Ante la certeza de que no repetirá, Castedo negocia con el PP para blindar a sus cargos ‘a dedo’

El partido no tiene la intención de garantizar la permanencia del entorno de la alcaldesa

Castedo_tiene_plan_financiar_estadioTras meses de pulsos con su partido, Sonia Castedo ya es consciente de que no repetirá como cabeza de lista del PP en las municipales de 2015 y de que tampoco tendrá ninguna salida política a su situación después de que haya sido imputada por cinco supuestos delitos en las causas de Brugal y Rabasa. Por eso, ya se ha resignado a negociar no por ella sino por su gente, la posibilidad de que tengan asegurado un futuro.

Se trata de sus más cercanos en el amplio grupo de los 33 asesores adscritos al PP en el Ayuntamiento de Alicante. Personas de su más íntima confianza que cesarán cuando dimita o deje la Alcaldía tras los comicios en un escenario que no supera los siete meses.

Fuentes del PP explicaron a ELMUNDOque su futuro es la principal preocupación de la regidora alicantina en estos momentos. Pero el partido no está por la labor de acarrear con ninguna «mochila» de Castedo. Sobre todo, porque su enquistamiento en la Alcaldía está impidiendo al PP organizar la sucesión del modo más rentable posible y con garantías de que el o la alcaldable que se nombre podrá hacer su campaña sin injerencias e interferencias por parte de Castedo y los suyos.

El Ayuntamiento de Alicante tiene 29 cargos de asesor pero están ocupados por 41 personas diferentes ya que tras los últimos recortes presupuestarios tanto PP como PSOEhan preferido «partir» en dos cada puesto y sueldo a echar a nadie a la calle. EU tiene un asesor a tiempo completo y UPyD dos. El PSOE tiene tres plazas que están ocupadas por cinco personas. Y el PP, que se niega a publicar los nombres de sus asesores, tiene el resto.

Los últimos datos fidedignos sobre estas personas datan de 2012. En este tiempo se ha incorporado a la lista el asesor personal de prensa de la alcaldesa, Jaime Esquembre, que antes facturaba a través de la que era su empresa los trabajos de asesoramiento. También figura en el listado Macarena Huesca, la encargada del protocolo en los actos de la alcaldesa alicantina.

Otros de los asesores más cercanos a la primera edil que son más o menos conocidos del PP son la hija del ex alcalde Luis Díaz Alperi, Edna Díaz, que desarrolla su trabajo en Turismo. También el antiguo dirigente de la Asociación para la reivindicación de la historia de la ciudad Alicante Vivo, Juan José Amores.

En nómina del Ayuntamiento también están dos de los protagonistas de las ‘fiestas del pijama’ en Andorra, la niñera de la hija de la alcaldesa a la que la Policía acusa de haber sido la beneficiaria del Mini Cooper de Enrique Ortiz, Julia Castelló, y su pareja, el alcalde pedáneo de Verdegás, Vicente García, el que erigió una estatua con la efigie de Sonia Castedo en su partida rural.

Otros de los asesores son más cercanos a ediles del equipo de Gobierno de Castedo, como el concejal de Cultura, Miguel Valor, que ha colocado como asesoras a dos familiares directas Olga Valor Climent y Rosa Ana Nadal Valor.

El resto de concejales también han situado como asesores a otras personas de sus respectivos entornos. En cualquier caso, el PP no tiene la intención de negociar con nombres y aunque pensasen desde su cúpula que es posible, los malos resultados que auguran las encuestas no se lo permitirían.

El PP rechaza publicar los nombres en la plantilla
El Ayuntamiento de Alicante seguirá sin publicar en el documento que detalla la plantilla municipal el nombre y partido político al que pertenecen los asesores de la corporación municipal. El PP rechazó ayer la enmienda a los presupuestos presentada por EU para detallar esta información, algo que se venía haciendo sin problemas desde hace años. Sin embargo, esto cambió cuando EL MUNDO reveló que una de las hijas del ex alcalde Luis Díaz Alperi, Edna Díaz, era asesora de Castedo. Desde entonces el edil de Hacienda y Recursos Humanos, Juan Seva, da orden de ocultar la identidad de los cargos de confianza. Ayer incluso argumentó que no ponía el partido político que los había ‘fichado’ alegando a que podía vulnerar la Ley de Protección de Datos. Se trata de la misma firmación que va en consonancia con la ley mordaza que el equipo de Castedo ha impuesto en el último año en el Ayuntamiento, y que consiste en negar información básica a la oposición asegurando que se trata de información sensible que contiene datos personales. EU y UPyD han denunciado que esta situación supone una vulneración de los principios que la Constitución da a los grupos en la oposición.

