Maletines y restaurantes: la reunión secreta de Alperi y Castedo con Ikea

La empresa sueca comió con el entonces alcalde, Castedo y Ortiz para cerrar el proyecto. Uno de los técnicos de Ikea que estuvo en la reunión secreta plantó al tripartito el jueves (El Mundo).

ikeaEl pasado jueves la reunión del equipo de Gobierno de Alicante con Ikea España acabó en fracaso. Los responsables de la multinacional del mueble se levantaron y abandonaron la sala de reunión nada más ver a los fotógrafos de prensa. Allí se quedaron el alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE) y sus dos socios de Gobierno, Miguel Ángel Pavón (Guanyar) y Natxo Bellido (Compromís), acompañados de dos asesores y un técnico.

Según la empresa, la presencia de fotógrafos variaba las condiciones que se habían pactado previamente. En el Ayuntamiento niegan «tajantemente» que se hablase de ninguna condición, y aseguran que se dejó entrar a los gráficos al inicio de la reunión «como sucede habitualmente en todos los encuentros institucionales de Alicante».

Tras su salida del consistorio, los técnicos de Ikea se pusieron en contacto con el portavoz de Ciudadanos en Alicante, José Luis Cifuentes, para verse en las dependencias privadas de un bufete de abogados. Ikea trasladó a Cifuentes que el tripartito había «mentido» al dar la impresión de que se estaba barajando un suelo que no fuera el de Rabasa, y que sólo contemplaba la opción de venir a la ciudad con macrocentro. El mensaje al tripartito ya estaba lanzado.

El problema que tiene esta zona es que existe una investigación judicial abierta sobre un presunto trato de favor al promotor Enrique Ortiz, por la que ha sido imputado junto a la ex alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi. El viernes Echávarri respondió a la multinacional: «O está con la ciudad o está con Ortiz», dejando entrever que la idea de instalarse en esta zona bloquearía la ejecución del proyecto ante las sospechas de pelotazo.

Lo cierto es que las negociaciones con Ikea para llegar al punto actual (macrocentro y Rabasa) tampoco puede decirse que se hayan ajustado al estándar de protocolo de una Administración pública. Los responsables de Ikea no sólo usaban a Ortiz para concertar citas a voluntad con la edil de Urbanismo y después alcaldesa, Sonia Castedo (PP), sino que también organizaban encuentros privados, parecidos a lo que la Policía cree que la ex edil mantenía con Ortiz para hablar del Plan General.

En el sumario de Brugal los investigadores incluyen un abundante reportaje fotográfico sobre una comida que Castedo tuvo con directivos de la multinacional en el restaurante Tiro Pichón, situado a las afueras de la ciudad. Allí acudieron también el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, el promotor Enrique Ortiz y alguno de sus técnicos.

Entre los responsables de Ikea estaban el director de Expansión de Ikea Ibérica, Sylvain Laval (hoy fuera de la empresa), y Pablo Campelo, uno de los técnicos que dejó plantado al tripartito el pasado jueves y que después prefirió verse en privado con C’s. La fecha es 10 de septiembre de 2008, un día señalado para Luis Díaz Alperi. Fue la última noche que pasó como alcalde.

Los investigadores creen que la comida, cuyas fotos ilustran este artículo, fue clave para la tramitación del proyecto. Las escuchas intervenidas desvelan que la idea era trazar el rumbo de la instalación del macrocentro en el suelo de Ortiz, tramitándolo como una modificación puntual del Plan General «para favorecer los intereses del empresario». Una vez en el restaurante, la Policía capta el momento en el que llegan los empresarios, técnicos y políticos al restaurante. También destaca dos detalles: uno de los hombres de Ortiz, Javier Llorens, «entrega un maletín a Sylvain Laval», y el alcalde llega «con otro maletín debajo del brazo».

En días posteriores Ortiz reconoce a Alperi que «la reunión fue un éxito». El empresario le informa «de la estrategia a seguir y de la necesidad de acelerar el proceso». Para ello le pide que meta «prisa» a Castedo (ya alcaldesa) para que aprueben el plan en el próximo pleno. Le desvela que le urge que los terrenos sean considerados urbanos para que los bancos no le pidan ampliación de garantías.

Según la Policía, hay otro motivo para aprobar cuanto antes la llegada de Ikea: «Los compromisos adquiridos contractualmente con la multinacional», cuyo «incumplimiento le supondrían un gran descalabro financiero». Como avanzó EL MUNDO, el promotor confesó a uno de los responsables de Mercadona en la provincia que ya había cobrado más de 90 millones de euros por la operación. La acusación particular que ejerce EU desveló después esos contratos firmados entre Enrique Ortiz e Ikea.

