MEDIOS DE PAGO VIRTUALES PARA LAS TRANSFERENCIAS CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

A propuesta del grupo político municipal Ciudadanos, con el apoyo del PSPV, EUPV, REDcv, Podem y las abstenciones de VOX y Compromís (el PP votó en contra) el Ayuntamiento de El Campello aprobaba una moción en la sesión plenaria ordinaria del pasado jueves, para incorporar, a lo largo de este año, métodos de pago electrónicos u online, sin comisiones y basados en la inmediatez transaccional, para ofrecer a la ciudadanía todas las facilidades en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
La proposición, expuesta por la edil de Bienestar Social, Mercé Pairó (Cs), recogía la necesidad de realizar los trámites necesarios, incluyendo la modificación de la Ordenanza Fiscal General, para la incorporación, a lo largo del 2022, de este sistema de pago, comenzando por las transacciones mediante las cuales se abonan los tributos locales o sanciones.
“Esto se traduce en la posibilidad de acercar la Administración a los administrados y en favorecer la prestación de un servicio efectivo y ágil a la ciudadanía, ofreciéndola más posibilidades en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con seguridad y ahorro de tiempo y dinero. Resulta indudable que las nuevas tecnologías facilitan la vida”, explicó la edil durante su argumentación.

LA ADMINISTRACIÓN: ESA GRAN DESCONOCIDA O ESA GRAN PARADOJA? Primera parte.

Angel Sánchez
Opinión sobre: LA ADMINISTRACIÓN: ESA GRAN DESCONOCIDA O ESA GRAN PARADOJA? Primera parte.

La administración pública, la sufrimos o la disfrutamos todos y todas. La realidad es que el disfrute o el sufrimiento va más por afinidades simbólicas o personales que por motivos verdaderamente racionales, porque si así fuera, existirían mareas de ciudadanos y ciudadanas pidiendo el cierre de las administraciones por suponer un lastre. Pero, la administración, en un marco democrático, no solo es el ente que presta determinados servicios: representa a la ciudadanía, las preferencias, las ambiciones y preocupaciones colectivas.

Los Ayuntamientos de la transición se enfrentaban a retos importantes. Realmente y pese a la politización de la sociedad del momento, las diferencias ideológicas se relativizaban ante la ausencia de una organización administrativia ( pocos medios humanos y materiales, procedimientos discrecionales, etc). Pero lo que en verdad la relativizaba ( y ahí están los datos) era la ausencia de servicios e infraestructuras ( se puede observar y comparar las similitudes en cuanto a los objetivos de la primera época democrática en Ayuntamientos gestionados por opciones políticas diferentes).

En nuestro municipio se realizó un importante esfuerzo en las dos direcciones: se crearon servicios y se dotó al municipio de infraestructuras, a la par que se reformaba la estructura administrativa dotándola de medios personales y procedimientos administrativos. Pero la época en la que ésto se realizó, la marea neoliberal había llegado a Europa de la mano de los gobiernos Británico y Estadounidense: Theacher y Reagan fueron los dirigentes que simbolizaron el triunfo de la ideología neoliberal ante los movimientos progresistas. El fin de las ideologías preconizado por Fukuyama y Bell supuso realmente el declive de las ideas progresistas, en concreto las socialdemócratas que habían hegemonizado la Europa de post guerra. Y nuestro municipio no fue ajeno a la hegemonía de los nuevos paradigmas neoliberales sobre los servicios y la administración: la Nueva Gestión Pública.
El principio fundamental de éste paradigma es la superioridad de la gestión privada frente a una gestión pública excesivamente burocratizada, lenta y costosa. Por consiguiente, muchos de los servicios que por aquel entonces se pusieron en marcha, fueron a través de la herramienta de la externalización de servicios. La socialdemocracia renunció a buscar alternativas, y así seguimos hasta nuestros días.

