La empresa sueca comió con el entonces alcalde, Castedo y Ortiz para cerrar el proyecto. Uno de los técnicos de Ikea que estuvo en la reunión secreta plantó al tripartito el jueves (El Mundo).
El pasado jueves la reunión del equipo de Gobierno de Alicante con Ikea España acabó en fracaso. Los responsables de la multinacional del mueble se levantaron y abandonaron la sala de reunión nada más ver a los fotógrafos de prensa. Allí se quedaron el alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE) y sus dos socios de Gobierno, Miguel Ángel Pavón (Guanyar) y Natxo Bellido (Compromís), acompañados de dos asesores y un técnico.
Según la empresa, la presencia de fotógrafos variaba las condiciones que se habían pactado previamente. En el Ayuntamiento niegan «tajantemente» que se hablase de ninguna condición, y aseguran que se dejó entrar a los gráficos al inicio de la reunión «como sucede habitualmente en todos los encuentros institucionales de Alicante».
Tras su salida del consistorio, los técnicos de Ikea se pusieron en contacto con el portavoz de Ciudadanos en Alicante, José Luis Cifuentes, para verse en las dependencias privadas de un bufete de abogados. Ikea trasladó a Cifuentes que el tripartito había «mentido» al dar la impresión de que se estaba barajando un suelo que no fuera el de Rabasa, y que sólo contemplaba la opción de venir a la ciudad con macrocentro. El mensaje al tripartito ya estaba lanzado.
El problema que tiene esta zona es que existe una investigación judicial abierta sobre un presunto trato de favor al promotor Enrique Ortiz, por la que ha sido imputado junto a la ex alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi. El viernes Echávarri respondió a la multinacional: «O está con la ciudad o está con Ortiz», dejando entrever que la idea de instalarse en esta zona bloquearía la ejecución del proyecto ante las sospechas de pelotazo.
Lo cierto es que las negociaciones con Ikea para llegar al punto actual (macrocentro y Rabasa) tampoco puede decirse que se hayan ajustado al estándar de protocolo de una Administración pública. Los responsables de Ikea no sólo usaban a Ortiz para concertar citas a voluntad con la edil de Urbanismo y después alcaldesa, Sonia Castedo (PP), sino que también organizaban encuentros privados, parecidos a lo que la Policía cree que la ex edil mantenía con Ortiz para hablar del Plan General.
En el sumario de Brugal los investigadores incluyen un abundante reportaje fotográfico sobre una comida que Castedo tuvo con directivos de la multinacional en el restaurante Tiro Pichón, situado a las afueras de la ciudad. Allí acudieron también el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, el promotor Enrique Ortiz y alguno de sus técnicos.
Entre los responsables de Ikea estaban el director de Expansión de Ikea Ibérica, Sylvain Laval (hoy fuera de la empresa), y Pablo Campelo, uno de los técnicos que dejó plantado al tripartito el pasado jueves y que después prefirió verse en privado con C’s. La fecha es 10 de septiembre de 2008, un día señalado para Luis Díaz Alperi. Fue la última noche que pasó como alcalde.
Los investigadores creen que la comida, cuyas fotos ilustran este artículo, fue clave para la tramitación del proyecto. Las escuchas intervenidas desvelan que la idea era trazar el rumbo de la instalación del macrocentro en el suelo de Ortiz, tramitándolo como una modificación puntual del Plan General «para favorecer los intereses del empresario». Una vez en el restaurante, la Policía capta el momento en el que llegan los empresarios, técnicos y políticos al restaurante. También destaca dos detalles: uno de los hombres de Ortiz, Javier Llorens, «entrega un maletín a Sylvain Laval», y el alcalde llega «con otro maletín debajo del brazo».
En días posteriores Ortiz reconoce a Alperi que «la reunión fue un éxito». El empresario le informa «de la estrategia a seguir y de la necesidad de acelerar el proceso». Para ello le pide que meta «prisa» a Castedo (ya alcaldesa) para que aprueben el plan en el próximo pleno. Le desvela que le urge que los terrenos sean considerados urbanos para que los bancos no le pidan ampliación de garantías.
Según la Policía, hay otro motivo para aprobar cuanto antes la llegada de Ikea: «Los compromisos adquiridos contractualmente con la multinacional», cuyo «incumplimiento le supondrían un gran descalabro financiero». Como avanzó EL MUNDO, el promotor confesó a uno de los responsables de Mercadona en la provincia que ya había cobrado más de 90 millones de euros por la operación. La acusación particular que ejerce EU desveló después esos contratos firmados entre Enrique Ortiz e Ikea.
El empresario Enrique Ruiz Córcoles, que se encargó de la campaña electoral del PP en las elecciones municipales de 2007 en Alicante, asegura que el partido le pagó la mayor parte de su trabajo en B y que el resto de pagos los recibió de constructoras, adjudicatarias del Ayuntamiento.
El uso de tarjetas de crédito para adelantar gastos a costa del erario público no ha sido competencia exclusiva de la época de excesos. El PP de Alicante sabe que la existencia de este tipo de gastos de representación en algunos ayuntamientos puede socavar su discurso de regeneración democrática en plena tormenta preelectoral. Por ello prevé prohibir en su ponencia del sábado en Benidorm el uso de tarjetas de crédito con dinero público a aquellos de sus cargos que estén cobrando un sueldo de la Administración.
El PSPV de la ciudad de Alicante ha presentado este martes un recurso contra el auto del juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, en el que se acordaba el sobreseimiento provisional de la causa por el Plan Rabasa respecto al exalcalde Luis Díaz Alperi y la exsecretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente y presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, por presuntas irregularidades en la tramitación del planeamiento.