El pleno del Ayuntamiento de Alicante rechaza la petición de dimisión de Castedo con los votos del PP

Unas 400 personas se concentran en la plaza del Ayuntamiento para exigir la dimisión de Sonia Castedo

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha rechazado este martes, con los votos del grupo ‘popular’, la moción de Esquerra Unida en la que se exigía la dimisión de la alcaldesa, Sonia Castedo, por su imputación en las piezas separadas del caso ‘Brugal’ que investigan presuntas irregularidades urbanísticas en el Plan Rabasa y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Los 18 concejales del PP han rechazado esta moción propuesta por la formación de izquierdas y respaldada por los ediles del PSPV y el de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que, en concreto, planteaba la creación de una Comisión No Permanente para «esclarecer y depurar responsabilidades políticas y municipales derivadas del sumario de la pieza separada del caso ‘Brugal’ que investiga un presunto amaño del plan Rabasa», y exigía la dimisión de Castedo y del gerente y la jefa de Urbanismo del consistorio alicantino.

Desde Esquerra Unida, su portavoz, Miguel Ángel Pavón ha pedido a la primera edil, a quien se ha dirigido como «imputadísima alcaldesa de Alicante», que escuchara el «clamor» de la calle –en la plaza del Ayuntamiento se celebraba mientras tanto una manifestación para exigir la dimisión de Castedo–. La primera edil ha ironizado, en su contestación, con la afluencia a esta concentración: «Ya veo el autobús, vaya poder de convocatoria», ha dicho.

Pavón ha considerado «urgente» que se «depuren responsabilidades políticas», y ha instado a los regidores ‘populares’ a «pedir que dimita, aunque solo sea para que Alicante recupere algo de su dignidad, perdida en soeces conversaciones telefónicas que nos avergüenzan y nos indignan», en referencia a las escuchas incluidas en el informe policial de la investigación

Esos folios de investigación en el que aparecen las escuchas «vuelven a poner contra las cuerdas esa presunta trama corrupta que maneja el urbanismo de la ciudad, que lo supedita a intereses privados de un empresario ‘bombón’, Enrique Ortiz, el amigo de la alcaldesa ‘mimosina'», ha dicho el portavoz de izquierdas, en referencia a los apelativos que se dirigen el empresario y la alcaldesa en estas conversaciones, según la investigación.

El portavoz municipal de UPYD, Fernando Llopis, ha apoyado la moción de EU porque «las responsabilidades políticas» de Castedo «están clarísimas». «Desde UPyD se considera que cualquier persona que esté imputada debe dejar los cargos», por lo que la alcaldesa «en el momento en que estuvo imputada por primera vez, debió dejar el cargo».

Por su parte, desde el PSPV, su portavoz municipal, Miguel Ull, ha recordado que los cinco delitos imputados a la primera edil –en las dos causas por las que se le investiga– tienen «la misma base»: las relaciones «personales» con el empresario Enrique Ortiz, también imputado en ambos casos, y con el que, a juicio de Ull, se ha tenido «connivencias y posibles tratos de favor» entra ambos que «invalidan» a Castedo para ejercer como alcaldesa.

La primera edil ha respondido al portavoz socialista que «se sonrojaría mucho más de mis mensajes y conversaciones con determinadas personas de su grupo municipal».

CASTEDO SE NIEGA A DESALOJAR EL PLENO

Tras el rechazo de los concejales populares a la exigencia de dimisión, algunos asistentes al pleno han lanzado gritos de «Castedo dimisión» –entre ellos, las diputadas en las Cortes Valencianas por Compromís y Esquerra Unida respectivamente, Mireia Mollà y Esther López Barceló– y han abandonado el consistorio tras protagonizar un enfrentamiento verbal con otras personas del público que defendían a la alcaldesa.

Sonia Castedo ha rechazado desalojar la sesión porque «me van a decir que no soy demócrata», a pesar de la solicitud en este sentido del portavoz de UPYD, y ha pedido «silencio» al público en repetidas veces.