Pero, la dinámica empresarial y la consiguiente conversión de la ciudadanía en consumidores de servicios ( clientes, contribuyentes, etc) se hizo sobre la segmentación e individualización de la sociedad, donde el servicio prestado a menor precio ( para la administración, no quizá para el ciudadano) no dejaba ver los efectos que éste partenariado público-privado acarreaba para la sociedad: precarización del empleo creado en torno a los servicios, supeditación al precio y no a la calidad, perdida de control colectivo, etc. Y todo ello, bajo la supervición de una estructura burocrática con bajos niveles de vocación y separada de la sociedad real a través de beneficios directos e indirectos ( la cuestión de los y las empleados públicos como «nueva clase», la abordaré en otro texto) que ha fallado estrepitosamente en su labor, multiplicando exponencialmente casos de nepotismo, clientelismo y corrupción (entendida por corrupción cualquier práctica que vulnere la ley, incluso sin obtener rédito individual).
Pero, contradictoriamente, en nuestra administración local se da la paradoja de que, manteniendo una estructura burocrática más estática que dinámica, ha pretendido clientelizar a la ciudadanía pero sin permitir que ésta ejerza sus derechos de consumidor: sin rendir cuentas, sin informar y sin adaptarse a las circunstancias de sus hipotéticos clientes. Privatizando más por comodidad siguiendo esa estática neoliberal «heredada», que por reforzar a los derechos democráticos de ciudadanía.

Los movimientos progresistas se enfrentan a un verdadero punto de inflexión: o buscar alternativas al paradigma que se ha demostrado como democráticamente perverso ( clientelización de la ciudadanía) o resignarse a lo que Limblond definió como «ir tirando», rindiéndose ante el neoliberalismo por incapacidad, comodidad o simplemente por carecer de compromisos éticos y políticos más allá de un interés coyuntural. Pero, incluso, desde el punto de vista de la mera supervivencia electoral, ¿no sería lógico buscar alternativas que los diferenciase de la derecha?.

LA ADMINISTRACIÓN (CUALQUIERA, PERO SOBRE TODO, LA NUESTRA)

Angel Sánchez
Opinión sobre: LA ADMINISTRACIÓN (CUALQUIERA, PERO SOBRE TODO, LA NUESTRA).

La administración, así a lo bruto, nos presenta una imagen macro que engloba a todo el complejo entramado burocrático estatal, autonómico y local. Mi interés es analizar aunque sea de forma superficial, el desarrollo de la administración que más cerca tenemos y que, pese a los esfuerzos de muchos para presentarla como algo ajeno, ni lo es ni lo debe ser, pues es el instrumento más directo para que la política sea lo que la democracia necesita como revulsivo: más democracia.

Los «mayores» recordarán el Ayuntamiento franquista en nuestra localidad. Mínimo en sus servicios y reducido en sus medios. Arbitrario y poco profesional donde el estatus económico, social e incluso las creencias personales condicionaban el trato con la administración y, por consiguiente, la atención a los problemas y necesidades. Una administración que velaba por los intereses de los grupos pudientes sin ningún pudor al no existir normas legales que obligasen a un procedimiento justo. Esa administración «antigua», fue progresivamente sustituida por una administración más numerosa y profesional. El gran merito organizativo, en mi opinión hay que atribuírselo a la capacidad de un profesional que dirigió la secretaría municipal en la década de los ochenta y mediados de los noventa: Vicente Boix. Catedrático de derecho administrativo y una persona con un compromiso inequívoco con el servicio público y, sobre todo, con la modernización de la administración. Aquel momento de cambio que propició la primera década de democracia impulsó la profesionalización y diversificación tanto del personal como de los servicios públicos: más infraestructura ( principalmente socio cultural y educativa), más profesionales de la administración y mayores recursos que colocaron a la administración local al nivel de otras administraciones.