Un empresario cuenta cómo Castedo y Alperi le pagaron en B la campaña de 2007

Comentó cómo fabricaban tan bonitos los billetes de 500 euros. Estos los mandan de Madrid, fue la respuesta que recibió el mismo (Alicante24horas)

dimision-alperiEl empresario Enrique Ruiz Córcoles, que se encargó de la campaña electoral del PP en las elecciones municipales de 2007 en Alicante, asegura que el partido le pagó la mayor parte de su trabajo en B y que el resto de pagos los recibió de constructoras, adjudicatarias del Ayuntamiento.

“Los de 500 los mandan de Madrid”
El relato del empresario, publicado este lunes en El País, es una bomba y probaría los manejos de dinero negro en el PP valenciano, que salpica a la dirección nacional del partido. En una parte de la entrevista, Enrique Ruiz Córcoles narra una reunión en el Ayuntamiento con el alcalde Luis Díaz Alperi y con una concejal del PP. “Me dieron 35.000 euros en B en el despacho de Luis Díaz Alperi, que estaba con Sonia Alegría. Me hizo contar el dinero delante de ellos. Posteriormente, durante la conversación comenté cómo fabricaban tan bonitos los billetes de 500. Sonia me dijo: ‘Esto lo mandan de Madrid”.

Pagos realizados por constructores
El dueño de la empresa ER Backspin, que llevó a cabo la campaña, asegura que no firmó ningún contrato con el PP y que preparó una factura por sus servicios de 21.000 euros, que es lo que permitía gastar la la Ley Electoral.

El resto de los pagos se lo hicieron varios constructores, entre ellos Enrique Ortiz: “Ortiz me pagó en billetes unos 30.000 o 40.000 euros. Fui a sus oficinas en Alfonso X El Sabio y una secretaria me dio un sobre diciéndome: ‘Esto han dejado para ti”.

Una campaña “bestial”
El empresario dice que se trató de una “campaña bestial”, en la que no se escatimó en nada: se convenció a “constructores y promotores” para que cedieran espacios y “el alquiler de cada fachada estaba entre los 8.000 y 40.000 euros”.

Se montaron “castillos hinchables, tirolinas, bandas de música, regalábamos coca-colas. Pusimos más de 150 vallas en Alicante, radios, publicidad estática, un folleto especial de 12 páginas buzoneado por todo Alicante, se invitó a todo el mundo”, asegura el empresario.

El empresario acusa al PP de no pagarle parte de la campaña
Según la acusación del empresario, desde el Ayuntamiento le prometieron que le pagarían una parte de la campaña con adjudicaciones municipales, pero en 2009, seguían sin pagarle y empezó a tener problemas con su empresa. “Me ofrecían tonterías y acabé arruinado”, afirma Enrique Ruiz Córcoles, que asegura que el constructor Enrique Ortiz le hacía caros regalos a Castedo, como relojes y joyas de 6.000 y 7.000 euros. “Yo he visto cómo les llevaban al coche neceseres. Y a Alperi con bolsas negras liadas, aunque nunca vi lo que iba dentro”, afirma el empresario.

Los afectados niegan las acusaciones
Gracias a aquella campaña, Luis Díaz Alperi conservó la Alcaldía de Alicante, que luego cedió a Sonia Castedo. Ambos políticos están imputados junto al constructor Enrique Ortiz por amañar, presuntamente, el Plan General Urbano de la ciudad en beneficio del constructor.

Todos los afectados niegan las acusaciones del empresario. Sonia Castedo dice que no pidió favores a las constructoras, ni hubo pagos en negro, además, que el empresario Enrique Ruiz “llevaba una parte de la campaña, no toda”. La alcaldesa le insta a que lo denuncie en el juzgado, si lo considera oportuno. Díaz Alperi también ha rechazado que en su despacho se efectuaran pagos en negro.Por su parte, el constructor Enrique Ortiz también niega que pagara dinero para financiar ninguna campaña del PP.

Alicante también tenía una tarjeta ‘black’ para diversos gastos

Ángel Luna (PSOE) negó que hiciera uso de ella durante su mandato. Mintieron en la fecha en la que se supone que la dieron de baja.