Ortiz pierde su marioneta en el PSPV de Alicante

Ángel Franco pide la baja del partido antes de que lo expedienten por su implicación en Brugal

1411151870_758695_1411152212_noticia_normalLa estela política de Ángel Franco se apaga. El histórico dirigente socialista del PSPV, que durante los últimos 25 años ha estado controlando el partido en Alicante, pidió ayer su baja como militante antes de que la actual dirección lo expulsara por el contenido del informe policial del caso Brugal, que le atribuye un papel “clave” en la aprobación del Plan Rabassa a favor del empresario Enrique Ortiz.

Franco no es un militante cualquiera. Cuando quiso estuvo al mando y cuando no en la sombra. Fue diputado, secretario general local, concejal y portavoz adjunto, y luego senador. Pero su magistral habilidad fue colocar a sus adeptos en el lugar oportuno y ganar asambleas internas.

Hasta ahora, para aspirar a ser alguien en el PSPV de Alicante había que pedir permiso a Franco, como fue el caso del actual secretario local, Gabriel Echávarri. La mayoría de los candidatos a la alcaldía de Alicante contaron con su beneplácito. “Gane quien gane, siempre gana Franco”, suelen comentar militantes y empresarios.

Franco tenía buenos contactos con la cúpula socialista, y Enrique Ortiz lo sabía. El juez del caso Rabassa no ha imputado a Franco, ni por ahora le ha citado a declarar. Pero el informe de la Policía, basado en escuchas telefónicas, destapa la connivencia del empresario con el dirigente socialista. En una de estas conversaciones Ortiz hablando por teléfono con Pepe Cataluña, responsable de finanzas del PSPV, se deshacen en elogios hacia él. “Un tío sin asesores, ni concejales, ni nada, te lleva 500 tíos a una asamblea”, dijo Cataluña.

“Es el mejor político de la historia. No ha habido otro como Ángel”, contestó Ortiz. Cuando el promotor, imputado en varias de las causas del caso Brugal, tenía problemas o necesitaba algo llamaba a Franco. Y el dirigente socialista respondía. La Policía considera que fue clave la actuación de Franco para que los socialistas votaran a favor del Plan Rabassa, junto al PP, y propició una entrevista con los dirigentes de la Confederación del Segura para tratar el problema de la falta de agua en Rabassa.

Hace ahora justo seis años, al día siguiente de Sonia Castedo asumir la vara de mando, Franco y Ortiz quedan para verse el domingo en “un sitio discreto”, según el informe policial. Durante estos días la policía intercepta varias llamadas entre ambos, pero sin detallar su contenido.

Tras el congreso del PSPV en el que gana Jorge Alarte por un puñado de votos, Franco y Ortiz hablan por teléfono y “se lamentan del resultado” del cónclave en el que perdió Ximo Puig, actual secretario del PSPV.

El 15 de octubre de 2008 el PGOU de Alicante se somete a información pública, y se abre el periodo de alegaciones. Meses más tarde, en enero de 2009, el empresario pregunta a Franco por el futuro portavoz municipal, Roque Moreno “un personaje un tanto curioso”, según Franco. “Por saber si se porta bien o mal, para premiarle o castigarle”, contesta Ortiz en referencia al portavoz socialista al que pretende dar unas tarjetas para que los ediles de oposición aparcaran gratis en la avenida Alfonso El Sabio. Franco contesta: “De momento no sé, este es un tipo bastante, bastante rarito… Tendrá que demostrar también que va de algo y hace algo, todavía falta verlo”.

Moreno también dimitió como portavoz y presidente del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante tras aparecer en las escuchas del caso Brugal.

Franco, oriundo de León, mamó la política en el sindicato UGT. Como secretario general se opuso a la convocatoria de huelga contra Felipe González el 14 de diciembre de 1988.

Franco estuvo en primera línea y supo colocar a sus peones. Todos los portavoces y candidatos a la alcaldía (salvo Etelvina Andreu y Elena Martín) contaron con su aval. Alejandro Bas, actual abogado de Enrique Ortiz, fue portavoz socialista en el Ayuntamiento en una de las múltiples crisis internas que vivió el PSPV.

Blas Bernal, candidato a la alcaldía 2003, acabó de dirigente del Hércules, propiedad de Ortiz. El informe de la Policía atribuye a Bernal la propiedad de un velero, que él admite que usó cuando estaba en el Hércules , pero asegura que no es suyo.

Por qué no pasó antes

Ángel Franco lleva años en el punto de mira de sus propios compañeros socialistas. Antes de aprobarse el Plan Rabassa, y a los pocos meses de que Pepe Blanco asumiera el cargo de secretario de Organización, un grupo de militantes se presentaron en la sede del PSOE de Ferraz con un vídeo en el que Franco supuestamente votaba dos veces en una asamblea.

