Angel Sánchez
Opinión sobre: La administración como problema.
El discurso político acostumbra a considerar de forma tácita que la ciudadanía es simplemente un grupo de inexpertos consumidores de servicios a los que pueden valer las justificaciones y, por lo tanto, para quien las explicaciones ( la rendición de cuentas) no son necesarias. Decía Albert Hirschman, que una democracia consigue legitimidad cuando las decisiones que se adoptan emanan de una completa y abierta deliberación entre sus grupos, órganos y representantes, algo que suena casi a broma si miramos la relación entre la ciudadanía y la administración local. De ahí que una gran parte de la ciudadanía se haya vuelto escéptica e relación con la actividad política, asumiendo el sistema de representación política como una “carga” más que ha de sobrellevarse.
El utilitarismo de la política; el ejercicio reduccionista de limitar la democracia al mero ejercicio de seleccionar dirigentes cada cierto período de tiempo, no solo pervierte la relación entre la ciudadanía y los representantes políticos, sino que profundiza en al paradigma que parece seguir dominando en gran medida la actividad de la administración: la ciudadanía rebajada al rol de consumidor de servicios. Y ahí, los movimientos políticos que pretendieron representar a una mayoría, han fallado estrepitosamente, convirtiéndose en una mala copia de los genuinos representantes de la gestión neoliberal en el ámbito local.
Personalmente, he intentado catalogar a la administración local en función de los rasgos conocidos y los marcos conceptuales que en la ciencia política se utilizan para el análisis. ¿Es una administración discrecional y por lo tanto tiene rasgos de la antigua administración?. No, porque el desarrollo del proceso de modernización que disfrutó nuestra administración local bajo la dirección del nunca suficiente valorado y, por lo tanto, añorado Secretario municipal, D. Vicente Boix, situó una administración con pocos recursos, pocos profesionales y procedimientos no reglados en una administración moderna. ¿Correspondería por lo tanto encuadrar nuestra administración en el nivel de la administración tradicional racional-burocrática?. Evidentemente las normas y procedimientos reglados, la organización jerarquizada y la, en principio indiscrecionalidad, la situarían en ese estadio pero, ¿no existen rasgos o elementos que correspondan a ese nuevo paradigma que supuso la Nueva Gestión Pública?. Si. Los intentos ( solo intentos )de establecer vías de participación ciudadana ( en el período de 1991 a 1995 se pusieron en marcha los consejos sectoriales de deportes, cultura, juventud y turismo), junto con la externalización de servicios coinciden en parte con el paradigma neoliberal cuyo objetivo era ( y es) que la administración funcionase bajo criterios importados del mundo de la empresa, cuestión ésta que sería motivo de otro debate. Entonces, ¿donde encuadrar a nuestra administración?. A caballo entre la Administración burcrática y la nueva gestión, quizá. ¿Y ésto que significa?. Pues que, a pesar de la coincidencia en la existencia de rigidez de los procesos administrativos y la jerarquización burocrática, a pesar del uso de técnicas provenientes del mercado, si por algo podría definirse hoy nuestra administración es por ser un entramado difícilmente analizable. Y, ¿porqué esa casi obsesión por analizar y encuadrar?. Simplemente para entender: qué procesos, cómo se implementan, cual es la organización y porqué para poder valorar posibles mejoras no solo en la prestación de los servicios, sino en la forma en la que se toman las decisiones, por quién y para quién.
¿Y todo ese rollo, porqué? La administración, en mi opinión, se ha convertido en un problema para la propia administración. Es una administración burocrática que vive de espaldas a la ciudadanía y que, como una administración racional-burocrática, no mira a los ojos de la ciudadanía, y además de eso, vive bordeado la legislación vigente, cuando no vulnerándola abiertamente, extremo que, pese a la condescendencia (complicidad, más bien) del actual gobierno con los responsables, cuestan miles o millones de euros a la ciudadanía, miles y millones de euros que deberían (que tendrían que) dedicarse a mejorar la vida de la ciudadanía. Casos como las indemnizaciones por incumplimientos legales para con los trabajadores públicos ( caso del 1%), como los del “olvido” en el pago de la seguridad social ( que acarreó una importante sanción), como los del informe encargado extraoficialmente por un concejal, como las indemnizaciones millonarias a empresas , como la anulación del Plan de Ordenación urbana, etc. Y todo ello, aderezado con un incremento exponencial desde 2007 de la partida de productividad y servicios extraordinarios que éste gobierno debería haber parado ya ( ¿solución a través de una RPT?,¿cómo?,¿consolidando productividades que vulneran la ley?).
El gobierno de coalición ha profundizado la brecha entre administración y administrado que abrió el pp y que durante veinte años ha convertido una administración en camino de la modernidad en un entramado de intereses difícilmente explicable, y no digamos ya justificable. Y si: fue el PP el que remodeló la administración que el Secretario Vicent Boix tanto empeño puso en modernizar, poniéndola a su servicio y poniendo a la estructura política al servicio de determinados grupos internos de presión. Lo sorprendente y profundamente frustrante es que conocimiento grupos políticos el grave problema de la administración, su desorganización operativa y salarial, no se empeñasen en ordenarla y ponerla al servicio de la ciudadanía. Personalmente, de nada me sirven las empalagosas declaraciones de estar “al servicio del pueblo” cuando la realidad es que es al contrario: el pueblo está al servicio de la administración priorizando el ese statu quo como área de confort de la clase política local.
Creo que ésta legislatura ha fracasado por varias cuestiones, pero uno, sin lugar a dudas es el secuestro de la voluntad política por lobbies internos cuya única preocupación es mantener el statu quo, dándole la espalda a esa promesa que todos y todas hicimos cuando tomamos posesión, incluidos los cargos públicos: cumplir el cargo, respetando las leyes. La cuestión, que he repetido en diferentes ocasiones se refiere a la legitimidad: ¿con qué legitimidad se exige el cumplimiento de la ley, si aparentemente el objetivo de la administración en bordearla en función objetivos inconfesables?.
La administración tiene un problema: la propia administración. Y urge, tanto una concienciación política como ciudadana, porque al fin y a la postre, la administración existe porque existe una ciudadanía que administrar y, no nos olvidemos: representar.
