Condenada una madre de El Campello que pegó a su hija de dos años y lo grabó con el móvil

Un juzgado impone 17 meses de cárcel a la mujer tras confesar que propinó a la niña tirones de pelo, bofetadas y mordiscos hace un año en El Campello

Una mujer de El Campello, de 26 años ,admitió ayer en un juzgado de lo Penal de Alicante haber maltratado reiteradamente a su hija de solo dos años de vida. Se trata de unos episodios violentos que se remontan a mayo de 2015 cuando la mujer propinó guantazos, tirones de pelo y mordiscos a la niña, como reconoció ante el juez, según indicaron las fuentes jurídicas consultadas. Unas agresiones que además quedaron guardadas en el teléfono de la acusada.

El Ministerio Público le reclamaba por estos hechos una pena de dos años y medio de prisión de los que finalmente deberá cumplir 17 meses por un delito de maltrato habitual y otros dos de maltrato no habitual después del acuerdo alcanzado ayer entre las partes.

La Guardia Civil apresó a la joven madre y a su abuela de 83 años, con quien reside, el 31 de mayo de 2015. Una vecina alertó a los agentes por los fuertes gritos que se escuchaban en el inmueble. Cuando los policías llegaron al domicilio fueron conscientes de las evidentes marcas que presentaba el bebé, tales como rojeces y moratones en la espalda, los brazos y el torso e, incluso, bocados.

La anciana no tuvo que sentarse ayer en el banquillo de los acusados, pues la defensa de ambas, ejercida por el letrado Miguel Ángel Monserrat Gandolfo, solicitó al término de la instrucción su sobreseimiento y quedó apartada del procedimiento.

No obstante, la acusada ya reconoció cuando fue arrestada los hechos, pues decía que su única intención era dar los motivos suficientes a los servicios sociales para que se hicieran cargo de su hija, por lo que se acordó su encarcelamiento provisional. En declaraciones posteriores se desdijo hasta su confesión completa ayer. La Fiscalía le atribuye, y así ha quedado probado, una agresión anterior ocurrida el 4 de mayo de 2015 cuando la madre zarandeó a la pequeña, le agarró por el pelo y le propinó cuatro guantazos en la cara y uno en el cuello.

A esta agresión le siguieron más golpes en la cara y las extremidades solo cinco minutos después del episodio, como relata la acusación pública en su escrito provisional de conclusiones, cuyos términos aceptó ayer la procesada. Todos esos golpes quedaron filmados en vídeos, aunque en mala calidad, efectuados con el teléfono móvil por la propia acusada, tal y como obra en el sumario de la causa.

La pequeña fue trasladada al Hospital de Sant Joan tras lo sucedido el 31 de mayo, donde recibió tratamiento y desde entonces está bajo la tutela del Consell. Además, la penada se encontraba embarazada de cuatro meses cuando resultó arrestada, de cuya criatura también se han responsabilizado los servicios sociales.

La acusación pública aplicó la atenuante de reparación del daño para solicitar la rebaja de la pena al haber abonado la responsabilidad que se le exige. Además, la mujer padece un trastorno de personalidad diagnosticado Cluster B que le impide controlar sus impulsos, sobre todo en momentos de mucho estrés. La Fiscalía consideró que a la procesada no se la podía imputar por completo por sus actos al concurrir la atenuante de trastorno mental, por lo que ayer la parte incidió en la condición de que se someta a tratamiento psiquiátrico. Igualmente, el Ministerio Público exigió una medida de alejamiento de la madre sobre la pequeña de dos años que inicialmente era del doble de tiempo, según fuentes consultadas. De forma paralela, el letrado Moserrat Gandolfo solicitó al juzgado la suspensión de la pena de encarcelamiento.

Condenan a 35 años de cárcel a una red de narcos y blanqueo afincada en El Campello

Según sostienen los magistrados, los dos principales acusados organizaban las entregas en lugares apartados, principalmente aparcamientos, donde dejaban ocultos paquetes de tabaco llenos de cocaína

La Audiencia Provincial ha condenado a una banda de traficantes de cocaína que se dedicaba también a lavar el dinero que obtenían de sus ilícitas actividades perpetradas en la comarca de L’Alacantí. El tribunal impone penas a siete integrantes de la banda que van desde los tres a los siete años en prisión y que en total suman casi 35 años entre rejas, tal y como recoge la sentencia de la Sección Segunda. Según sostienen los magistrados, los dos principales acusados, afincados en El Campello y Playa de San Juan de Alicante, organizaban las entregas en lugares apartados, principalmente aparcamientos, donde dejaban ocultos paquetes de tabaco llenos de cocaína. Así, los compradores les entregaban el dinero y luego acudían a recoger la droga.

personas estaban acusadas por integrar la trama que ocultaba la droga en paquetes de tabaco que recogían los clientes tras pagar el precio pactado.
La pareja se suministraba de un tercero y con otro narco que no pudo ser identificado tras una laboriosa investigación llevada a cabo desde marzo del año 2014 y culminada casi en junio con la detención de más de una decena de personas. Además de actuar en lugares poco transitados, la trama se valía de falsos vigilantes de seguridad para no levantar sospechas.