“Esto no es un ejército, tú no eres mi general y yo no soy tu soldado”, espetó María Dolores Marco, en una asamblea del PSPV a Franco, entonces secretario general. Otros militantes que levantaron la voz contra Franco fueron Angelita Rodríguez y Asunción Cruañes, y cuando se publicaron las primeras conversaciones comprometidas del caso Brugal algunos pidieron su cabeza, pero nadie movió ficha.
¿Por qué el partido actúa ahora con él ahora y no antes? Ésta es la pregunta del millón. Franco siempre ha tenido un gran olfato político. Y el último ejemplo fue su decidida apuesta por Pedro Sánchez como nuevo secretario general del PSOE. Pero su omnipresencia, que ha impedido la regeneración del PSPV en Alicante, ahora ya pone en riesgo la supervivencia de la organización. Ximo Puig, secretario del PSPV, decidió ayer expedientar a Franco y expulsarlo del partido. Eligió la fórmula de la “deslealtad” para no esperar a que se demuestre judicialmente si hubo o no corrupción.

El principal pecado de Franco, según fuentes consultadas, fue maniobrar en busca del beneficio propio o de sus amigos, y no velar por los intereses generales y del partido. El histórico dirigente pasa al ostracismo, pero algunos temen que su sombra siga planeando y colocando a adeptos. Como ocurrió hace tan solo unas semanas, cuando situó de asesores del adjunto al Síndic de Greuges, Ángel Luna, a Manuel Bueno o el hijo del desaparecido Antonio Godoy

El equipo de Castedo, a la deriva

La alcaldesa recrimina a su núcleo duro que también ellos la están ‘dejando sola’. Los ediles que hasta ahora la apoyaban se quejan ahora de su falta de pulso. Comienza la ‘guerra’ de encuestas para la candidatura

1359025268_0Dos semanas después de la vuelta al trabajo del equipo municipal de la triple imputada por el caso Brugal, Sonia Castedo (PP), la inacción en la gestión municipal se tornó en reprimenda hacia los ediles durante la Junta de Gobierno. Pero lejos de ser una «bronca» motivadora y de activación política a ocho meses de las elecciones hacia sus concejales, la primera edil aprovechó la reunión con su núcleo duro para reprocharles que la estén «dejando sola» y no la apoyen ahora que todo el partido la da por amortizada y espera su pronta dimisión.

Castedo arremetió contra sus ediles exigiéndoles lealtad y éstos aprovecharon un receso en la reunión para quejarse entre ellos de la falta de pulso político y la ausencia de liderazgo ante las que se prevén las elecciones más duras de la última década en la ciudad. Quienes tuviesen alguna duda ya saben que el futuro político de Castedo tiene los días contados y esperan que el partido tome una decisión cuanto antes para poder recuperar el espacio político perdido. Sobre todo por la lejanía del PP local demostrada por algunas de las asociaciones vecinales más importantes y las asociaciones empresariales locales y de comerciantes.

Tras un mes de agosto repleto de reuniones y llamadas discretas mientras la alcaldesa disfrutaba de sus vacaciones en Galicia, los concejales desembarcaron en la primera Junta de Gobierno para comprobar que la primera edil seguía tan apática como a finales de julio, cuando era protagonista de todas las tertulias televisivas por sus conversaciones de Brugal. Y lo mismo sucedió en la segunda, la de la semana pasada, en la que todos los temas a tratar eran aprobaciones de mero trámite.

Y mientras esto sucedían entre las cuatro paredes del ayuntamiento, desde una empresa de Madrid se realizaba ayer una encuesta telefónica a muchos militantes del PP de Alicante con una primera pregunta sorprendente: «¿Votaría usted al PP en las próximas elecciones municipales si la candidata fuese Sonia Castedo?». A esta cuestión le seguían varias valoraciones sobre su gestión que encuestado debía puntuar entre el 1 y el 10.

Fuentes cercanas a la dirección provincial del PP explicaron a este diario que no tienen conocimiento de que la dirección nacional del partido haya encargado ninguna encuesta sobre la ciudad, pero que no siempre se les informa de ello. Y dada la predisposición de Castedo a contrarrestar críticas políticas con encuestas -como lo hacía su antecesor y también imputado en Brugal, Luis Díaz Alperi-, no les extrañaría que Génova tratase de comprobar la veracidad de los sondeos que esgrime y filtra cada pocos meses la alcaldesa.