Este recorrido histórico acaba prácticamente en el inicio del gobierno de la derecha a mediados de los noventa del pasado siglo. No obstante, la consolidación del estado de derecho y de una administración donde los procedimientos y gestiones estaban plenamente institucionalizados impidió la quiebra de la estructura administrativa: se pasa de una organización racional a una actuación donde prima la irracionalidad. El ingente incremento de personal técnico al albur de la burbuja inmobiliaria, junto a la arbitrariedad en la concesión de remuneraciones complementarias sin criterio claro y de dudosa legalidad, transforman la incipiente ética del servicio público en un conjunto de reivindicaciones personales en conflicto desde un sentimiento ajeno a esa ética, donde se considera el servicio público como un mero empleo sin compromiso. Esta situación choca con el carácter general de una derecha que considera, genéricamente, a la administración como un instrumento pesado y lento, necesitado de mecanismos empresariales para mejorar su funcionamiento. Únicamente en lo que respecta a la externalización de servicios se puede observar el carácter neoempresarial. Frente a ésta dinámica, no ha existido más que de forma retórica ( a las pruebas de los dos años de gobierno de coalición me remito) un discurso pero no una práctica neopública. No se ha cuestionado la clientelización (cliente, en términos empresariales) de la administración, se sigue considerando (excepto en el discurso) al ciudadano como mero receptor de servicios y contribuyente, y la democracia, tal y como Shumpeter la definía como un «mero instrumento de selección» de personal político.

Ya en 1991 la OCDE en un reconocido informe afirmaba que existía un consenso en las democracias occidentales en torno a la idea de que había que avanzar hacia una «administración al servicio del público». Las administraciones debían ser receptivas: mayor accesibilidad, comprensibilidad y transparencia, así como mayor diligencia en la solución de problemas a través de políticas públicas diseñadas de forma participativa.

La necesidad de acercar la administración a sus objetos ( que no es el procedimiento, sino la ciudadanía), a través de las nuevas tecnologías pero sobre todo, a través de una serie de códigos éticos positivos de obligado cumplimiento por el cuerpo administrativo, junto a la superación del paradigma neoliberal de «eficacia preheminente de lo privado frente a lo público», son algunos de los componentes del debate que se debería estar produciendo en el ámbito de las administraciones, pero sobre todo y por lo que nos afecta, en nuestro Ayuntamiento. ¿Porqué?. Simple y llanamente porque así lo expresaron una mayoría plural de ciudadanos y ciudadanas en las urnas. ¿lo hemos olvidado?

La Generalitat necesita contratar a 4500 nuevos empleados públicos en los próximos tres años para evitar el colapso

La Generalitat necesita contratar a 4500 nuevos empleados públicos en los próximos tres años.

«Esa es la única manera de evitar el colapso de una Administración lastrada por el alto número de vacantes en su plantilla, 1141 sobre un total de 17073 puestos de trabajo, y amenazada por el envejecimiento de la plantilla, fenómeno que provocará 5000 jubilaciones en los próximos cinco años, 12000 en la próximas dos décadas», ha señalado la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo.

Esta es una de las principales conclusiones del Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Generalitat que la consellera ha presentado este viernes al Consell, en primer lugar, y a continuación a las organizaciones sindicales representadas en la Mesa General de Negociación del personal funcionario, estatutario y laboral de la Generalitat.

La elaboración del plan estratégico fue encargada por el Consell a la consellera Bravo en el Seminario de Gobierno Invierno 2016, celebrado el pasado mes de enero en Morella, con el objeto de dotar a todas las consellerias del personal formado necesario para su actividad.

Para cumplir esa encomienda, la consellera constituyó un grupo de trabajo en la Dirección General de Función Pública, que ha sido la responsable de la elaboración del plan, que se se circunscribe al sector de la Administración General y sobre cuya gestión es competente la Dirección General de Función Pública.

A partir de un diagnóstico previo, el documento analiza cuáles son las actuaciones necesarias en la Administración de la Generalitat en materia de recursos humanos y se planifican las medidas concretas a realizar en los próximos años.

Alta temporalidad y envejecimiento

Respecto al diagnóstico realizado, uno de los elementos más llamativos detectados en la plantilla de la Administración valenciana es su elevada tasa de temporalidad, dada la gran proporción sobre el total del personal interino o contratado laboral temporal.

