La empresa sueca comió con el entonces alcalde, Castedo y Ortiz para cerrar el proyecto. Uno de los técnicos de Ikea que estuvo en la reunión secreta plantó al tripartito el jueves (El Mundo).
El pasado jueves la reunión del equipo de Gobierno de Alicante con Ikea España acabó en fracaso. Los responsables de la multinacional del mueble se levantaron y abandonaron la sala de reunión nada más ver a los fotógrafos de prensa. Allí se quedaron el alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE) y sus dos socios de Gobierno, Miguel Ángel Pavón (Guanyar) y Natxo Bellido (Compromís), acompañados de dos asesores y un técnico.
Según la empresa, la presencia de fotógrafos variaba las condiciones que se habían pactado previamente. En el Ayuntamiento niegan «tajantemente» que se hablase de ninguna condición, y aseguran que se dejó entrar a los gráficos al inicio de la reunión «como sucede habitualmente en todos los encuentros institucionales de Alicante».
Tras su salida del consistorio, los técnicos de Ikea se pusieron en contacto con el portavoz de Ciudadanos en Alicante, José Luis Cifuentes, para verse en las dependencias privadas de un bufete de abogados. Ikea trasladó a Cifuentes que el tripartito había «mentido» al dar la impresión de que se estaba barajando un suelo que no fuera el de Rabasa, y que sólo contemplaba la opción de venir a la ciudad con macrocentro. El mensaje al tripartito ya estaba lanzado.
El problema que tiene esta zona es que existe una investigación judicial abierta sobre un presunto trato de favor al promotor Enrique Ortiz, por la que ha sido imputado junto a la ex alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi. El viernes Echávarri respondió a la multinacional: «O está con la ciudad o está con Ortiz», dejando entrever que la idea de instalarse en esta zona bloquearía la ejecución del proyecto ante las sospechas de pelotazo.
Lo cierto es que las negociaciones con Ikea para llegar al punto actual (macrocentro y Rabasa) tampoco puede decirse que se hayan ajustado al estándar de protocolo de una Administración pública. Los responsables de Ikea no sólo usaban a Ortiz para concertar citas a voluntad con la edil de Urbanismo y después alcaldesa, Sonia Castedo (PP), sino que también organizaban encuentros privados, parecidos a lo que la Policía cree que la ex edil mantenía con Ortiz para hablar del Plan General.
En el sumario de Brugal los investigadores incluyen un abundante reportaje fotográfico sobre una comida que Castedo tuvo con directivos de la multinacional en el restaurante Tiro Pichón, situado a las afueras de la ciudad. Allí acudieron también el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, el promotor Enrique Ortiz y alguno de sus técnicos.
Entre los responsables de Ikea estaban el director de Expansión de Ikea Ibérica, Sylvain Laval (hoy fuera de la empresa), y Pablo Campelo, uno de los técnicos que dejó plantado al tripartito el pasado jueves y que después prefirió verse en privado con C’s. La fecha es 10 de septiembre de 2008, un día señalado para Luis Díaz Alperi. Fue la última noche que pasó como alcalde.
Los investigadores creen que la comida, cuyas fotos ilustran este artículo, fue clave para la tramitación del proyecto. Las escuchas intervenidas desvelan que la idea era trazar el rumbo de la instalación del macrocentro en el suelo de Ortiz, tramitándolo como una modificación puntual del Plan General «para favorecer los intereses del empresario». Una vez en el restaurante, la Policía capta el momento en el que llegan los empresarios, técnicos y políticos al restaurante. También destaca dos detalles: uno de los hombres de Ortiz, Javier Llorens, «entrega un maletín a Sylvain Laval», y el alcalde llega «con otro maletín debajo del brazo».
En días posteriores Ortiz reconoce a Alperi que «la reunión fue un éxito». El empresario le informa «de la estrategia a seguir y de la necesidad de acelerar el proceso». Para ello le pide que meta «prisa» a Castedo (ya alcaldesa) para que aprueben el plan en el próximo pleno. Le desvela que le urge que los terrenos sean considerados urbanos para que los bancos no le pidan ampliación de garantías.
Según la Policía, hay otro motivo para aprobar cuanto antes la llegada de Ikea: «Los compromisos adquiridos contractualmente con la multinacional», cuyo «incumplimiento le supondrían un gran descalabro financiero». Como avanzó EL MUNDO, el promotor confesó a uno de los responsables de Mercadona en la provincia que ya había cobrado más de 90 millones de euros por la operación. La acusación particular que ejerce EU desveló después esos contratos firmados entre Enrique Ortiz e Ikea.
La Audiencia de Alicante ha desestimado los recursos de apelación de la exalcaldesa Sonia Castedo y dos técnicos de Urbanismo en los que pedían la nulidad de las intervenciones telefónicas que dieron lugar a la investigación de las presuntas irregularidades del plan urbanístico Rabasa.
