Ángel Sánchez
Opinión: ¿UN MODELO DE GESTIÓN O UN MODELO DE SOCIEDAD?
La piscina municipal (porque lo pone en el cartel de la fachada) y las pistas anexas ( porque se ven desde la valla) llevan finalizadas hace años. Y sí; de forma incomprensible siguen cerradas. Y, sí; se paga un mantenimiento mensualmente pese a que sigue cerradas. Pero, ¿la ciudadanía campellera «demanda de forma tumultuosa que la instalación se abra?. Con toda sinceridad, a parte del «medio centenar» de vecinos y vecinas ( número de participantes en la concentración que señala el periódico Información) no he visto a los vecinos y vecinas exigir la apertura, si exceptuamos lo que en redes sociales se dice.
La obra, que ha pasado por diferentes vicisitudes (paralización de la obra, readjudicación, etc) se convirtió en «maldita» la pasada legislatura cuando el gobierno de coalición presidido por Compromís decidió asumir como bueno el criterio de privatización. Y la maldición se trasladó al procedimiento, quedando anulado por los tribunales tras una sucesión de despropósitos, empezando por el informe económico financiero sobre el que se apoyaba el proceso de privatización. Bueno, la cuestión no son los aplazamientos, las vicisitudes burocráticas o que se estén pagando aproximadamente cinco mil euros por el mantenimiento de una instalación cerrada. En mi opinión la cuestión es la decisión que tomó el gobierno de coalición (Compromís, Grupo Socialista y Podemos): la gestión sería privada, o no sería.
La ideología neoliberal ha impregnado profundamente la gestión pública. Los servicios son concebidos como productos y la ciudadanía como consumidores. La Nueva Gestión Pública, paradigma, en principio modernizador, ha servido como «excusa» para avanzar en un proceso de privatización en la gestión de servicios bajo la premisa ( en mi opinión, perversa e impuesta)de la eficiencia económica como eje, aunque realmente lo que oculta es el intento de mercantilizar las relaciones entre administración y administrados, sustituyendo el concepto mismo de ciudadanía por el de cliente o consumidor. Y ésto es lo que subyace tras la piscina: un modelo ideológico, por otro lado, aparentemente aceptado por una cada día más apática e individualista ciudadanía ,más cercana al concepto de Asociación que al de Comunidad (F.Töonies: Asociación y Comunidad).
Y la gravedad, no estriba en que la derecha en el poder quiera imponer un formato ideológico en la gestión de los servicios, sino que la izquierda, la que sobre el papel estaría llamada a plantear alternativas viables para acercar la administración ( y los servicios, como parte que afecta colectiva y no individualmente a la gente que vivimos en el mismo municipio) a la ciudadanía. La izquierda local ( a excepción de Esquerra Unida, que defiende la gestión directa) ha aceptado la privatización como «única» solución, pero existen otras vías que plantea una profunda diferencia conceptual e ideológica entorno a la definición de ciudadano y a la fuente de la que emana su posición y relación respecto a las instituciones: el Nuevo Servicio Público ( Denhart y Denhart 2011).
La izquierda local, asumiendo el neoliberalismo como paradigma de gestión renuncia a explorar otras vías como la expuesta (de Nueva Gestión Pública al Nuevo Servicio Público). De nada sirve la retórica política si ésta no se concreta en propuestas que la ciudadanía pueda contrastar. El modelo planteado teoricamente por Denhart y Denhart se fundamenta, como decía en un concepto de ciudadanía que la acerque a la política como actor protagonista y no sólo como «consumidor» de servicios. La teoría del Nuevo Servicio Público propone que los representantes públicos deben desempeñar un triple papel: a) agentes impulsores de la participación (regulan e incentivan); b) agentes facilitadores que asisten a los ciudadanos en el examen de sus intereses y en su aprendizaje social; c) participantes cooperativos que trabajan conjuntamente con los ciudadanos para alcanzar acuerdos que son el fruto de un proceso abierto de deliberación (Denhardt y Denhardt, 2003). La apuesta se concreta en un modelo participativo asentado en un gobierno dinamizador y cooperativo, y en unos ciudadanos democráticamente activos con la comunidad a la que pertenecen y en que se destacan como los actores protagonistas en las redes o las estructuras colaborativas (Gema Pastor, 2013).
Por último, señalar que la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de noviembre, `pese a su carácter «constreñidor» de la gestión municipal, apunta vías posibles para la superación de la mercantilización en beneficio de la socialización de los servicios a la ciudadanía, fomentando, por ejemplo, la participación de pequeñas empresas y cooperativas en la gestión de servicios.
En resumen: dos modelos, no sólo de gestión, sino de sociedad y ciudadanía.