La Administración de la Generalitat dispone de 17073 puestos de trabajo. De éstos, sólo 15093 están ocupados, el 88,4 %. Las vacantes, un total de 1141, afectan sobre todo a las consellerias de Agricultura y Medio Ambiente y a la de Educación. A continuación, destacan el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La estructura de estas plazas ocupadas es la siguiente:

– 9219 Funcionarios de carrera
– 4784 Interinos de urgencia
– 1001 Contratados laborales
– 832 Laborales temporales
– 59 Eventuales
– 35 Laborales indefinidos no fijos
– 18 Otros

Otro elemento destacable de la plantilla de la Administración valenciana es su elevada tasa de provisionalidad, provocada por la generalización, entre el personal funcionario y contratado laboral fijo, de situaciones de provisión no definitivas, tales como la comisión de servicios y la adscripción provisional. Como consecuencia, sólo 6481 funcionarios ocupan la plaza de la que son titulares (el 42% de las plazas ocupadas), mientras que 8612 plazas tienen un ocupante provisional.
La conclusión a la que llega el estudio es que el 36% del personal está en situación de precariedad laboral. Su distribución, además, no es homogénea, porque ese porcentaje se eleva al 51% en el SERVEF, al 49,9% en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y al 45% en Educación y Cultura.

Por último, el informe elaborado por la Dirección General de Función Pública destaca el proceso de envejecimiento de las plantillas. Más del 60% de los empleados públicos tienen cincuenta o más años; de ellos, más del 13% superan los sesenta. Sólo 58 personas de la administración del Consell tienen edad inferior a los treinta. Es pues, una plantilla envejecida.

En los próximos diez años se jubilan más de 5.000 efectivos. Si se añade la previsión de bajas por incapacidad permanente o defunción, a partir de 2018 todos los años podrán generarse más de 500 vacantes, que serán cerca de 800 a partir de 2022 y 900 entre los años 2025-2029. En 20 años se jubilará el 75% de la plantilla, más de 12000 personas.

El plan defiende que para disminuir la tasa de temporalidad y rejuvenecer las plantillas es necesario convocar procesos selectivos en la casi totalidad de sectores de la administración autonómica, así como la inclusión de procesos selectivos libres (no restringidos) en los que puedan valorarse, entre otros méritos, los servicios prestados y la experiencia en los puestos objeto de la convocatoria. Por ello, el planteamiento ideal de las ofertas para los tres próximos años es la combinación de procesos ordinarios en los que se oferten un número alto de plazas junto a procesos de consolidación en los que se valore sobre todo la experiencia acumulada.

Una vez reducida la temporalidad, se debería mantener esa situación mediante la convocatoria regular de procesos selectivos a través del sistema de oposición que permita un rejuvenecimiento de las plantillas.

Sin embargo, la plena efectividad de estas actuaciones requiere la eliminación de las cláusulas restrictivas que en los últimos años incluyen las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado en materia de número de plazas susceptibles de ser convocadas en oferta de empleo público por las administraciones públicas, lo que se conoce como porcentajes sobre la tasa de reposición de efectivos .

El plan estratégico también considera imprescindible la modificación de la disposición transitoria cuarta del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que limita la posibilidad de efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos desempeñados interina o temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2005.

Los técnicos de la Dirección General de la Función Pública consideran que no es posible atajar las deficiencias de las que adolece la Administración de la Generalitat si el Gobierno central sigue manteniendo limitaciones a la posibilidad de convocar ofertas de empleo. Por ello, la Generalitat Valenciana ha reclamado y va a seguir reclamando al Gobierno la eliminación en las próximas leyes de Presupuestos Generales del Estado de las limitaciones respecto a las ofertas públicas de empleo.

Dos escenarios

Ya que a fecha de hoy se desconoce cuál va a ser ese planteamiento para 2017 y para los años siguientes, es necesario plantear dos escenarios posibles, a los que se corresponden dos programaciones distintas.

