LA SUSTANCIA DE LA DEMOCRACIA

OPINIÓN—ÁNGEL SÁNCHEZ–

«La fuerza siempre está de parte de los gobernados». Estas palabras de Hume resume un sentimiento, una necesidad que se exige a la democracia. Pero ésta palabra tan repetida como recurso o argumento para exigir o reivindicar la legitimidad de las decisiones políticas ha concitado diferencias y discrepancias acentuadas por el incremento de las desigualdades y pobreza, presentándola como un instrumento inútil para garantizar la igualdad y la justicia.

Mandar significa movilizar recursos ( impuestos), y esa movilización requiere un consentimiento. El ejercicio del poder, como afirmó Weber, conlleva fuerza o persuasión, y no existe dominación sin consentimiento. La veracidad de la frase de Abraham Lincoln, en su famoso discurso de Gettysburg ( «la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo) ha perdido veracidad a lo largo de la historia y con el desarrollo de la democracia se ha «abandonado la idea de que el pueblo gobierna, asumiendo que, mediante la movilización el pueblo apoya o se opone a los gobiernos» (W.Lippman,1925).

La opinión pública, ese recurrido término, difuso e inconcreto, ha tomado cuerpo tras el estallido de la crisis financiera, cuestionando el sentido mismo de la democracia representativa por considerar que se ha reducido a un mero proceso formal de selección de «élites». Una parte de la sociedad exige una revisión a fondo del paradigma de la democracia liberal y una recuperación sustancial que recupere derechos económicos y sociales como fundamento y esencia del autogobierno moral. El sistema democrático liberal-representativo con componentes de republicanismo solo en el ámbito normativo ( una supuesta ciudadanía más activa con una ampliación de la participación y una cobertura de las necesidades básicas y otros derechos sociales y culturales cuya pretensión en origen tenía como objetivo la amortiguación de las diferencias de clase) es un mero recurso discursivo pero no un componente del sistema. Las deficiencias de la democracia representativa derivan de que el puro enfrentamiento de intereses privados limita la representación de los más desfavorecidos propiciando una atrofia del control popular, la perpetuación de estructuras de privilegios y el imposible intercambio de papeles entre representantes y representados.

Se exige una mayor participación pero la realidad es que ésta exigencia ciudadana no es generalizada : la sociedad civil es una realidad desestructurada por un sistema que ha «impuesto» un sistema de agregados sociales como forma de mayor y mejor control: los grupos sociales están siendo sustituidos y la opinión pública agregada se limita únicamente a las convocatorias electorales, único instrumento admitido por una estructura, todavía, eminentemente elitista, cuyo pragmatismo centra la relevancia en la traducción de la opinión pública en votos. Pero ésta ucronía ( visión apocalíptica del futuro) parecía tener una solución: las alternativas del cambio.

En el ámbito estatal surgieron voces que reclamaban otra política para otro sistema. Y éstas voces fueron recogidas, de forma práctica o retórica por algunos y combatida como claramente disfuncional por otros. Los que asumieron las reclamaciones sociales pusieron en practica unos mínimos principios de democracia directa que, pasado el tiempo les dejó de ser útil. En casos muy cercanos, la adaptación funcional al medio que venían a «cambiar» ha desdibujado los objetivos, convirtiéndolos en meros relatos simbólicos sin que hayan existido aplicaciones directas mediante políticas públicas concretas. El compromiso de «mejorar» la democracia ha dejado paso, de nuevo, a la «eficacia» en la gestión: la administración municipal sigue pudiendo ser definida como una administración de corte tradicional escondiéndose tras el difuso término de «interés general». La esperanza en un cambio se ha paralizado a causa de la limitación «weberiana»: la política y la administración siguen siendo espacios separados, quedando al «margen» de la política de cualquier cambio la estructura burocrática, algo consustancial al cambio preconizado por suponer la administración al servicio de la ciudadanía y no como parece ocurrir en la actualidad.

Por otro lado, es necesario incluir en éste contexto una cultura política donde la actitud que prima es la de una ciudadanía mayoritariamente pasiva, mera receptora de servicios, donde la opinión pública queda restringida al ámbito discursivo ( privado), algo que beneficia a la aparentemente perenne estructura elitista.

La superación de la creencia de que a política es cosa de «políticos» es una premisa en un necesario proceso de resocialización política donde los partidos y organizaciones políticas sean el motor de un cambio que la sociedad espera y necesita por una cuestión meramente vital: su supervivencia como sociedad colectiva donde la deliberación conjugue intereses colectivos con individuales sin negar conflictos, pero apelando al consenso social en torno a ese viejo pero necesario principio de a política: el bien común.

El análisis de lo que pasa o debería pasar debe partir de un marco conceptual, pues de lo contrario se continuará ignorando e incluso despreciando las opiniones contrarias suscribiendo solos las coincidentes, en una clara patología social que seguirá propiciando redes clientelares y sectarias que vacían de contenido sustancial un sistema que, incluso en lo más cercano, debe garantizar derechos sociales y libertades políticas, sin limitar la democracia a los rituales cuatrianuales.

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About: Juan Guill

Fundador y administrador de Radio El Campello.

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