero como ya he dicho, mi lealtad no se centra en personas, sino en principios, y por desgracia, los “míos” confunden en demasiadas ocasiones la sumisión con la lealtad.