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La Generalitat admite que no puede ‘parar’ la llegada de Ikea a Alicante

La consellera Bonig tendrá que decidir si aprueba la ATE pese a las escuchas de ‘Brugal’

14073116041261La Generalitat no puede «hacer nada» para frenar la implantación de Ikea con macrocentro comercial en Alicante, al menos utilizando argumentos estrictamente económicos. El impacto que la zona de 400.000 metros cuadrados tendrá sobre el comercio urbano de la ciudad no puede utilizarse en su contra. El conseller de Comercio, Máximo Buch, explicó ayer a los representantes de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), que la directiva de servicios europea impide a la Administración pública frenar un proyecto en función del impacto que tenga en sus rivales porque «iría en contra de la libre competencia», explicaron fuentes cercanas al conseller.

Los comerciantes, que sí se muestran a favor de la implantación de la tienda de Ikea en Alicante, consideran que la zona comercial anexa provocará un desplazamiento del consumo del centro de la ciudad hacia la periferia, lo que puede destruir miles de puestos de trabajo del comercio tradicional. Pese a que el debate sobre la implantación de Ikea se remonta al año 2009, ninguna administración o entidad ha elaborado un informe para cuantificar este impacto.

Sin embargo, el proyecto sí puede ser matizado por parámetros urbanísticos o mediambientales, como reconoció el conseller. Por eso Facpyme entregó a Buch el estudio elaborado por el profesor de la Universidad de Alicante (UA),Armando Ortuño, sobre el impacto que tendría el proyecto de Ikea en el tráfico de la zona de la niversisdad. Este informe concluye que la macrozona comercial generará «entre 350 y 400 horas» de retenciones en la A-70, lo que supondría el «colpaso» de la autovía del Mediterráneo a su paso por la ciudad.

El estudio de la UA se realizó a petición del Colectivo de Comerciantes por Alicante y se entregó en el periodo de alegaciones a la modificación puntual del Plan rabasa que permitiría la llegada de Ikea. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad tumbó con cuatro sentencias el plan urbanístico donde iba a encajarse Ikea, pero la empresa promotora -vinculada al jefe de Brugal, Enrique Ortiz- pidió su tramitación como Actuación Territorial Estratégica (ATE). Este instrumento urbanístico exprés, exclusivo de la Comunidad Valenciana, se gestiona desde la Conselleria de Infraestructuras, que es quien tiene que dar el visto bueno al proyecto y pasar a la fase de exposición al público. Facpyme reiteró ayer que presentará alegaciones.

El otro gran dilema al que se enfrenta el Gobierno valenciano con la ATE de Ikea es el pelotazo urbanístico de Ortiz. Las escuchas incorporadas al caso Rabasa, publicadas por EL MUNDO, demuestran que el promotor gestionada directamente con la edil de Urbanismo y alcaldesa, Sonia Castedo, los intereses de la firma del mueble en la ciudad. De la batería de pinchazos destacan los protagonizados por Ortiz y una de las jefas de Urbanismo, Isabel Campos, en los que se desliza que el empresario pudo incluso elaborar algunos documentos municipales. También aparecen en las escuchas el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus. Tanto Campos como Sanus siguen hoy en la Concejalía de Urbanismo.

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About: Juan Guill

Fundador y administrador de Radio El Campello.

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