14133651086819El uso de tarjetas de crédito para adelantar gastos a costa del erario público no ha sido competencia exclusiva de la época de excesos. El PP de Alicante sabe que la existencia de este tipo de gastos de representación en algunos ayuntamientos puede socavar su discurso de regeneración democrática en plena tormenta preelectoral. Por ello prevé prohibir en su ponencia del sábado en Benidorm el uso de tarjetas de crédito con dinero público a aquellos de sus cargos que estén cobrando un sueldo de la Administración.

Que se sepa, hay al menos un Ayuntamiento en la provincia que ha hecho uso de este tipo de tarjetas fantasma: el de la capital. La Sindicatura de Cuentas entregó en enero del año 2013 un informe sobre el control económico interno del consistorio que dirige Sonia Castedo en el que alertaba de la existencia de una misteriosa tarjeta, con crédito de 6.000 euros, suscrita a Alcaldía y cuya función era «adelantar gastos de Tesorería».

Se trata de una situación de «debilidad de control interno», según el Síndic, porque rompe la habitual dinámica de justificación del gasto. El órgano competente para liberar Alcaldía de fondos es la Junta de Gobierno, con una fiscalización exhaustiva de Intervención.

De hecho, algo sabría la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que estaba haciendo mal con esta tarjeta cuando, apenas un mes después de que el organismo auditor la detectase, dio orden de darla de baja. Y, para tapar el desliz, envió a su edil de Hacienda, Juan Seva, a decir que la tarjeta no estaba activa desde «el 1 de enero de 2013», antes incluso de que se entregase el informe. Sin embargo, la Sindicatura revela en su escrito definitivo que la orden se dio un mes después, en febrero. Es decir, que sólo se anuló la tarjeta cuando Castedo supo que se había destapado la existencia de ésta, nunca antes.

Otro asunto que el PP no ha aclarado es de dónde viene la tarjeta. Según Seva, la han utilizado «todos los alcaldes de Alicante» desde la época del socialista Lassaletta (1979-1991). Esta versión tampoco casa con las dos fuentes con las que ha contactado EL MUNDO. La primera, el ex alcalde del PSOE Ángel Luna (1991-1995), negó tener acceso a «cualquier tipo de tarjeta de crédito» para sus gastos durante su mandato. La segunda, una fuente de la Concejalía de Hacienda, explicó que fue el antecesor de Castedo, Luis Díaz Alperi, quien la puso en marcha.

La tarjeta, según esta versión, era para los chóferes de Alperi, para que pudiesen hacer gastos relacionados con sus desplazamientos. Sin embargo, eso no justifica el escaso control al que estaba sometida la tarjeta -como puso de relieve el Síndic-, lo que la convertía en una anomalía que el PP se apresuró a eliminar sin dejar rastro.

La existencia de la tarjeta coincide, además, con numerosas polémicas por los gastos de representación de la alcaldesa de Alicante en los últimos años. Sonia Castedo ha pagado con dinero público desde facturas de repostería (de la alicantina coca de mollitas) hasta dos pares de zapatos para la pregonera de las Hogueras, Antonia San Juan. Y eso que estos gastos sí que han pasado por Junta de Gobierno, con la aprobación explícita de todos sus ediles.

PSPV recurre el sobreseimiento para Alperi y Ureña por Rabasa

Se suman a la petición de EU

1215069798_g_0El PSPV de la ciudad de Alicante ha presentado este martes un recurso contra el auto del juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, en el que se acordaba el sobreseimiento provisional de la causa por el Plan Rabasa respecto al exalcalde Luis Díaz Alperi y la exsecretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente y presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, por presuntas irregularidades en la tramitación del planeamiento.

Los abogados del PSPV consideran que, frente al argumento del instructor de que no queda acreditada la implicación de Alperi en delito alguno, en esta fase inicial del procedimiento, en la que no se han iniciado las declaraciones de los denunciados-imputados, «es suficiente con los indicios que establecen la probabilidad de implicación».

Además, los socialistas aseguran en su recurso que el informe policial al que hace referencia el auto recoge una serie de hechos «en los que interviene Díaz Alperi y, en menor medida, María Ángeles Ureña, que revisten carácter ilícito».

Para el PSPV, existen unos hechos «incuestionables» como los «continuos contactos» con el constructor imputado Enrique Ortiz «para favorecer la instalación de Ikea en Rabasa». De hecho, los socialistas sostienen en un comunicado que el informe policial, tal y como apunta el propio ministerio fiscal, «acredita la continuidad de Alperi como activo defensor del Plan Rabasa, según va conviniendo su concreción a Enrique Ortiz».