En caso de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado eliminase las limitaciones relativas a la tasa de reposición, la Generalitat podría aprobar tres ofertas anuales de unas 1500 plazas cada una para los años 2017, 2018 y 2019. Se conseguiría así ofertar un volumen de plazas cercano al 90% de las vacantes. Los procesos de consolidación se incluirían en los dos primeros años. De poder actuar así, el plan calcula que, una vez ejecutadas estas ofertas, la tasa de temporalidad habrá descendido a un 15%, pese al elevado número de bajas que se prevén.

Si por el contrario, se mantienen las tasas de reposición, el plan alerta de que será imposible disminuir la tasa de temporalidad, por lo que el documento recomienda que se siga instando al Gobierno de España a la eliminación de las restricciones.

De esta manera, si la tasa resultante para 2017 es la misma que para 2016, el plan apuesta por tres ofertas anuales de unas 350 plazas de turno libre cada una y entre 260 – 300 plazas de promoción interna. Son ofertas no solo insuficientes para lograr una reducción de la tasa de temporalidad, sino que ésta habrá aumentado transcurridos los tres años.

Otras iniciativas

Para la elaboración de esta planificación estratégica, la Dirección General de Función Pública solicitó a las organizaciones sindicales la presentación de sus propuestas de creación, amortización o modificación de puestos de trabajo, que fueron estudiadas y analizadas junto con las respectivas consellerias y organismos.

También analizó la situación estructural de las plantillas de cada conselleria y organismo, y se les requirió una memoria detallada en la que se hicieran constar, por áreas o ámbitos funcionales de su competencia, datos sobre la situación y ocupación real de los puestos en las estructuras, necesidades de modificación de puestos, necesidades de creación de puestos y posibles amortizaciones.

Esta información permitió incluir en el plan estratégico otras medidas cuya adopción es necesaria. Entre otras:
1) Homogeneizar las posiciones retributivas correspondientes a puestos de trabajo con las mismas funciones, del mismo cuerpo o escala y susceptibles de ser desempeñados por personal perteneciente al mismo grupo de titulación.
2) Reestructurar el sistema de cuerpos y escalas vigente para reducir de manera notable su número y facilitar así la movilidad del personal empleado público. Esta tarea se acometerá a través de la reforma de la estructura de la función pública de la administración de la Generalitat que quedará plasmada en la nueva ley de empleo público en la que está trabajando la conselleria.

3) Crear y cubrir nuevos puestos de trabajo para atender las actuales exigencias administrativas derivadas del cumplimiento de las competencias de los distintos departamentos de la Administración de la Generalitat.

4) Reducción de la tasa de temporalidad, actualmente del 34%, así como de la de no ocupación (casi el 12%), y la de provisionalidad (58%). Para ello es necesario la convocatoria periódica de concursos de traslados así como la convocatoria de procesos selectivos y, dentro de estos últimos, la convocatoria de procesos de consolidación de empleo.

Declaracions de la consellera de Justícia, Gabriela Bravo

Infocaldero se consolida un año más como el escaparate fundamental entre Técnicos Informáticos Públicos y empresas del sector

Este viernes 25 se realizó la ya tradicional quedada entre Técnicos Informáticos de la Administración Pública en El Campello.

Infocaldero es un proyecto que nació hace más de 15 años, allá por el 2000, con un único propósito principal, tener un lugar de encuentro de los Responsables de Informática de los municipios de la Provincia de Alicante a través de CIALPA (Comité de Informáticos de la Administración Local de la Provincia de Alicante).

Así Infocaldero se presenta en la actualidad como una Comunidad Virtual de informáticos de la Administración Local, donde se puede impulsar y consensuar temas de interés general para el colectivo, bajo el amparo de la Diputación Provincial de Alicante.

A la edición de este año acudieron alrededor de 60 Técnicos de la Administración y unas 45 empresas que ofertan o sirven soluciones informáticas para la gestión de las administraciones.