En el operativo para apresar a los sospechosos, los agentes se incautaron de diversas cantidades de droga cuyo valor en el mercado negro alcanza los 56.826 euros, así como básculas de precisión, envoltorios de plástico, una agenda con nombres y cantidades y más de una veintena de cajetillas de tabaco vacías.

Los magistrados validan las escuchas telefónicas intervenidas y condenan a los principales acusados, al tiempo que absuelven a otros cuatro supuestos miembros del entramado criminal, dos de ellos representados en el proceso por la letrada Belén Gara García y José Manuel Alemán.

Aceptan dos años de prisión por el rapto de un hombre en El Campello

Tres de los cuatro procesados acudieron a la Audiencia Provincial doce años después de secuestrar a un ciudadano francés por cuyo rescate exigieron a su familia 20.000 euros

El verano de 2004 fue especialmente sobresaltado para un ciudadano francés que volvía a su país cuando circulaba por la carretera a la altura de El Campello. En el camino se le cruzaron unos asaltantes armados que pretendían obtener un cuantioso botín por su rescate. Así lo reconocieron ayer tres de los cuatro acusados por estos hechos que se remontan a casi doce años atrás. El cuarto sospechoso se encuentra desaparecido, por lo que no acudió al juicio que se inició en la Audiencia Provincial de Alicante y que concluyó rápidamente después de que los procesados admitieran ser autores de los delitos de detención ilegal por los que venían siendo acusados.

Por ello, el Ministerio Público rebajó sus pretensiones iniciales de condena y rebajó la condena a dos años entre rejas. La acusación pública considera que concurre la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas debido a que el procedimiento se encuentra estancado desde el año 2007, según indicaron las fuentes consultadas. Además, el perjudicado no acudió ayer a la sesión del juicio que se iba a prolongar hasta hoy en la Sección Primera.

Así pues, los reos admitieron su papel en el suceso que comenzó el mediodía del 15 de junio de 2004. En ese momento, dos de los acusados, que venían siguiendo a su víctima, obligaron al hombre a apearse de la carretera por la que circulaba y le obligaron a montar en su vehículo a punta de pistola.

Los dos procesados y el secuestrado se dirigieron hacia Murcia, concretamente a la pedanía de El Puntal, donde residía en esas fechas la tercera acusada. El hombre recibió una paliza en el domicilio, situado en una de las zonas de expansión de la capital murciana, donde permaneció retenido atado de pies y manos para evitar que escapara, según el escrito provisional de acusaciones, cuyos términos aceptaron ayer los reos ante el tribunal de la Sección Primera de la sede provincial.

Desde el domicilio murciano, los acusados llevaron a cabo las gestiones para contactar con la familia del hombre al que acababan de raptar para exigirle la cantidad de 20.000 euros a cambio de su liberación. Lo que desconocían era que, en el transcurso de los contactos, los allegados pusieron en conocimiento de las autoridades policiales lo que estaba ocurriendo.

De esta forma, cuando apenas dos días después del rapto los secuestradores fueron a entregar a la víctima, los agentes los tenían completamente controlados. El hermano del perjudicado accedió a pagar la mitad del dinero exigido, una cantidad que los criminales dieron por buena para dar por concluido el cautiverio del hombre.

Sin embargo, en el momento de hacer la entrega, la autoridad policial siguió todos los movimientos de los reos, a quienes capturaron en medio de la operación para devolver al ciudadano francés a su familia.

La Fiscalía pedía de inicio una pena de ocho años entre rejas por lo acontecido el verano de 2004, pena que finalmente se ha reducido a los dos años tras el acuerdo alcanzado con la defensa de los procesados y su confesión ante el tribunal, como detallaron las fuentes consultadas.

El fiscal pide 9 años de inhabilitación para el exdiputado Serra y entre 7 y 9 para De Miguel, Rosado y Cervera

Los políticos están acusados por la adjudicación de contratos a la empresa de Correa y el Bigotes

1253816151_1La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para el exdiputado popular David Serra, y entre siete y nueve para los exconsellers Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera, imputados en la pieza 5 del caso Gürtel, relativa a contrataciones entre el Consell, la empresa dirigida por Álvaro Pérez ‘el Bigotes’ y otras sociedades del Grupo Correa.

El ministerio público ha presentado este viernes su escrito de calificación provisional, el último día otorgado por el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para hacerlo. Inicialmente, el plazo acababa hace dos semanas, pero se prorrogó a petición del fiscal.

En total, en esta pieza, que se dio por concluida el pasado mes de julio, hay 27 personas procesadas, a las que el juez instructor atribuye presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude.

Entre ellos, se encuentra Serra, para el que el fiscal pide nueve años de inhabilitación por varias contrataciones del Open de Tenis cuando era secretario autonómico de Deportes. Así mismo, para De Miguel solicita otros nueve años de inhabilitación por contrataciones en su etapa en Bienestar Social; para Cervera ocho años y para Rosado siete por contratos relacionados con el Hospital Clínico en sus diferentes etapas en Sanidad.