Los amigos de Alperi le quitan de encima una deuda de 900.000 euros

El desembolso pudo producirse en pleno clímax del ‘amaño’ del PGOU de Alicante

14078291653372El caso Brugal, o la presunta maniobra de Sonia Castedo para servir Alicante en bandeja a su empresario amigo Enrique Ortiz, se está revelando como una causa tan compleja como poliédrica. Así al menos lo atestigua el trabajo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, que no cesa en la confección de informes para nutrir el proceso. El último de ellos, y más reciente, pivota en torno al ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y sus difíciles relaciones con el Fisco.

Así, el mentor de Castedo es el epicentro del nuevo dossier que están diseñando los agentes. Los investigadores quieren determinar la manera en la que pudieron pagarse algunas deudas que el ex primer edil había contraído con la Agencia Tributaria; unas deudas por las que, en un proceso paralelo que se siguió en el Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJCV), se le ha abierto juicio oral junto a otros empresarios.

En concreto, la Unidad de Blanqueo de la Policía se centra en estos momentos en el pago de un importe pendiente de 900.000 euros que Díaz Alperi tenía con la Agencia Tributaria derivado del catamarán que adquirió, el Akra Uno, cuya propiedad ostentaba la mercantil Andarx Business SL, de la que es el administrador único y que tiene como accionista a su amigo el promotor y ex presidente del Alicante CF Antonio Solana. Por este asunto, el Alto Tribunal autonómico ha enseñado a ambos el camino del banquillo.

Las pesquisas con las que trabajan los agentes giran en torno a una empresa, Taller de Contabilidad SL, que pudo satisfacer esa cantidad justo en la época en la que se estaba tramitando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, según se desprende de la investigación. Fue una época con muchas sombras y pocas luces para Alicante, a la vista de las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía que presentan a una ciudad en manos del constructor preferido de la alcaldesa y que hacía y deshacía con su beneplácito y con el de Alperi.

La Udef, según fuentes de toda solvencia, está peinando todas las sociedades vinculadas al ex primer edil de Alicante a través de las cuales, supuestamente, pudieron liquidarse sus deudas con Hacienda. Y esto también entronca con el caso Brugal porque, como ha quedado patente, las distintas investigaciones sobre corrupción que se siguen en los tribunales valencianos casi siempre tienen puntos convergentes.

Esta nueva documentación que ultima la Policía quedará, pues, bajo el paraguas del proceso en el que se investigan los pormenores del amaño urbanístico de la ciudad. El dossier no es el único que se incorporará a esta causa, en la que Castedo, Alperi y Ortiz permanecen imputados por los delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal todavía tiene pendientes tres más de suma importancia para el avance de las pesquisas que instruye el magistrado Manrique Tejada.

Hay un documento, que está confeccionando la Policía, que resulta decisivo. Lo pidió Juan Climent -el juez que le tomó el pulso a Brugal cuando Castedo y Alperi todavía eran aforados y el asunto estaba en el TSJCV-, pero todavía no está terminado. Se trata de un dossier que indaga en el presunto pago de cantidades de dinero por parte del constructor al ex alcalde, y que él disfrazó con «bocadillos», según las conversaciones del sumario incorporadas a la causa. La suma ascendería a 140.000 euros.

Hay otros dos en vías de concluir, y también son clave. Uno se centra en el patrimonio de Díaz Alperi, y el otro hace referencia al informe sobre el registro en la oficina, la casa y el barco de Enrique Ortiz, un registro que se produjo en el año 2010. Todavía no están presentados.

Su llegada supondrá un punto de inflexión para la investigación, pero todo apunta a que tardarán. La ausencia de esta documentación es una zancadilla más al avance de una causa que los imputados siempre han pretendido frenar a base de recursos para después, a micrófono abierto, presentarse como víctimas de un sistema judicial lento. El hecho de que Castedo y Alperi dejaran de ser aforados también retrasará la investigación.

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About: Juan Guill

Fundador y administrador de Radio El Campello.

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