El recurso sostiene que «un ejemplo de ello es el viaje a Oporto que realizaron Sonia Castedo y el propio Díaz Alperi para reunirse con los directivos de Ikea». «El juez instructor estima como oficial dicho viaje cuando lo cierto es que Alperi ya no era alcalde de la ciudad y, por tanto, no ostentaba competencia oficial sobre la tramitación del Plan Rabasa. Es decir, que se trató más bien de un viaje con un carácter más oculto y clandestino que oficial», argumenta.

Los letrados socialistas consideran que «existen evidentes indicios delictivos racionales derivados del informe policial». «El mismo informe en el que se ha basado el juez instructor para imputar y llamar a declarar a varias personas, por lo que idéntico criterio debería servir para Díaz Alperi y María Ángeles Ureña», zanjan.

Alperi compró un Mercedes a la empresa que pagó su viaje a Creta

El juez del ‘caso Brugal’ pide que la Policía investigue esta operación de 48.000 euro. Ortiz pidió al sobrino de Juan Cotino el jet para que viajaran

La situación judicial de Luis Díaz Alperi sigue retorciéndose a medida que los investigadores escarban en su patrimonio. La nueva documentación que ha llegado al juzgado que investiga el caso Brugal, a la que ha tenido acceso este periódico, establece una relación tremendamente comprometedora para el mentor de Sonia Castedo y ex alcalde de Alicante. El dossier revela que Alperi compró un coche de lujo en el año 2009, un Mercedes cuyo valor ascendió a 48.720 euros, a Rocafort de Negocios, la misma empresa que, presuntamente, pagó su viaje a Creta en jet con la edil Sonia Alegría.

El juez que instruye el amaño urbanístico de Alicante en favor del constructor Enrique Ortiz ya ha dado traslado a la Policía de las conclusiones de este documento al tiempo que insta a los agentes a que investiguen al respecto. El viaje a Creta se realizó en 2008 en jet privado, siempre según la versión policial. Costó 45.000 euros y sólo se pagó en parte (36.000 euros fueron ingresados en una cuenta de Caixa Catalunya el día antes de la partida), ya que la compañía sigue sin recibir el dinero. La investigación posterior, una vez que explotó el caso Brugal, señaló directamente a la mercantil Rocafort de Negocios SL y el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) que instruía el asunto por la condición de aforado de Alperi, Juan Climent, solicitó a la Agencia Tributaria (AEAT) todos los datos de esta sociedad entre los años 2007, 2008 y 2009.

Los empresarios cuando declararon ante el juez apenas aportados datos sobre la financiación de este viaje. Eso sí, un industrial imputado señaló a Ricardo Fuster, el representante legal y socio único de Rocafort de Negocios SL, como la persona que pagó los gastos del polémico viaje. Fuster quedó imputado por cohecho. Ahora su nombre vuelve a emerger en la investigación después de un documento que le señala como el vendedor del Mercedes a Alperi. Este extremo ya está en manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.

Se suma, de esta manera, al seguimiento patrimonial que se está haciendo al ex alcalde de Alicante y que quedará incluido en un dossier al que todavía le faltan muchas aristas por pulir.

Al parecer el viaje de Alperi a Creta despertó todo el interés de Enrique Ortiz que, según las conversaciones intervenidas por la Policía, se dejó la piel para que el ex alcalde pudiera irse de vacaciones. Los investigadores interceptaron un diálogo entre el empresario de referencia de Castedo y el sobrino del presidente de las Cortes Valencianas, Vicente Cotino, con quién hacía negocios con los que pretendían adjudicaciones millonarias.

Así, Ortiz pidió a Vicente Cotino un avión para que el ex alcalde se fuese dos semanas a Creta con una concejal del Consistorio, Sonia Alegría. La petición se grabó el 3 de julio de 2008: «El día 29 necesito el avión, si es posible, par ir a Creta». Ortiz apunta que volvería «el día 13». Cotino le replica que no habría problema.

Según los investigadores, este encargo se gestionó a través de la empresa Asedes Capital, dedicada al alquiler de aviones y cuyo apoderado es el sobrino del presidente de las Cortes, Juan Cotino, salpicado de lleno con las gestiones entre la Generalitat Valenciana y la trama corrupta Gürtel para organizar la Visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en el verano de 2006. En una conversación posterior, Ortiz confirma a su hermana que este jet es para el alcalde de Alicante.