Las tensiones en las juntas de gobierno, principal órgano rector de la gestión municipal en Alicante, han sido una constante esta legislatura. Allí se mostró el malestar de un grupo de concejales contra la gestión que el regidor de Hacienda, Juan Seva, estaba haciendo de la economía local, tras un informe de la Sindicatura de Cuentas que alertaba de la existencia de hasta 12 cuentas irregulares en la ciudad.

Castedo dispara contra el fiscal y la Policía: ‘inventan delitos imposibles’

Reprocha la ‘precipitación’ de Anticorrupción y que no asuma que no hay ilícito penal. Dice a la UDEF cómo hacer su trabajo: ‘Debe exponer datos objetivos, no opiniones’

1330541432_1Sonia Castedo se ha despachado sin filtros contra los investigadores que tienen abierto en canal el presunto amaño urbanístico de Alicante a favor de su empresario de referencia Enrique Ortiz. La alcaldesa contra todos, víctima de un complot político-judicial. Así al menos la presenta su abogado ante el juez que dirige al investigación del caso Brugal en su enésimo intento de cerrar la causa en la que está imputada junto a su mentor, Luis Díaz Alperi, y su amigo el constructor Enrique Ortiz.

Castedo es una mujer atropellada por un proceso injusto y además es víctima de las dilaciones de la Justicia, según deja entrever su defensa en las alegaciones que, de nuevo, persiguen dinamitar la investigación. El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, demuestra una vez más el doble discurso de la alcaldesa: tiene prisa por acelerar la investigación pero no deja de recurrir. Una dualidad redundante en estos últimos años.

Castedo y su abogado siguen sin tomarse en serio las diligencias en las que está imputada por influencias, prevaricación, estafa y fraude. «Carecen de relevancia penal», apuntan. Para ellos, tal como evidencia el documento, el caso Brugal no es más que un castillo construido a base de «meras sospechas» y cimentado en opiniones que, una vez más, infravaloran.

En sus alegaciones, la alcaldesa vuelve a disparar contra la Fiscalía Anticorrupción y contra la Policía. Lo hace sin miramientos ni contención. A Felipe Briones le acusa de precipitación, de querer asentar, dice, «delitos imposibles». El escrito retrata al fiscal como alguien que quiere librar con ella una suerte de cuestión personal. «La Fiscalía precisa varios años más para buscar lo que no halla pues no parece dispuesta a asumir que, probablemente lo que suceda, es que no existe la responsabilidad que presume en su ánimo».

A la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) le aconseja que se temple y le indica cómo ha de hacer su trabajo. «Debe limitarse a exponer datos objetivos no pudiendo, en tanto no es perito, emitir opiniones, dudas o sospechas», señala en uno de los puntos. Además, impugna todos sus informes; documentos que han colocado entre la espada y la pared a Castedo y los suyos por sus comprometedoras conclusiones. «Carecen de valor probatorio», remata. Y añade: «Se han obtenido ilícitamente y jamás expresan delito alguno. Ninguna conversación sirve para justificar una imputación».

Va más allá: «Las palabras (fuente de conocimiento) no pueden ser a la vez hechos y prueba de los hechos (…) no son prueba de sí mismas (…) Que el Ministerio Fiscal, tras seis años siga justificando sus imputaciones en las escuchas, revela mejor que nada que no ha conseguido traducirlas en hechos y realidades». Después, carga contra ambos Cuerpos. Critica que los hechos que están sobre la mesa del magistrado Manrique Tejada «se basen en sospechas e intuiciones carentes de relevancia penal por su generalidad e indefinición». Su estrategia de disparar contra todo y contra todos no ha variado. La defensa busca desesperadamente el archivo de una causa que el TSJ, a través del juez Juan Climent, ató con fuerza a base de informes, documentos y declaraciones. En lo que va de instrucción -tanto en el alto tribunal como en el juzgado alicantino-, el letrado de la alcaldesa no ha dejado de presentar escritos y todos pivotan sobre lo mismo: la supuesta falta de pruebas con la que se nutre la investigación.

La prescripción es otra de las aristas. Según el letrado, los hechos están prescritos en su totalidad. «No es admisible, ante esta situación, mantener vivo un proceso a la espera de que aparezca no se sabe qué», apunta. «Es obligado proceder al archivo inmediato o a concertar la imputación con todos sus elementos típicos».