La Policía continúa asentando todas y cada una de las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción en la insrucción del caso Brugal. Cada informe de la Udef que llega al juez que investiga el presunto amaño urbanístico de Alicante echa por tierra el discurso en el que insisten tanto Sonia Castedo como Luis Díaz Alperi -ambos imputados- para negar la existencia de delito. Pero la documentación es contundente y -aunque todavía en fase de diligencias- concluye que todo es lo que parece; que las conversaciones interceptadas son un espejo de la realidad y no sólo una falta de ética de los dos ex alcaldes. Sus protagonistas se empeñan en desmerecer el trabajo de los agentes, en tratar de convertirlo en una persecución contra ellos, en echarlo por tierra. Y no dudan en arremeter contra los medios que vienen publicando esos avances en la investigación. Castedo lo volvió a hacer, sin ir más lejos, en la madrugada del sábado, en su primera participación como tertuliana (esta vez sí a sueldo) en el programa de T-5 ‘Un tiempo nuevo’. En un debate sobre los imputados, defendió su derecho a la presunción de inocencia y llegó a vincular las revelaciones publicadas por EL MUNDO sobre su implicación en Brugal a la retirada de publicidad del ayuntamiento. «Con EL MUNDO el único problema que hubo fue que el ayuntamiento dejó de darle dinero», dijo. Fue otra tertuliana, la abogada Monserrat Suárez, quien le tuvo que recordar que «quien imputa son los fiscales y los jueces, no EL MUNDO».
Lanzó un aviso para navegantes en su entrevista el pasado sábado para el programa de Telecinco, Un tiempo nuevo: ‘A partir de ahora voy a dedicarme a trabajar. Tengo varios proyectos sobre la mesa pero permítanme que no los revele». Al parecer, el nuevo trabajo de Sonia Castedo está relacionado con los medios de comunicación, los mismos de los que tanto recela. Ella mismo lo ha confirmado este viernes a la salida de los juzgados de Alicante, a los que ha acudido para prestar declaración sobre el caso Rabasa, una de las piezas del Caso Brugal en las que está imputada por presunta corrupción urbanística.
La entrevista que ofreció la ex alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo este sábado en Telecinco ha sido la comidilla del fin de semana, tanto en su ciudad como en las redes sociales. Para algunos supone su canto del cisne, una última pataleta que no justifica el hecho de que haya dado explicaciones de su dimisión en un plató y no en el salón de plenos. Para otros, su aparición en la pequeña pantalla puede ser el inicio de una carrera mediática como tertuliana o colaboradora. Ella misma aseguró que iba a dedicarse a «trabajar» y avanzó que tenía algunos proyectos sobre la mesa. Socióloga de formación, su única experiencia laboral ha sido como asesora de prensa de Luis Díaz Alperi, su predecesor en el cargo. Estos son algunos de los dardos que Castedo lanzó durante una entrevista que se prolongó durante hora y media y que consiguió posicionarla como trending topic en Twitter, la red social en la que se abrió una cuenta pocos días antes.
La popular Sonia Castedo, imputada en dos casos judiciales de presunta corrupción urbanística, ha dejado este lunes 5 de enero oficialmente de ser la alcaldesa de Alicante durante un breve pleno monográfico sobre su renuncia, al que no ha acudido y en el que no ha habido debate.
Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, ha anunciado su dimisión. Lo ha hecho en su perfil personal en Facebook, donde últimamente se había volcado para hacer públicas algunas de las decisiones tomadas en su Ayuntamiento.
Vecinos de cinco asociaciones de Alicante (Vecinos Barrio del Pla, El Magro de San Blas, El templete de Benalúa, Franciscanos-Oliveretes y Laderas del Benacantil) se han unido para dirigir escritos individualizados a la corporación municipal del Ayuntamiento de Alicante en los que les recuerdan que «con independencia de su adscripción política, los concejales se deben a la ciudadanía a la que representan». Además, en la misiva solicitan «el traslado a la presidenta de la comisión para el seguimiento de la contrata de limpieza -la alcaldesa, Sonia Castedo-» su exigencia de participar en las reuniones, de las que, hasta el momento, están excluidos por reglamento.
El empresario Enrique Ruiz Córcoles, que se encargó de la campaña electoral del PP en las elecciones municipales de 2007 en Alicante, asegura que el partido le pagó la mayor parte de su trabajo en B y que el resto de pagos los recibió de constructoras, adjudicatarias del Ayuntamiento.
La normalidad y el cumplimiento estricto del protocolo han marcado la inauguración del XVII Congreso de la Empresa Familiar en Alicante. Conforme estaba previsto, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en dos casos de corrupción, no ha tomado la palabra, pero ha formado parte de la comitiva que ha saludado al Rey Felipe VI, que se ha sido el encargado de abrir el foro empresarial.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado hoy sobre la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que ninguna persona imputada por delitos graves será candidata del partido en próximas elecciones, aunque ha dicho que su caso no se puede comparar con las detenciones de la trama Púnica.
La figura política de Sonia Castedo está prácticamente estigmatizada. La polémica que le rodea y su complicada situación judicial (imputada en dos procesos por delitos relacionados con casos de corrupción) le han convertido en un personaje incómodo, hasta el punto de ser relegada al ostracismo en los actos y acontecimientos más importantes que acoge Alicante en los últimos tiempos.